Meritocracia y educación: dos malas palabras en 2020

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Héctor Rubini Héctor Rubini 10-12-2020
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Por Héctor Rubini  Economista Universidad del Salvador (USAL)

Los discursos de altos funcionarios locales contra la “meritocracia” no son un producto nacional. Aparecen en discusiones nada nuevas y que recuerdan las críticas desde hace ya 30-40 años a quienes se daba en llamar “tecnócratas”, inclusive en nuestro país.

Meritocracia es un término para calificar un régimen que tiende a asignar ingresos, bienes económicos y puestos de conducción en bases a los logros, el talento, el esfuerzo, no al origen familiar, la riqueza heredada, o la pertenencia a una “clase” o “casta”. Llama la atención que altos funcionarios hayan criticado tal noción, por cuanto es una de las más coherentes con la movilidad deseable de una sociedad libre. Meritocracia implica asignar posiciones clave para la toma de decisiones a personas probadamente idóneas, y que éxito individual (no sólo el económico) depende del esfuerzo y de los logros alcanzados.

El sistema educativo, guste o no, es la base para una sociedad libre y competitiva. Todo trabajo requiere un mínimo de formación y entrenamiento progresivo y sistemático. Algo que ha permitido a miles de personas desarrollar (y no sólo a través de establecimientos formales, como es el caso de no pocos deportistas) una carrera reconocida y bien recompensada.

La discusión “moderna”, sin embargo, va más allá de si las credenciales del sistema educativo formal están correlacionadas con mejores oportunidades laborales y mejores ingresos. Se focaliza en que la necesidad de “emparejar” oportunidades como un fin en sí mismo, y a limitar o eliminar los incentivos hacia la superación y la mejora permanente. Algo que quita todo sentido al sistema educativo formal, a los estudios universitarios y de posgrado, y a su rol básico de formar personas que piensen, y que estén en condiciones de acceder a oportunidades laborales. De no ser así, el acceso a esas mejores oportunidades estaría limitado por las condiciones naturales innatas, la herencia de fortuna, y contar con familiares o círculos de amigos con privilegios políticos, económicos o de “casta”.

El cuestionamiento a la meritocracia se condenar el sistema capitalista por su fracaso en mejorar la distribución de ingresos y de riqueza. Los críticos a la meritocracia entienden que la economía de mercado no aseguran conducen a mayor equidad distributiva ni proveen real movilidad social. En breve, que el capitalismo no provee oportunidades, y que la educación aporta poco y nada para progresar en la vida. No siempre lo expresan así, pero la idea es esa. El diagnóstico tiene no pocas similitudes con reflexiones y propuestas del filósofo John Rawls en su conocido libro “Teoría de la Justicia”: si el sistema provee igualdad de oportunidades sólo en lo formal, los que quienes provengan de hogares con mayor riqueza, posibilidades de acceso a mejor educación y contactos y relaciones (“networking”), contarán con ventajas y un nivel de vida inalcanzables para el resto.

Según la visión rawlsiana extrema esa diferencia sólo es remediable con políticas intervencionistas del Estado con programas activos (de salud, educación, laborales) para “achicar” esas distancias, “emparejando” las diferencias en el punto de partida. Rawls mismo generó controversias al sostener que el sistema meritocrático haría que “la distribución de la renta y de los patrimonios esté determinada por la distribución natural de capacidades y aptitudes”. Pero corregir eso desde el Estado y con criterios no meritocráticos ni correspondencia entre recompensa y contraprestación, no asegura nada. Quitar a unos y dar a otros puede tener costos intra e intertemporales que deberían evaluarse y cuantificarse mínimamente. Y ni hablar de los impactos ex post sobre los incentivos, tanto para ganadores como para perdedores de redistribuciones “emparejadoras”. El remedio del Estado es entonces instrumento potencialmente necesario para reducir esas brechas, pero tampoco nada garantiza su éxito de antemano. Confiar en que sólo existen “fracasos de mercado” y que nunca hay ni habrá “fracasos del estado” es un simplismo que no resiste ni el más básico análisis.

Algunos aportes recientes han recibido cierta repercusión, como el “The Tyranny of Merit” publicado este año por el filósofo Michael J. Sandel. Su enfoque no se aparta demasiado del de Rawls, aunque el foco es otro: la crítica a la credencial de un título universitario como barrera para acceder a un trabajo y una vida digna. Pero sus argumentos no son convincentes. De hecho no logra responder a algunas preguntas básicas como, por caso, ¿cómo sería en concreto un sistema realmente alternativo? ¿Cuál sería el mecanismo preciso de movilidad social? ¿Evitaría necesariamente el resentimiento, la polarización y la emergencia de populismos como el que según Sandel representan los cuatro años de Donald Trump?

Si se trasplantan estas imprecisiones a países con otras urgencias, el resultado es la instalación de discursos cuyo sentido no es otro que el de sembrar un apreciable manto de duda sobre la utilidad del sistema educativo y, transitivamente, del gasto público en educación. Una suerte de invitación a no superarse, a conformarse con una suerte de mediocridad generalmente aceptada. Como lo señalara Jorge Riaboi en una magistral columna aquí en El Economista el pasado 28 de septiembre: “El tema de fondo (?) es la perversa manipulación de conceptos centrales (?) una conducta que sirve para fulminar la vida democrática y empodera a los chantas y reaccionarios de todo pelaje. Es la que se propone desintegrar los estímulos a la educación (?), algo que implica desalentar cualquier expresión lógica de desarrollo sostenible”.

Ciertamente la meritocracia puede confundirse con privilegiar a quienes tienen credenciales universitarias y nada más. Pero el cuestionamiento en nuestras latitudes implica, tomado literalmente, la legitimación del nepotismo, el amiguismo y la lamentable cultura de la “avivada” que no es exclusivamente argentina, además. El resultado no es otro que el de una creciente desconfianza, y ya no sólo en las instituciones y en las autoridades. Sin una mínima meritocracia, ¿qué sentido tienen los controles de calidad (hasta de productos) y de gestión? Sin criterios meritocráticos de “selección” en base a la capacitación y la formación de capital humano ¿quién podría entonces tener confianza en en un ingeniero, un abogado, en un funcionario público? ¿cómo confiar en una nueva vacuna contra el Covid-19 u otro mal? ¿con qué criterio identificar buena o mala praxis de un médico, o en base a qué separar un buen médico de un vulgar curandero?

La cuestión no es mera superficialidad. La crítica a la meritocracia puede leerse como la expresión contra la falta de movilidad social dentro del capitalismo, pero también como una invitación al abandono del sistema educativo y a la liquidación de la confianza mutua. Dos de los pilares básicos para la recuperación del capital humano y físico, sin los cuales el futuro para países como el nuestro, se perfila como el de un descenso a un escenario de empobrecimiento y conflictividad social nada fáciles de manejar.

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