Un acuerdo con el FMI, que ahora parece factible y que podría materializarse algunas semanas antes de los vencimientos de fin de marzo de 2022, es una condición necesaria para mantener el crecimiento y evitar los escenarios más riesgosos. “Pero ciertamente no suficiente”, dicen Jorge Vasconcelos y Guadalupe González en el último informe del Ieral de la Fundación Mediterránea.
“Tal como ocurrió con el canje de deuda privada en 2020, lo importante no es la firma de algún tipo de concordancia, sino su impacto sobre las expectativas. Las señales, en ese sentido, no son contundentes”, advierten.
Más allá del impacto positivo de un acuerdo, hay otras tareas colaterales que deben encararse para potenciar ese impacto.
“La persistencia de urgencias no resueltas hace que queden fuera de la agenda las políticas públicas necesarias para lograr un empalme apropiado entre el rebote de la economía de los últimos trimestres y un modelo sustentable de crecimiento de mediano y largo plazo”, icen Vasconcelos y González.
En la medida en que el Gobierno vea el acuerdo con el FMI como un “mal menor”, y no como una oportunidad para revisar las políticas públicas que han llevado a la Argentina a una década de estanflación, se corre el riesgo de una implementación a “mitad de camino” de las metas que eventualmente se comprometan, con revisiones recurrentes, que impedirían dar un vuelco en las expectativas, con un horizonte económico que no termine de despejarse.
“El memorándum de entendimiento, a elaborar bajo el mutuo acuerdo de funcionarios del Gobierno y el staff del FMI, habrá de contener compromisos vinculados con el gasto público, el déficit fiscal, la cuestión de los subsidios y las tarifas, la política monetaria y el balance del Banco Central, junto con variables vinculadas con el sector externo y las reservas. Por las señales oficiales emitidas hasta ahora, no puede desecharse el riesgo de que las políticas necesarias para cumplir esos compromisos se apliquen a 'mitad de camino', al costo de no frenar lo suficiente la inflación ni recomponer las reservas externas del Banco Central al ritmo necesario”, advierten los autores del reporte.
La cuestión fiscal es central en el nuevo diagrama. Lo exigen en Washington y lo saben en Buenos Aires. Las magnitudes, como siempre, son claves.
“La paradoja de un nivel de actividad que, por lo apuntado más arriba, podría no tardar volver al 2019, pero un gasto público que apunta a quedar más de 3 puntos del PIB por encima de aquel año, de acuerdo al proyecto de Presupuesto, seguramente es materia de controversia entre el Gobierno y el staff del FMI”, señala el trabajo. El Gobierno quiere ajustar menos de lo que pretende el FMI. Sin capacidad de subir la presión tributaria, la apuesta oficial es bajar el gasto un poco, que el crecimiento licúe el peso del déficit y mostrar el compromiso con la convergencia fiscal en el marco de un plan plurianual aprobado por el Congreso.
El caso de Ecuador
Si bien no se conoce el número de déficit que exige el FMI y cada negociación es distinta, el antecedente de Ecuador no es favorable a la pretensión de ajuste gradual de Martín Guzmán.
“En octubre, el directorio del FMI aprobó reanudar los desembolsos al Ecuador, dentro de un programa que prevé un ajuste fiscal de 2,8 puntos del PIB de un año para el otro, pasando de un déficit primario de 1,4 % del PIB en 2021 a un superávit de 1,4% del PIB para 2022. La meta para el próximo año se lograría con un gasto primario inferior en 1,3 puntos del PIB al de 2019”, dice el trabajo de Vasconcelos y González.
Argentina es distinta
“En el caso de la Argentina, ni el gasto ni el déficit cuentan con financiamiento genuino, y utilizar la emisión a favor del Tesoro, tal lo ocurrido en los últimos dos años, no ha sido un sustituto del endeudamiento: simplemente, los pasivos se han acumulado en cabeza del BCRA, que ha tenido que esterilizar una parte de la emisión monetaria a través de Leliq y pases. Y la caída de reservas inducida por esa política potencia el problema, que aparece con nitidez cuando la deuda pública se calcula neta de la variación de los activos externos y se incluyen los pasivos remunerados del BCRA”, señalan.
Calculada de ese modo, la deuda pública neta de reservas pasó de 15,6% del PIB en 2011 a 53,3% en el estimado de 2021. Desde 2019 (prepandemia), y con la metodología apuntada, el ratio deuda pública/PIB se incrementó en 8,7 puntos.
Para posponer los riesgos asociados a la expansión de los pasivos remunerados, se aplican tasas de interés reales negativas y hay abuso de los cepos, “entre cuyos efectos colaterales se tiene la brecha cambiaria y el persistente drenaje de las reservas externas”. El freno al nivel de actividad aparece, en ese caso, cuando la inflación empieza a acelerarse y restar poder adquisitivo a la demanda, “una dinámica inevitable si no se recorta el déficit fiscal”.
Eso muestra la necesidad de una reducción del déficit mayor a la prevista en el Presupuesto que Guzmán defenderá el próximo lunes en el Congreso.
“Con un déficit primario de, por ejemplo, entre 1,5% y 2% del PIB, en lugar del 3,3%, los riesgos de un desborde inflacionario quedarían más acotados, y la recomposición de precios relativos (tarifas y tipo de cambio) no tendría los efectos desestabilizantes que suelen augurarse. De todos modos, para darle continuidad al proceso de recuperación del nivel de actividad no se necesita sólo alejar los riesgos de un desborde inflacionario. Se requiere también el empalme de las tendencias de coyuntura en un modelo de crecimiento que deje atrás los diez años de estanflación, una tarea de construcción que ciertamente no ha comenzado”, concluyen.
