Confirmado
El Gobierno Nacional llegó hoy a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y enviará este jueves al Congreso de la Nación el acuerdo alcanzado con el staff del organismo para refinanciar la deuda récord de aproximadamente US$ 45.000 millones que tomó la administración de Mauricio Macri.
“Se eleva de esta forma al Poder Legislativo un proyecto que incluye como anexos la totalidad de los documentos que conforman el acuerdo, esto es, el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico”, indicó el Palacio de Hacienda a través de un comunicado.
A su vez, señaló que, luego de intensas negociaciones, “el Gobierno nacional logró cerrar con el FMI un acuerdo que permitirá al país refinanciar los compromisos asumidos en el fallido programa Stand By de 2018 que presentaba vencimientos concentrados principalmente en los años 2022 y 2023”.
“El nuevo programa busca seguir generando condiciones de estabilidad necesarias para abordar los desafíos estructurales existentes y fortalecer las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo”, agregó.
Por su parte, el FMI también confirmó que se llegó a un acuerdo con el Gobierno argentino. "El personal del FMI y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo a nivel de personal sobre las políticas económicas y financieras que serán respaldadas por un Acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (EFF) de 30 meses. El EFF, con un acceso solicitado de DEG 31.914 mil millones (equivalente a US$ 45 mil millones o 1000 por ciento de la cuota), tiene como objetivo proporcionar a Argentina apoyo presupuestario y de balanza de pagos para abordar los desafíos económicos más apremiantes del país y mejorar las perspectivas de todos. argentinos mediante la implementación de medidas destinadas a promover el crecimiento y proteger los programas sociales esenciales", detalló el organismo a través de un comunicado.
Sin embargo, aclaró que el acuerdo “aún está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI”, que ha sido informado informalmente sobre los elementos del programa propuesto. “Se espera que el Directorio Ejecutivo analice la solicitud del programa respaldado por el FMI después de que el Congreso Nacional argentino apruebe el programa económico y financiero incorporado en el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y los documentos relacionados que las autoridades compartirán con los legisladores. Esta consideración legislativa es requerida por el derecho interno argentino”, informó.
“Los profundos desafíos socioeconómicos de Argentina se han visto exacerbados por la pandemia mundial. El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo sobre un programa pragmático y realista, con políticas económicas creíbles para fortalecer la estabilidad macroeconómica y abordar los desafíos profundamente arraigados de Argentina para el crecimiento sostenible", evaluaron los técnicos del Fondo.
En coincidencia con el texto del gobierno argentino, desde el FMI expresaron que el programa busca abordar a la inflación desde una estrategia múltiple, admitiendo así la multicausalidad del origen del problema.
“Lo que es más importante, el programa busca abordar de manera duradera la alta inflación persistente a través de una estrategia múltiple que implica una reducción del financiamiento monetario del déficit fiscal y un nuevo marco para la implementación de la política monetaria para generar tasas de interés reales positivas para respaldar el financiamiento interno que, combinado junto con otras medidas, ayudará a promover una disminución constante de la inflación a lo largo del tiempo", se explayaron.
Asimismo, destacaron que “igualmente importante será el énfasis del programa en mejorar de manera creíble las finanzas públicas".
Esto se basará en un conjunto equilibrado de políticas de ingresos, con énfasis en la progresividad, la eficiencia y el cumplimiento, y políticas de gastos, que reduzcan los subsidios energéticos no focalizados y se reorienten hacia inversiones sociales y de infraestructura más productivas, para fortalecer la sostenibilidad de la deuda y apoyar la recuperación.
“El programa también buscará fortalecer la balanza de pagos de Argentina a través de políticas que apoyen la acumulación de reservas y las exportaciones netas, y que allanarán el camino para un eventual reingreso de Argentina a los mercados internacionales de capital. Dichas políticas incluirán las políticas monetarias y fiscales prudentes ya descritas, así como las políticas encaminadas a mantener un tipo de cambio efectivo real competitivo en el contexto del régimen de paridad móvil.
“Además, el programa incluirá elementos para mejorar el crecimiento y la resiliencia a través de políticas para movilizar el ahorro interno, fortalecer aún más la gobernabilidad y la transparencia, y fortalecer la inclusión laboral, de género y financiera. También se tomarán medidas para alentar la inversión y promover la sostenibilidad y la eficiencia de los sectores económicos estratégicos, incluida la energía. En conjunto, tales medidas serán fundamentales para comenzar a abordar las limitaciones de larga data para un crecimiento más sostenible e inclusivo. Por último, también se espera que el programa catalice apoyo financiero oficial internacional adicional", concluyeron desde el organismo que conduce Kristalina Georgieva.
“Esperamos continuar nuestro trabajo con las autoridades para apoyar a Argentina y su gente”, concluyó
La letra chica del acuerdo
El acuerdo alcanzado se basa en lo que se conoce como Servicio Ampliado del FMI (Acuerdode Facilidades Extendidas; EFF, por sus siglas en inglés) que incluye 10 revisiones que se realizarán de manera trimestral durante dos años y medio.
El primer desembolso se hará luego de la aprobación del programa por parte del directorio del FMI. El resto de los desembolsos se hará luego de completarse cada revisión. El período de repago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034.
“Durante los meses de negociaciones se ha logrado llegar a entendimientos con el staff del FMI acerca de la importancia de alcanzar un programa acorde a las necesidades y desafíos de la Argentina y que no implique una inhibición en la recuperación económica”, evaluó el ministerio de Economía.
En este sentido, se acordó en que la inflación es un “fenómeno multicausal” -siendo uno de los principales desafíos de la política macroeconómica- que debe ser abordado desde un enfoque integral.
“La condición necesaria para consolidar la desinflación es mantener un proceso de acumulación de reservas que le otorgará al Estado mayor autonomía en la ejecución de políticas públicas”, puntualizó la cartera encabezada por Martín Guzmán.
Además, el programa busca reforzar el compromiso de estabilidad cambiaria, descartando movimientos bruscos y estableciendo que la administración cambiaria buscará asegurar la compatibilidad a mediano plazo del tipo de cambio real con el objetivo de acumulación de reservas.
Al mismo tiempo, se avanzará en una consolidación fiscal progresiva que reduzca el déficit fiscal, en el marco de la recuperación de la actividad económica y una reducción gradual del financiamiento monetario del mismo, así como también de un marco de implementación de la política monetaria que redunde en tasas de interés reales positivas para fortalecer la demanda de activos en pesos. También este proceso será acompañado por políticas de precios e ingresos que contribuirán a anclar expectativas en pos de una desinflación gradual junto a una continuidad de la recuperación de los ingresos reales.
Asimismo, se apunta a una reducción gradual del déficit fiscal, consistente con un crecimiento moderado del gasto en términos reales con el objetivo de apuntalar la recuperación económica en curso, al tiempo que se fortalecen el crédito y la moneda nacional.
“Hemos desarrollado una estrategia de consolidación fiscal plurianual con el objetivo de lograr un déficit primario del 2,5% del PIB en 2022, cayendo al 1,9% del PIB en 2023 y al 0,9% del PIB para el 2024”, define uno de los Memorándum.
“Este sendero hace posible un paquete equilibrado de medidas de gastos e ingresos para sostener una política expansiva que permita aumentar la inversión en infraestructura, ciencia y tecnología, promover la generación de empleo, seguir impulsando la actividad económica y fortalecer la asistencia social enfocados 'en abordar la pobreza infantil y reorientando el apoyo para promover la inclusión en el mercado laboral, particularmente de las mujeres y las personas con menor calificación laboral'”, detalló el Mencon.
En relación a las jubilaciones, el acuerdo con el FMI no prevé ninguna reforma previsional, sino que “se prevé continuar con la mejora de los haberes mediante la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida en la Ley 27.609”. “Dicha fórmula permite que las prestaciones crezcan a partir de los incrementos de la recaudación nacional y de los salarios de la economía”, aseguró el comunicado.
También hay entendimiento en la importancia de impulsar políticas de crecimiento y resiliencia para abordar los cuellos de botella de largo plazo y sentar las bases de un crecimiento más sostenible e inclusivo.
“Estas políticas tratarán de potenciar el crecimiento y la diversificación de las exportaciones; la inversión y la productividad; el desarrollo económico local y regional; el empleo formal y la inclusión laboral que incluya perspectiva de género; mejoras en la eficiencia y la sostenibilidad del sector energético; las políticas de mitigación y adaptación ambientales y; el desarrollo más amplio de los mercados de capitales”, determinó el documento.
Tarifas
En cuanto a la segmentación de las tarifas energéticas, el Gobierno se comprometió a “procurar el logro de nuestros objetivos económicos y fiscales más amplios”.
“En el marco de sus objetivos de estrategia energética, está determinado a lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad, conforme a los parámetros objetivos que correspondan en cada caso. Estas revisiones abarcarán tanto a usuarios residenciales como no residenciales”, explicaron desde el ministerio.
Para los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo el coeficiente de variación salarial (anteriormente denominado CVS), como lo establecía la Ley N° 27.443, frustrada por el veto total impuesto por la administración anterior. Con dicho parámetro, el Poder Ejecutivo nacional impulsará, previa audiencia pública convocada a fines de abril de 2022, las medidas que tracen un sendero para el bienio 2022-2023 una nueva propuesta tarifaria con un esquema de segmentación de subsidios que enfoque los esfuerzos del Estado Nacional en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago.
La segmentación para el bienio 2022-2023 contempla tres niveles, conforme los parámetros que determine el Poder Ejecutivo nacional en el marco de su competencia según el servicio público de que se trate:
- Usuarios que dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético en función de su plena capacidad de pago.
- Usuarios beneficiarios de la tarifa social, para quienes el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del CVS del año anterior.
- Para el resto de los usuarios el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior. Durante los años 2022 y 2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los aumentos previstos, para las categorías de segmentación de usuarios b) y c).
Para el año 2022 se incluirán para el cálculo, los incrementos aplicados durante todo el año calendario.
La propuesta para los usuarios no residenciales, contempla el pago de la tarifa plena para los Grandes usuarios de distribuidor (Gudi), y para el resto se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública.
Se desarrollará un plan energético de mediano plazo que incluirá acciones tendientes a:
- Incentivar la inversión privada y pública para aumentar la generación y transmisión de energía, incluyendo la construcción de gasoductos y la expansión de la capacidad de producción de GNL y energía renovable;
- Reducir las pérdidas en el segmento de distribución mediante mejoras en los medidores, la facturación, y la cobranza;
- Mejorar la eficiencia del consumo energético y la conservación del recurso; (iv) fortalecer la focalización y la progresividad de los subsidios energéticos
- Asegurar que, con el tiempo, las tarifas energéticas de los consumidores finales residenciales y no residenciales reflejen mejor, y de manera más predecible, los costos mayoristas del gas y la electricidad.
