Paul Tabori (1908-1975) es posiblemente el economista más leído del mundo por aquellos lectores cuya intención no ha sido la de acercarse a la lectura de un tratado de economía o cosa parecida.
Ingresó al salón de la fama de la literatura popular por su obra más conocida, "Historia de la estupidez humana", un compendio cuyo mayor mérito es haber reunido en un solo texto un increíble número de estupideces que el ser humano fue capaz de pensar y ejecutar en su breve paso por este mundo.
Lamentablemente, la obra nunca ha sido incorporada como lectura obligatoria en las casas de estudio de todo el mundo, como sí se hizo con incontables textos de economistas presuntamente calificados de importantes, por el simple hecho de haber sido escritos en lenguaje académico con intencionalidad política o ideológica.
De haber procedido con esa obligación, muy probablemente no hubiéramos tropezado una vez más con la misma piedra, como se viene haciendo desde hace décadas con el tema de la energía y sus tarifas.
Alguna vez un destacado pensador comentó que estamos en presencia de un caso emblemático, en el que nuestro populismo vernáculo fue exitoso en la tarea de infectar la capacidad pensante de vastos sectores de nuestra sociedad, en particular su dirigencia y muchos de los medios de comunicación puestos a opinar sobre el tema.
Mirar el mundo
Porque basta observar lo que sucede en el mundo, y en los países vecinos, para percatarse de lo que hace falta para resolver el tema y con ello dar abasto a los requerimientos de las actividades productivas y comerciales como de la población, para atender las necesidades propias de la vida moderna.
Y de paso, apreciar también los errores cometidos a lo largo de las últimas dos últimas décadas, en las que se destruyó gran parte del capital técnico y humano construido con la reforma del sistema instaurado por las leyes 24.065 de Energía Eléctrica y 24.076 de Distribución del Gas Natural.
Conviene siempre recordar, como con las mismas fue posible ordenar y resolver de manera casi definitiva el abastecimiento y la distribución de energía que había caído en un estado crítico durante la década de 1980.
Los cortes de suministro -al igual que en estos últimos días- se habían convertido en incidentes habituales durante los veranos con la energía eléctrica y en los inviernos con el gas natural. Las importantes inversiones que se llevaron a cabo para reconstruir ambos sistemas, fueron en gran medida financiadas con deuda que se repagaba con los ingresos de las nuevas empresas prestatarias del servicio, cuyas tarifas eran inferiores a las existentes con anterioridad a la reforma, considerando la comparación con momentos de cierta estabilidad.
Las memorias y balances de las empresas públicas permiten verificarlo. De hecho, era mínimo el índice de morosidad y falta de pago en ambos servicios una vez privatizado el servicio.
Un segundo indicador que da cuenta del aceptable nivel de las tarifas, lo brinda el aumento del suministro medido por unidad de consumo x cliente residencial (vivienda). En el año 1990 el consumo por cliente era de 1507 kwh/año y el de gas natural de 1080 m3/año. La calidad del servicio y el nivel tarifario posibilitaron un aumento del consumo del 75% en el primer caso y del 26% en el segundo, llegando en el año 2000 al consumo promedio de 2635 kw/h año y 1357 m3/año respectivamente.
Por supuesto que aún con las importantes mejoras llevadas a cabo en casi todos los renglones y sectores en los que se descompone la actividad, existieron fallos y accidentes que representaron inconvenientes y perjuicios para los consumidores. La diferencia esencial con lo que ocurre en la actualidad, es que en el pasado las soluciones se daban dentro de la institucionalidad del sistema, respetando los términos contractuales.
En el caso más emblemático, el accidente de la subestación de la empresa Edesur donde se interrumpió el suministro en un área durante varias semanas, el Ente Regulador impuso una multa de 64 millones de dólares, que obligó al accionista mayoritario desprenderse de su tenencia accionaria para que la empresa pudiera hacer frente al pago.
Un análisis objetivo de la compleja situación actual y del camino que se debe recorrer para recomponer el funcionamiento del sistema sobre bases sustentables puede ser visualizado imaginando que la futura prestadora del servicio es una empresa pública que opera dentro de una economía en la que se ha eliminado la inflación con un razonable equilibrio presupuestario.
La empresa tendrá como deber planificar el programa de inversiones para los próximos 20 años, atendiendo al crecimiento esperado de la población y su posible nivel de consumo en función del ingreso futuro y los posibles cambios tecnológicos que podrían tener lugar.
Igual procedimiento debe ser considerado para atender la posible demanda industrial y las restantes actividades productivas y comerciales. En función de los probables escenarios, deberá evaluar y proyectar las inversiones necesarias para satisfacer esa demanda, así como los picos máximos, margen de reserva y reemplazo de los equipos obsoletos o cuyo rendimiento no se corresponde con el que debería tener para garantizar un costo acorde al que se proyecta para el precio de venta del producto o servicio.
Imaginando el escenario futuro con un presupuesto escaso de recursos para obras de infraestructura, en particular del sector energético, la empresa pública tendrá que planificar la obtención de recursos a través de su único ingreso real, la tarifa.
Está claro que esos recursos solamente llegarán si el mercado -local, nacional, regional o internacional- considera que el flujo de ingresos proyectados permitirá repagar los fondos que se prestarán para realizar las obras que necesariamente deben ser ejecutadas dentro de un cronograma que no admite demasiadas prórrogas o dilaciones.
Esta realidad impone un plazo no demasiado prolongado dentro del cual la empresa pública deberá ir reajustando la tarifa hasta llegar a un punto donde cubre todos los costos de explotación más los recursos que necesita para llevar a cabo las inversiones que le impone la correcta prestación del servicio en el futuro. Dentro de ese plazo, el Gobierno tendrá que establecer una tarifa social que facilite acceder al servicio a la población de menores recursos.
La tarifa social es un requisito indispensable para alcanzar un cuadro tarifario que haga sustentable la actividad integrada (generación + transporte + distribución), aún en el caso de una población numerosa a ser cubierta por esta modalidad de subsidio. Comprender este aspecto y ponerlo en práctica es esencial para darle la consistencia necesaria a todo el sistema. Además de la imprescindible sustentabilidad.
La tarifa es el único precio dentro de una economía moderna que tiene garantizado su estabilidad a lo largo del tiempo, con la única posibilidad de variación dentro de un estrecho margen que habitualmente se establece para contemplar aspectos que escapan a la razonable previsión de los imponderables corrientes.
Atento a ello, es el Estado quien la determina y a la que se obliga respetar para beneficio de la población y también del concesionario, sea una empresa pública o privada, mixta, nacional o extranjera.
