Por Nicolás Solari Director de Real Time Data (RTD)
¿Está en peligro la democracia en Latinoamérica? ¿Hay riesgo de que la región sufra una reversión autoritaria como la que padece Venezuela? ¿Existe una lógica común que conecte las masivas movilizaciones que acontecieron a fines de 2019 en Ecuador, Colombia y Chile con las derrotas del oficialismo en las elecciones presidenciales de Uruguay y Argentina y el desplazamiento de Evo Morales en Bolivia? ¿Por qué la disolución del parlamento peruano pasó más o menos inadvertida en la agenda política de la región? ¿Puede la liberación de Lula exacerbar la política brasileña hasta poner en jaque la presidencia de Jair Bolsonaro?
Tal vez como nunca antes, 2020 se insinúa como un año cargado de incertidumbre para el futuro de las democracias latinoamericanas. De todos modos, la innegable efervescencia política y social que atraviesa el continente está lejos de ser un fenómeno regional o acaso inesperado. Larry Diamond, considerado por muchos como el principal especialista del mundo en el estudio global de la democracia, sostiene que desde hace años el planeta se encuentra en una etapa de recesión democrática.
Siguiendo la célebre clasificación de Samuel Huntington, Diamond afirma que la tercera ola democratizadora (que tuvo epicentro con el colapso de la Unión Soviética) se apagó a mediados de la primera década del Siglo XXI. Desde entonces, Diamond observa un paulatino retroceso de los índices de calidad democrática. Entre las razones del declive, el especialista señala factores económicos, como el aumento de la pobreza, la desigualdad y la inestabilidad de los ingresos familiares; factores sociales, como la desilusión democrática, la desconfianza en las instituciones públicas y la polarización; factores instituciones, como el debilitamiento del imperio de la ley y la concentración de recursos en el poder ejecutivo; y factores trasnacionales, como la creciente influencia de los regímenes antidemocráticos de China y Rusia y el repliegue de los esfuerzos democratizadores de las potencias occidentales.
En una línea complementaria, los politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt sostienen en su libro “How Democracies Die” que el debilitamiento de las democracias, y su eventual defunción, no sigue ya la lógica del golpe de Estado convencional. En la actualidad las democracias se debilitan o mueren como resultado de la degradación institucional perpetrada desde la misma cúspide del poder político, dicen los autores. De forma incremental, gobernantes legalmente electos van modificando las normas democráticas y electorales en su favor; socavando la legitimidad de sus adversarios; tolerando o incentivando el uso de la violencia y cercenando derechos fundamentales para la democracia como la libertad de prensa o de expresión. Como corolario, la democracia se degrada a lo que la ciencia política denomina “autoritarismo competitivo”, un régimen híbrido en el que pese a que se celebran elecciones, las prácticas y arreglos institucionales perjudican a la oposición, anulando o minimizando su posibilidad de acceder al poder.
El decálogo de Diamond para identificar los programas de los autócratas que amenazan la democracia suena peligrosamente familiar en los que siguen con atención la política regional.
1- Demonizar la oposición.
2- Socavar la independencia judicial.
3- Socavar la independencia de los medios.
4- Hegemonizar los medios de comunicación públicos.
5- Limitar la libre utilización de Internet y las redes sociales.
6- Manipular universidades, thinktanks y otros organismos de la sociedad civil.
7- Intimidar al empresariado independiente.
8- Propiciar una burguesía pro-oficialista con negocios públicos.
9- Controlar políticamente la burocracia estatal.
10- Manipular las leyes electorales y sus órganos de control.
Son todas pretensiones crecientemente comunes entre los gobiernos de la región.
Tanto para Diamond como para Levitsky y Ziblatt, la polarización social cumple un rol central en la pauperización de la democracia en tanto que neutraliza dos salvaguardas clave del funcionamiento democrático: el recíproco reconocimiento de los partidos como actores legítimos del sistema y su autocontrol (“institutional forbearance”) para no quebrar el espíritu de las normas, aun cuando la letra escrita de la ley no lo prohibiese.
En efecto, la polarización es un problema creciente de la democracia contemporánea que está íntimamente relacionado con dos procesos relativamente nuevos: la desilusión democrática, producto de la creciente brecha entre expectativas y resultados, y la fragmentación de la esfera de la comunicación pública, como consecuencia de la multiplicación de los medios de comunicación y la emergencia de las redes sociales.
El desencanto democrático produce un tipo de ciudadano irascible y desarticulado, propenso a ser seducido con argumentos maniqueos, antisistémicos y demagógicos. Las redes sociales y la segmentación de los canales de comunicación, por su parte, terminan fungiendo como una caja de resonancia de las propias posiciones. De este modo, los ciudadanos se repliegan del debate real y se refugian en sus círculos de opinión. La cuestión es central, porque como sostiene la teoría deliberativa del politólogo James Fishkin, la empatía generada en los intercambios cara a cara permite acercar posiciones y generar consensos, mientras que la ausencia de la interacción personal y su desplazamiento hacia las redes favorece la polarización de posiciones.
A nivel partidario, la polarización se produce cuando los partidos representan sets exhaustivos de posiciones antagónicas. Levitsky y Ziblatt sostienen que la polarización de la política norteamericana se aceleró en la década del '60, cuando con la aprobación el acta de los derechos civiles puso punto final a la superposición parcial que había existido entre facciones republicanas y demócratas sobre la cuestión racial. De allí en más, el partido demócrata sería el representante de los derechos civiles y las minorías y los republicanos personificarían el statuquismo blanco. Así, cuando la identidad políticopartidaria coincidió plenamente con orientaciones ideológicas contrapuestas, los partidos perdieron las superposiciones que propiciaban el diálogo y la flexibilidad en otras temáticas de la agenda nacional.
La cuestión de las identidades políticoideológicas se puede trasladar a Latinoamérica. En Argentina, por ejemplo, la polarización parece haberse exacerbado desde que el peronismo y el radicalismo dejaron de ser partidos “catch-all” (atrapa todo) para transformarse en coaliciones cada vez más ideologizadas.
El panperonismo fue arrastrado por la mirada Estadocéntrica y populista del kirchnerismo y el no peronismo se encolumnó tras la visión pro-mercado del macrismo. La agenda político-ideológica de ambos espacios encuentra cada vez menos puntos de superposición. La excepción sea tal vez la cuestión de la legalización del aborto, que cruza ambos espacios trasversalmente y que logró escenas impensadas en el Congreso argentino como el cerrado aplauso de la bancada kirchnerista a los legisladores macristas que defendieron encendidamente la legalización de la interrupción del embarazo. En este contexto, las tensiones irresueltas de la democracia latinoamericana seguirán siendo en el futuro una fuente permanente de inestabilidad. Los líderes políticos de la región enfrentan un explosivo cóctel que incluye problemas económicos, desencanto democrático, polarización social, capacidad de movilización civil y liderazgos cada vez menos comprometidos con las prácticas democráticas.
En este contexto, con recuperación económica o sin ella, el desafío de las democracias latinoamericanas pasará necesariamente por reducir los altos niveles de polarización que se registran a lo largo y ancho del continente. Para ello, es urgente generar puntos de encuentro entre los partidos políticos, fundamentalmente en lo concerniente al apoyo irrestricto al funcionamiento democrático, la división de poderes y las elecciones libres y trasparentes como único medio de acceso al poder. El riesgo de no consensuar las reglas del juego es ni más ni menos que la reversión autoritaria, el cercenamiento de la libertad y la pérdida masiva de derechos.
