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El 11 de diciembre un nuevo Presidente se sentará en el sillón de Rivadavia y tendrá ante sí el desafío de resolver la crisis económica y social más compleja de los 40 años de este período democrático.
Por supuesto que la decadencia argentina comienza mucho antes de 1983, pero lo que da un perfil especialmente crítico al actual contexto es la existencia, en forma simultánea, de un conjunto de problemas que se realimentan y que, en anteriores crisis, no estaban presentes.
La necesidad de implementar un Plan Integral de Estabilización Económica deberá ser prioridad para la nueva administración.
A la existencia de déficit fiscal primario, producto de gastar más de lo que se recauda, se suma el llamado déficit cuasi fiscal del Banco Central, originado en la acumulación de deuda emitida por la autoridad monetaria bajo la denominación de Letras de Liquidez (Leliqs), con el objeto de aspirar el dinero emitido para financiar el exceso de gasto y que, al no tener una demanda genuina en el mercado, constituye el combustible que alimenta el fuego inflacionario.
Si consideramos el total de Pasivos Monetarios del BCRA al 6 de noviembre, que incluye la Base Monetaria más todos los títulos de deuda del Central, los mismos ascienden a más de $29 billones.
Para tener una idea de las dimensiones digamos que, medido en dólares al tipo de cambio oficial, esta cifra representa un total de más de US$ 80.000 millones de la divisa norteamericana.
Por su parte, las reservas internacionales netas del Central se encuentran en terreno negativo, lo que significa que todos los pagos que nuestro país está realizando se financian o con fondos provistos por el FMI, para pagarse a sí mismo, o con la utilización de parte de los fondos del swap de China. No habrá chances de estabilizar la economía sin una recomposición de la posición de reservas internacionales.
Tengamos en cuenta que, como consecuencia de la carencia de dólares en las reservas, se ha generado una importante deuda con el sector importador de bienes y servicios de más de US$ 50.000 millones, monto que deberá ser regularizado por la nueva administración.
En el plano cambiario también se encienden las alarmas dado que el Indice del Tipo de Cambio Real Multilateral, que mide el precio relativo de los bienes y servicios de la economía argentina con respecto al de los de los principales 12 socios comerciales del país en función del flujo de comercio de manufacturas, está en un valor de 84, cuando con la devaluación post elecciones Paso había llegado a un valor de 115.
Esto significa que el tipo de cambio oficial se encuentra con un importante retraso y que, como lo demuestra la caída del índice post devaluación, es imposible recomponer en términos reales dicha variable si la misma no se realiza en el marco de un plan integral de estabilización económica que muestre un claro sendero de convergencia hacia el equilibrio fiscal.
Devaluar sin plan, como se ha venido haciendo, sólo alimenta la inflación y termina retrasando más el tipo de cambio, en un círculo vicioso, como se puede observar en el gráfico siguiente.
INDICE DEL TIPO DE CAMBIO REAL MULTILATERAL
El retraso del tipo de cambio oficial, y la existencia de múltiples cotizaciones cambiarias con brechas superiores al 100%, es un caso particular de un fenómeno más general como es el desfase de los precios relativos.
El precio de las tarifas públicas, de los bienes y servicios comerciales controlados y de otras variables macro que se encuentran con alguna forma de "cepo" provocan distorsiones importantes que deberán ser corregidas en el marco del necesario Plan de Estabilización a encararse.
En materia de dinámica inflacionaria la situación también ha llegado a un punto crítico.
Con una proyección de inflación del 180% para 2023, en la que el impacto sobre los alimentos es el más significativo, la tasa de pobreza e indigencia continuará en ascenso.
Consideremos que, de acuerdo a la información oficial del Indec, en el primer semestre 2023 la pobreza alcanzó a 19,1 millones de personas y la indigencia afectó a 3,8 millones.
Estos valores corresponden al primer semestre del año. A partir de julio se ha acelerado la tasa a la que crece la inflación por lo que, al momento de asumir el nuevo gobierno, la cantidad de población pobre o indigente será mucho mayor.
Como hemos señalado en un artículo anterior, nuestro sistema económico se ha transformado en una verdadera "fábrica de pobres", con todas las graves consecuencias en términos sociales de tal circunstancia.
Es fundamental tomar conciencia que la actual crisis económica y social no es igual a ninguna de las anteriores que hayamos sufrido en nuestro país.
Y ello es así porque tiene características sistémicas propias, con una dinámica distintiva, que la tornan un verdadero desafío para la administración que asuma el 10 de diciembre, que deberá encararla con un Plan Integral de Estabilización Económica que abarque, en forma simultánea, todos los frentes: el fiscal, el monetario y el cambiario, mostrando un horizonte de convergencia hacia el crecimiento con estabilidad monetaria.
Los niveles de pobreza e indigencia social que se registran, un Banco Central con reservas netas negativas, una dinámica inflacionaria de tres dígitos anuales, un mercado de cambios anárquico con multiplicidad de cotizaciones y brechas superiores al 100%, importaciones restringidas con una importante deuda pendiente a saldar, precios relativos distorsionados, un déficit fiscal primario persistente y uno cuasi fiscal con una dinámica de crecimiento descontrolada, constituyen un combo que pone a nuestra economía en una situación límite.
El reto político a afrontar es complejo y desafiante, se requerirá pericia técnica y solvencia profesional en el diseño del plan, consensos básicos y fuerte apoyo político para su implementación y una correcta generación de expectativas que muestren el camino, a lo largo del tiempo, hacia la convergencia de las variables a un proceso de desarrollo económico y social inclusivo con estabilidad de precios.
