Abordar el tema de los subsidios económicos no se agota exclusivamente en su costo fiscal y en el impacto sobre los presupuestos familiares. También son relevantes los malos incentivos que generan, como el exceso en el consumo y las ineficiencias y falta de inversión en las empresas que reciben dichos subsidios.
Si bien nuestro país sufre un desequilibrio estructural entre ingresos y gastos de larga data, en la actualidad el factor más decisivo son los subsidios a los servicios públicos, conduciendo a los excesos de emisión que genera el déficit fiscal. En efecto, en el primer trimestre de 2022 subieron 180% interanual.
Por ende, actualizar las tarifas resulta inexorable. No sólo resultan insostenibles desde el punto de vista fiscal, además generan enormes daños por los incentivos.
- Por un lado, exacerban el derroche en el consumo
- Por el otro, deterioran la calidad de la gestión de las empresas proveedoras de los servicios subsidiados
Cuando las empresas dejan de cobrar por sus servicios en función de sus costos y pasan a depender de los subsidios, los incentivos están más orientados a lidiar con la arbitrariedad que a satisfacer el bienestar de los consumidores. Para ponerlo en perspectiva, tomando datos del Ministerio de Economía sobre valor bruto de la producción y del Indec sobre fuentes de generación de ingresos, se puede estimar la parte de la facturación que las empresas de energía eléctrica, gas y agua reciben como pago de los usuarios y la que reciben como subsidios.
Según estos datos, para el 2021, el 54% de la facturación proviene del pago de los usuarios y el otro 46% de la facturación proviene de los subsidios. En otras palabras, esto significa que prácticamente la mitad de los ingresos de las empresas de electricidad, gas y agua provienen de los subsidios.
Por esto, la idea de mejorar la situación fiscal con aumentos de tarifas resulta un gran desafío. Actualizar tarifarias implica romper la costumbre de pagar solo la mitad del servicio y de empresas que cubren la mitad de sus costos con subsidios. Estas malas señales seguramente han llevado al arraigo de malas prácticas de consumo. Y de gestión, también, que es imprescindible revertir.
Una alta tasa de inflación producto de los excesos de emisión es la señal más fuerte de que la política tarifaria que se vino aplicando en los últimos años es insostenible. El desafío no solo es fiscal sino también está en impulsar cambios que induzcan un consumo menos dispendioso y de acciones en el interior del sector tendientes a mejorar la gestión. El desorden que generan los subsidios se sacrifica con la inversión y la eficiencia.
Se asigna aproximadamente 3,5% del PIB a subsidios a sectores económicos, cerca de la mitad se destina a combustibles, electricidad, gas y agua. Pero se trata de servicios donde el uso de fondos públicos sólo se justifica para garantizar el acceso a consumos mínimos de los sectores vulnerables. En el resto de los hogares, promover el consumo subsidiando el costo no tiene sentido. Aunque el caso del transporte es diferente, ya que puede haber un interés social en desincentivar la movilidad en vehículos particulares. Pero solo se destina 20% del total de los subsidios y arbitrariamente se concentran en AMBA.
Cuando se llega a situaciones extremas en que las empresas proveedoras de servicios públicos tienen la mitad de sus ingresos subsidiados, los riesgos de una disrupción son muy altos. No solo porque resultan fiscalmente insostenibles y regresivos para la distribución del ingreso, sino también porque inducen conductas que generan perjuicios entre los consumidores y las empresas. Cambiar estas conductas costará mucho tiempo y esfuerzo. Y ahí está el gran desafío.
