El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda por US$ 45.000 millones que tendrá media sanción en Diputados y el Gobierno espera sancionar en el Senado lo más pronto posible, está siendo condicionado por el contexto internacional. Un acuerdo que nacerá, cuanto menos, complicado.
En particular, la disparada de los precios internacionales de la energía complica la reducción del 0,6% del PIB en subsidios a las tarifas que plantea para este año el Memorando de políticas económicas y financieras.
“Nuestro escenario base está sujeto a importantes incertidumbres, lo que implica que es posible que las políticas tengan que recalibrarse según corresponda”, explica el documento que se acordó con el organismo multilateral. Lo cierto es que esta salvedad no estaba contemplada en los borradores que circulaban antes de la invasión rusa en Ucrania.
En ese sentido, se detalla que no se puede descartar una mayor “reintensificación de la pandemia, con el potencial riesgo de circulación de nuevas variantes del virus, eventuales medidas restrictivas y perturbaciones del comercio”. Además, el documento señala que la intensificación de la guerra en Europa del este “ha aumentado significativamente la incertidumbre alrededor de nuestro escenario base, especialmente para los subsidios de energía”.
Una definición similar dejó el ministro de Economía, Martín Guzmán, durante su intervención en el Cera Week en Houston, el mayor evento del sector hidrocarburífero a nivel global. Allí analizó que lo que está pasando a nivel geopolítico "está provocando un shock de términos de intercambio positivo, en el sentido de que las commodities que exporta Argentina aumentaron sus precios relativos", tal el caso de la soja, el trigo, el maíz, lo que "es bueno para la estabilidad de la balanza de pagos, pero también ejerce presión sobre la inflación", señaló.
“Impacto negativo”
"Es un shock que tiene consecuencias distributivas que son bastante delicadas y necesitan ser abordadas", afirmó el ministro, quien reconoció que la evolución de la situación energética mundial a la Argentina la golpea en el corto plazo "a través del aumento en el precio del gas, con lo que eso significa para las importaciones y para la balanza comercial".
En un reporte reciente, Adcap afirmó que “el ahorro fiscal en subsidios proyectado de 0,6% del PIB es fundamental para lograr el objetivo de equilibrio fiscal”. Según consideraron, el riesgo de mayores precios de combustibles para la generación de energía y la suba del tipo de cambio incrementarán los costos de generación.
Estos cambios no fueron considerados en los ajustes que se han anunciado hasta ahora.
La guerra en Ucrania aumentó significativamente los precios de la energía y, por lo tanto, pone en peligro el ahorro en subsidios que la nueva estructura tarifaria se supone que debe obtener. En el trabajo de Adcap analizaron la suba general de las materias primas y definieron que el impacto neto para la cuenta corriente de nuestro país será “negativo”.
Si bien todavía persiste un alto nivel de incertidumbre y fluctuaciones sobre los precios, vale la pena los ejercicios de simulación de los analistas, ya que en mayor o menor medida los costos para Argentina seguirán en alza. El Gas Natural Licuado, que nuestro país importa para generar energía, es un ejemplo claro.
Tal como explicó Adcap, si el GNL cuesta US$ 30 por M de BTU, Argentina tendría que destinar US$ 4.877 millones para importar los mismos envíos que costaron US$ 1.100 millones el año pasado. “Por cada suba adicional de US$ 10, la factura sube US$ 1.626 millones”, advierte. Por caso, el 7 de marzo el precio del gas tocó US$ 100 por millón de BTU.
En este marco, la Secretaría de Energía había calculado para este año un precio medio del GNL en US$ 25 el millón de BTU. El precio actual del GNL es casi cinco veces más caro que el abonado el pasado invierno. Según datos oficiales, en 2021 el gobierno adquirió 56 barcos de GNL a un valor de US$ 8,33 el millón de BTU. Para peor, Energía todavía no adquirió los barcos que se necesitan para este invierno.
Segmentación insuficiente
El año pasado, las tarifas permanecieron prácticamente congeladas en una pulseada que perdió el ministro de Economía con el ala kirchnerista de la coalición. El conflicto en Ucrania se sumó a la disparada en el precio del GNL con el que se produce energía en Argentina y dio por tierra el plan del 20% de aumento general con quita de subsidios al 10% de mayores ingresos.
En ese marco, el FMI pedía un incremento general del 60%, mayor a la inflación prevista por las consultoras para todo el año en torno al 50%. Guzmán hizo equilibrio entre lo que pedía el organismo y lo que pretendían sus funcionarios “rebeldes” y finalmente pactó una segmentación en tres niveles en base al coeficiente de variación salarial de 2021.
En 2021 el CVS subió 53,4%. Por lo tanto, para los que tengan tarifa social la suba será del 21,36% y para el resto será del 43%, poco más del doble de lo previsto originalmente. Este último segmento no es menor, ya que representa cerca de 10 millones de familias, según los cálculos del economista en jefe del Instituto de Energía General Mosconi, Alejandro Einstoss.
En tanto, para el 10% de mayor poder adquisitivo que deberá afrontar un incremento del 200% en su factura debido a la quita total de subsidios. Esto significa que se triplicarán las boletas para ese segmento poblacional que, si pagaba $2.000 de luz o gas, podrían pagar $6.000 a finales del 2022.
“Si se comienza la audiencia pública a finales de abril, como está previsto, recién los cuadros tarifarios estarán listos en mayo por lo que en julio recién se haría efectivo la segmentación. Medio año sin modificaciones que se traducirán en un mayor gasto en subsidios”, explicó el Einstoss.
Por último, el economista proyectó que el gasto en subsidiar las tarifas seguirá previsto en US$ 15.000 millones para 2022. Vale recordar que el año pasado esas erogaciones representaron US$ 11.000 millones.
