Hoy es el día uno de la gestión de Alberto Fernández. Elegido por las urnas el 27 de octubre, pasado, reemplazará a Mauricio Macri en el ejercicio de las facultades presidenciales. ¿Cuáles son los desafíos inmediatos que tendrá? ¿Con qué frentes tendrá que lidiar para ganar márgenes de maniobra y apoyos sociales en un contexto complejo? Aquí un punteo sobre algunos de ellos.
La deuda como condicionante
Congelar las tarifas de servicios públicos para que tengan un efecto desdolarizador e impacten menos en los usuarios. Recomponer los ingresos de los sectores más vulnerables y más golpeados por la crisis. Reactivar el consumo y, con ello, recuperar el alicaído aparato productivo, con nuevos incentivos para las pymes. Esas son las medidas que el gobierno de Alberto Fernández evalúa poner en práctica en lo inmediato. Para generar un rápido círculo virtuoso a través de la demanda. Pero cerca del nuevo presidente y del futuro ministro de Economía, Martín Guzmán, saben que las medidas de fondo necesarias deberán estar enfocadas necesariamente en encontrar un alivio al endeudamiento externo del país y a las restricciones que eso genera. El esquema que busca el gobierno entrante es postergar todo lo que se pueda los pagos de capital e intereses. El argumento: el país necesita crecer para recuperar capacidad de pago. Lo cual supondrá una negociación con mucha cintura, muñeca y pragmatismo. En cuanto al Fondo Monetario Internacional, específicamente, será importante contar con la venia o, por lo menos, no contar con el veto de la administración republicana de Donald Trump, dado el peso que tiene el país del norte en el organismo. Muy probablemente, buena parte de los desafíos de 2020 pasen por la búsqueda de una renegociación favorable que brinde más oxígeno a la gestión.
Consolidar el Frente
En el esquema de gobierno de Alberto saben que sin la consolidación necesaria del Frente de Todos (y su eventual ampliación) será difícil superar los desafíos que implica el contexto adverso la situación de crisis. El gabinete, de alguna manera, tiene la impronta del nuevo presidente, pero también cumple con el requisito necesario de dejar conforme a los socios y aliados. Tienen su lugar los más cercanos a Fernández, los más consustanciados con el kirchnerismo, pero también el Frente Renovador de Sergio Massa pudo mostrar su sonrisa, con cargos de peso en el nuevo organigrama. Los gobernadores del peronismo quizá sean los menos favorecidos en ese esquema, pero se muestran sin fisuras en apoyo al nuevo gobierno. Y con mayor presencia en lugares importantes en la órbita del Congreso Nacional. A ellos se les suman la CGT, que aportarán calor callejero a la movilización de hoy, y las dos CTA, más buena parte de los movimientos sociales. La dinámica de la gestión mostrará si aquel frente electoral exitoso puede o no convertirse en coalición de gobierno con el mismo grado de eficacia. O si el heterogéneo gabinete es algo más que un conjunto de cargos compartimentalizados.
Revertir la crisis social
El dato de la última semana brindado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica (40,8% de pobres) es apenas una muestra de la profundidad de la crisis social que el país atraviesa. Registros que tenderán a acentuarse en el inmediato con el impacto mayor de la inflación. Para enfrentar este panorama Fernández y su ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, presentaron el Plan Argentina contra el Hambre, que intentará ser uno de los ejes de gestión. Dentro de ese programa, el nuevo gobierno apuntará a darle mayor impulso a la economía popular (comedores, cooperativas, fábricas recuperadas, pequeños productores de alimentos y comercializadoras alternativas) para ofrecer mayores herramientas a los más vulnerables. En sintonía con esto, Arroyo también apunta a generar crédito para los sectores populares y capacitar a los jóvenes. La relación con las organizaciones sociales, en ese sentido, será clave. Muchas de ellas apoyan al Frente de Todos, pero ya advirtieron que no cesarán en sus reclamos y en la movilización. La conflictividad social dependerá mucho de la eficacia de esas políticas.
Ampliar los aliados regionales
La región está convulsionada. Con crisis en gobiernos de distintos signos políticos, interrupciones institucionales que preocupan y desarticulación en términos de integración regional. Uno de los puntos comunes: la caída de los precios de los productos que la región exporta y la dificultad o incapacidad para ampliar las estrategias exportadoras. El conflicto comercial entre Estados Unidos y China forma parte del mismo contexto, con impacto político y económico en la región. El punto de partida para el gobierno de Fernández es bastante cuesta arriba en esta materia. Sobre todo, si se tiene en cuenta al tensión inicial con Brasil y el gobierno de Jair Bolsonaro. Que cosmovisiones tan distintas no se conviertan en cortocircuitos comerciales y económicos es uno de los objetivos. El aumento en las trabas de Trump para el aluminio y el acero de ambos países puede ser una razón compartida para poner a trabajar concienzudamente a las burocracias diplomáticas de ambos países en la tarea fina que revierta impactos. Fernández (y su canciller, Felipe Solá) también tendrán que hacer equilibrio entre las posiciones políticas irreductibles de su impronta (la condena al golpe de Estado en Bolivia, como símbolo) con búsquedas de mayor entendimiento con los gobiernos vecinos de distinta orientación ideológica. Con la idea de fortalecer el Mercosur y otras instancias regionales. Quedará saber qué sucederá con el acuerdo de libro comercio con la Unión Europea (en cuanto a su implementación posible, a su letra chica, más que nada), mientras que se esperan intentos de mayor entendimiento con Rusia y, sobre todo, con China.
