La Cámara de Diputados se reunió en una sesión especial para dictaminar unos proyectos de financiamiento para las universidades. Se coló la oposición y metió que también se dictamine por el retorno del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).
El presidente Javier Milei se enfureció (por adelantado) y adelantó que vetará esa ley porque el superávit fiscal es innegociable. Aquí se va plantear el muy falso dilema "educación versus superávit fiscal". Cuando en realidad ambos van de la mano como dos enamorados.
Veamos.
El Fonid es la herramienta de financiamiento educativo más horrorosa que se pueda pensar. Se trata de que el Estado nacional le pague una parte ínfima del salario a los maestros, cuando los maestros son empleados públicos provinciales. El Fonid representaba, cuando estaba, 7% del salario docente. Encima "en negro" con el eufemismo de "asignación no remunerativa".
De "incentivo" no tiene nada porque es un monto igual que se les pagaba a todos los docentes, aun a los que no trabajan porque están con carpeta médica indefinida.
El Fonid no aporta nada a la educación. Es simplemente una dádiva que daba el Estado nacional a los maestros (que son empleados públicos provinciales, no nacionales).
Mientras los diputados de la oposición luchan por la vuelta del Fonid, en Argentina, según datos oficiales de las pruebas Aprender, el 70% de los chicos pobres que termina la primaria no sabe leer, escribir, sumar y restar apropiadamente para su edad.
Según las pruebas internacionales PISA, el 43% de los jóvenes de 15 años no saben leer ni usar las matemáticas para su edad. En Chile este porcentaje es 25% y en Uruguay, 30%.
Estos datos muestran que la calidad educativa en Argentina es deplorable. En vez de estar luchando por recuperar las migajas pagadas "en negro" por el Estado nacional, que es el Fonid, hay que recuperar la calidad educativa que otrora fue el orgullo de la Argentina.
¿Qué hacer para mejorar la calidad de la educación?
Primero, el Estado nacional tiene erradicar definitivamente el Fonid y todos los programas nacionales que impliquen transferencias a las provincias para "ayudarlas" a financiar y/o gestionar la educación básica. Presidente: aquí hay una contribución al superávit fiscal.
Segundo, esto implica que las provincias deben hacerse cargo, enteramente, por el financiamiento y la gestión de la educación básica. Esto es, deben pagar la totalidad de los salarios docentes, la totalidad de los arreglos de las escuelas y la totalidad de las compras de materiales educativos. De esta forma, las provincias se hacen responsables de la totalidad de los resultados de sus escuelas.
"Pero las provincias no tienen plata!!!", pensará el lector.
Sí que la tienen. Lo que no tienen es gestión. Según datos del Ministerio de Educación, en las escuelas del Estado hay 8,4 millones de alumnos en educación básica en 34.000 escuelas lo cual hace que haya un promedio de 250 alumnos por escuela. Con 12 niveles de la educación básica (sin colocar a la educación inicial) implica que las provincias están poniendo recursos como para tener escuelas públicas con aulas de 20 alumnos.
Leyó bien: las provincias ponen recursos todos los años para tener aulas de 20 alumnos!!!
"Bueno, pero los docentes están mal pagos", retrucará el lector y los diputados que quieren que vuelva el Fonid para la ira del presidente.
Vayamos a la planta docente. Según el Ministerio de Educación nacional hay 600.000 cargos docentes al frente de alumnos. Esto implica que hay 14 alumnos por cargo docente.
De nuevo, leyó bien: las provincias ponen recursos todos los años para tener 1 docente por cada 14 alumnos!!!
Entonces, con la misma plata que hoy ponen las provincias en las escuelas estatales se podría tener aulas de 28 alumnos con docentes que cobren el doble. No sólo eso, las provincias tendrían ahorro fiscal porque el gasto actual es para aulas de 20 alumnos y la planta docente para tener 1 docente cada 14 alumnos. Presidente: otra contribución al superávit fiscal, para que las provincias no le pidan plata.
Estos cálculos no son un devaneo. Es el primer cálculo que hace un buen gestor para saber si hay suficiente plata. Demuestran que las provincias no necesitan el Fonid. Necesitan pilas para gestionar mucho mejor el mucho dinero que ponen en las escuelas estatales.
¿Qué rol le cabe, entonces, al Estado nacional en educación básica?
Presidir el Consejo Federal de Educación, convocar a las provincias, consensuar objetivos educativos medibles, lineamientos de contenidos y acciones educativas (que cada provincia tomará o matizará) y el rol central: medir los resultados educativos de las provincias.
Ya lo está haciendo. Pero no le pone suficiente énfasis a la comunicación a la sociedad sobre los resultados que están logrando las provincias y sus municipios en materia de educación. Si se comunicara más enfáticamente las fallas de calidad educativa que presentan las provincias con sus municipios, la gente sería mucho más demandante con sus gobernadores e intendentes por mejorar la calidad de la educación.
En suma, olvidemos el Fonid y mejoremos las reglas del sistema educativo para que los incentivos estén alienados hacia la calidad educativa.
Con buena gestión educativa en las provincias, el Estado nacional tendría ahorros (porque eliminaría los programas nacionales) y las provincias también (porque eliminarían el exceso de capacidad instalada y el exceso de dotación en la planta docente).
La buena educación y superávit fiscal van de la mano como dos enamorados. Con buena gestión educativa de las provincias y sin interferencia del Estado nacional en funciones educativas provinciales.
