Siguen las negociaciones

Argentina versus el FMI (y la opción de no pagar)

No es el FMI el que tiene más para perder. El organismo puede tomarse todo el tiempo hasta llegar a un acuerdo con otro equipo económico.

Kristalina Georgieva, Alberto Fernández y Martín Guzmán
Héctor Rubini Héctor Rubini 12-01-2022
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Los términos de la negociación entre el Gobierno de Argentino y el FMI son una incógnita, pero es claro que un acuerdo aceptable por ambas partes exige de mínima distribuir los pagos al FMI, concentrados en su mayor parte entre 2022 y 2023 sobre un calendario de pagos por hasta 10 años. 

Diversos trascendidos (nunca confirmados) durante el año pasado atribuían al Gobierno la apuesta (de máxima) a acceder, además, a más deuda con el FMI para sostener al menos las reservas del BCRA y lograr con la reprogramación o reperfilamiento de pagos un período de gracia de 4 años. 

Para el FMI, como lo observamos en la nota anterior, lo primero es contar con proyecciones macroeconómicas que demuestren de manera coherente y realista cómo Argentina logrará generar divisas, a partir del crecimiento de la economía, sin recurrir a nuevo endeudamiento público y sin comprometer la estabilidad ni la credibilidad en las políticas a aplicar.

Hasta ahora, eso choca con la resistencia de sectores del oficialismo renuentes a cambiar de “modelo”, que perciben que todo futuro ajuste fiscal y todo cambio del modelo intervencionista en curso implicará empobrecimiento y pérdida de su base electoral. Mientras el tiempo pasa, y sin dólares suficientes para pagar al FMI, aumenta la percepción de imposibilidad de pago y el incentivo para incumplir con el organismo. 

La razón es simple: sin acordar un mecanismo de generación de divisas alternativo al actual modelo intervencionista supuestamente “protector” de los más vulnerables, el Gobierno percibe que es no factible pagar los vencimientos de 2022. Preanunciar falta de capacidad de pago para todo el año es el primer paso. 

El que sigue es no pagar, dando lugar a una renegociación que admita un muy lento tránsito a una economía en crecimiento con superávits gemelos (fiscal y de la cuenta corriente de la balanza de pagos).

Diversos países han incurrido en atrasos por un corto plazo (hasta 180 días) y su número ha ido decreciendo a unos pocos casos en los últimos 20 años. Pero los casos de atrasos prolongados (más de 6 meses) no han sido pocos: desde la creación del FMI, 30 países han incurrido en atrasos prolongados, y sobre ese total, 25 se han registrado entre 1975 y 2001. 

Desde ese último año no se registraron nuevos casos. 

Los de mayor duración han sido los siguientes:

  1. Sudán (36 años y 11 meses, de julio de 1984 a junio de 2021)
  2. Somalia (32 años y 8 meses, de julio de 1987 a marzo de 2020)
  3. Liberia (23 años y 3 meses, de diciembre de 1984 a marzo de 2008)
  4. Camboya (18 años y 7 meses, de marzo de 1975 a octubre de 1993)
  5. Zimbabwe (15 años y 8 meses, de febrero de 2001 a octubre de 2016)

Como puede verse, no son casos de países desarrollados, y varios de ellos durante años de conflictos armados. En nuestro continente, 8 países han incurrido en atrasos prolongados entre 1983 y 1991. 

  1. Perú (7 años y 7 meses, de septiembre de1985 a marzo de 1993)
  2. Guyana (7 años y 2 meses, de abril de 1983 a junio de 1990)
  3. Panamá (4 años y 3 meses, de diciembre de 1987 a febrero de 1992)
  4. Haití (11 meses, de octubre de 1988 a septiembre de 1989 y luego 3 años y 1 mes, de noviembre de 1991 a diciembre de 1994).
  5. Honduras (2 años y 9 meses, de octubre de 1987 a junio de 1990)
  6. Nicaragua (2 años y 3 meses, de febrero de 1983 a abril de 1985)
  7. Jamaica (10 meses, de abril de 1986 a enero de 1987)
  8. República Dominicana (9 meses, de agosto de 1990 a abril de 1991).

El incentivo a no pagar y a optar por una estrategia confrontativa da por sentado que: 1) el FMI está apurado por cobrar, y 2) ni el FMI ni los gobiernos de mayor participación “accionaria” en el organismo pueden aplicar alguna forma de “castigo” por los incumplimientos. 

Dicho de otra manera: que el FMI “sufriría” en caso de un atraso prolongado de pagos de vencimientos caídos y que el gobierno argentino gozaría de una suerte de “inmunidad especial” para renegociar sin sufrir penalidades presentes ni futuras. 

Esto presupone cierta incapacidad fáctica del organismo y de varios gobiernos de aplicar amenazas creíbles o represalias concretas. Respecto del Club de París habrá que ver si a partir de marzo la tasa de 9% la volvería a aplicar retroactivamente desde 2014. Sin acuerdo con el FMI, no habrá reestructuración posible, aun cuando se abonen pequeños pagos a cuenta para no caer formalmente en default con el Club de París.

Sin embargo, la idea de “castigo cero” carece de realismo. Un país con atrasos con el FMI pierde acceso al financiamiento del organismo. Para volver a acceder a los mismos, y luego de un período en el que el país deudor aplicó políticas no alineadas con las exigencias del organismo, el FMI considera necesario que durante cierto período (en torno de 3 años, y sin acceso a recursos del FMI) el organismo evalúe su desempeño económico, y luego recién decida volver a concederle créditos. 

Por otra parte, mientras el deudor esté con atrasos también pierde el carácter de “elegible” para créditos del Banco Mundial y de otros organismos multilaterales. Explícitamente o no, varios gobiernos pueden optar por adoptar otras represalias, como cortar el financiamiento para comercio exterior con contrapartes de nuestro país, votar en contra en organismos internacionales, y otras formas de represalias. 

Por el contrario, el “ala dura” del Gobierno pareciera preferir no pagar y repetir la secuencia de reuniones y negociaciones de los dos últimos años. Sin mayoría propia en el Congreso y con riesgo de perder la elección presidencial en 2023, ¿qué mejor que postergar la reestructuración de la deuda al frente partidario que tomó esa deuda, y estar protestando ya como opositores? Alinearse con China, Rusia y los gobiernos autoritarios de nuestro continente puede complacer a cierta desinformada audiencia local, pero no facilitará ninguna solución política para eludir un programa de ajuste rápido, o para obtener nuevos fondos del FMI bajo condiciones soportables.

Desde ya, si el Gobierno del país deudor se embarca en una actitud confrontativa, sus argumentos sobre la “falta de capacidad de pago” pierden credibilidad por completo. La percepción del otro lado del mostrador será (quizá hace tiempo que ya lo es) de falta de voluntad de pago. 

Claramente la historia cuenta y esto torna al comportamiento del Gobierno bastante previsible en función de su reputación, de su comportamiento pasado y no sólo en esta gestión. Basta con recordar el inconducente enfrentamiento con el juez Thomas Griesa entre 2013 y 2015. 

Pero también es más que previsible el comportamiento del FMI: no se apartará de sus estatutos y no será complaciente con Argentina. Y tampoco tomará decisiones apresuradas hasta que este gobierno o alguno posterior se comprometa con un programa coherente y sostenible que asegure de manera creíble la devolución del dinero adeudado al organismo. 

Es muy probable que el proceso renegociador después de incurrir en impagos de varios vencimientos lejos esté de ser fluido y amigable. Sería un proceso de varios años, conflictivo, con no pocas interrupciones y que podría dejar al país al filo de un aislacionismo como el de Venezuela. 

Pero no es el FMI el que tiene, a la larga, más para perder. Y el organismo puede tomarse todo el tiempo del mundo hasta llegar a un acuerdo con otro futuro equipo económico. Lo que sí es claro es que la opción confrontativa presentaría para nuestro país costos y riesgos muy difíciles de manejar, y sin beneficios esperables presentes ni futuros.

(*) Economista de la Universidad del Salvador (USAL)

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