Un GPS (siglas en inglés de “sistema de posicionamiento global”) es un dispositivo de uso prácticamente diario. Permite conocer la ubicación que uno tiene y lo guía por la ruta seleccionada para llegar a un objetivo.
Sostenemos que nuestro país necesita un GPS en materia fiscal con urgencia. Seguidamente expondremos los fundamentos.
En primer lugar, resulta necesario un diagnóstico preciso para conocer dónde estamos. Si bien algunas cuestiones podrían ser opinables o sujetas visiones distorsionadas por posiciones políticas, hay una realidad que es incontrastable: el déficit primario (gastos corrientes menos recaudación impositiva). Sí, tan burdo como que se gasta más de lo que ingresa. Esta política no nos ha resultado favorable desde hace muchos años. No nos trajo ni desarrollo económico ni inclusión social. No obstante, hemos insistido en el error…
El diagnóstico también expone que las inversiones que se necesitan no vienen. Y tampoco vendrán si todo continúa como hasta ahora. Dicho de otro modo: nuestro país no es atractivo para invertir. Ni para los extranjeros ni para argentinos.
Hay varios factores que producen ese efecto repulsivo para los capitales, sólo por señalar a algunos podemos mencionar: la alta inflación sostenida y descontrolada, la brecha cambiaria, sindicatos que avasallan el trabajo en lugar de defenderlo, altos costos laborales y previsionales, burocracias infinitas para todo, presión fiscal muy alta, impuestos sin retorno en servicios públicos dignos, un aparato de gobierno caro, ineficiente e ineficaz. En resumen: inseguridad jurídica, descontrol económico y cuentas fiscales que no cierran (los tres elementos combinados en un círculo vicioso).
A continuación mencionaremos algunos aspectos tributarios que, según nuestra opinión, hacen inhóspito a nuestro país para la inversión.
El sistema tributario actual está muy lejos de ser un sistema (conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto). Más bien parece un “rejunte” de impuestos que no contribuyen a ningún objetivo decente.
Comenzando por los trabajadores, el Impuesto a las Ganancias se ha popularizado desde hace tiempo. Se ignora el principio de capacidad contributiva, más bien parece un impuesto al gasto. No respeta ni siquiera en sus deducciones personales los montos que un individuo o una familia precisan para vivir dignamente.
En materia del Impuesto a las Ganancias de las empresas, éstas como mínimo deben estar mareadas por los cambios bruscos de rumbo de los últimos cinco años. Que baja la alícuota, que se suspende la baja, que sube y ahora es progresiva. Algo similar ocurrió con el impuesto a los dividendos.
En materia del Ajuste Impositivo por Inflación, la situación es más burda: se ignoró este flagelo sistemáticamente, luego se lo reconoció a partir del 2018, pero en forma parcial y la corrección se permitió computar en “cuotas” (primero tres y luego seis) sin actualización. Actualmente no hay cuotas, pero ello se debe a una torpeza y no a una decisión.
Por todo lo anterior, para un inversor la situación es inestable, como mínimo.
Otro impuesto muy gravoso para las empresas, tanto o más que el anterior, es el impuesto sobre los Ingresos Brutos. Tiene como bondades ser fácil de administrar y de recaudar. Pero es casi prehistórico…y muy regresivo (lo paga el consumidor por su traslado a precios). En lugar de eliminarlo progresivamente, se dio marcha atrás con el Consenso Fiscal 2017 y se habilitó a las provincias a volver a alícuotas delirantes. Y, para colmo de males, la solución a los eternos saldos a favor ha quedado sin fecha de compromiso… es decir, en la nada.
Seguimos con otra perlita. A finales de 2019, la Ley 27.541 permitió que el Poder Ejecutivo estableciera derechos a las exportaciones (hasta el 33% del valor FOB de las mercaderías) y por tiempo limitado: hasta el 31/12/2021. El Proyecto de Presupuesto Nacional 2022 no se convirtió en ley, allí se establecía una prórroga. Sin importar ese “detalle”, actualmente se siguen recaudando derechos sin ley (en forma ilegal). Además, parece que se quieren aumentar los derechos al trigo, maíz y girasol.
Otra cuestión curiosa es la de los saldos a favor, tanto a nivel nacional como provincial. Recuperarlos es una quimera que demora como mínimo tres años. En aparente desconexión con la realidad, existen líneas de créditos ofrecidos para garantizar la producción y el abastecimiento, que forman parte de una política de Economía.
Parece no entenderse que el empresario, antes que le ofrezcan dinero a bajo costo, quiere que le devuelvan su capital, aquel que le sacaron a través de regulaciones administrativas que disfrazaban como retenciones o percepciones verdaderas exacciones ilegales, recaudando un impuesto por encima de lo que la ley permite.
Recientemente se ha recaudado el Aporte Solidario y Extraordinario (ASE), que impactó en empresarios que tenían al 18/12/2020 más de $200 millones, en el país o en el exterior. Antes se había dado la suba del impuesto sobre los bienes personales, gravando al 2,25% los activos en el exterior por dos años. Estas medidas hicieron que varios empresarios e inversores radicados en Argentina emigraran hacia países con mejor trato tributario.
Pero no se aprendió la lección. A finales del 2021 se dispuso mantener indefinidamente una alícuota superior sobre los activos en el exterior y se incorporaron nuevas escalas para los activos del país, pasando a ser la alícuota máxima el 1,75%. Hace poco se conoció que un diputado nacional propone un nuevo ASE por diez años…
Esta breve semblanza de la realidad tributaria argentina nos permite saber donde estamos. Estamos en una situación muy grave: no se respeta nada. No se respetan principios básicos de los impuestos, las administraciones tributarias no respetan las leyes vigentes, tampoco se respeta la Constitución Nacional al momento de crear gravámenes.
¿A dónde queremos ir? Si entendemos que necesitamos inversiones para poner en marcha la rueda de la productividad, del crecimiento económico, del desarrollo y progreso social, lo más seguro es que con la ruta actual no lleguemos a ese objetivo.
Resulta necesario simplificar el sistema tributario. Hay que bajar la carga fiscal porque nuestros países vecinos tienen mejores sistemas tributarios (además de ofrecer mayor seguridad jurídica y estabilidad económica). Es imperioso eliminar burocracias e incoherencias de la administración.
Pero ello debe ser acompañado de la reducción del aparato estatal. Hoy está sobredimensionado, nos sale muy caro, para colmo es ineficiente e ineficaz.
También debemos mencionar que la reforma del sistema tributario es una cuenta pendiente con nuestra sociedad. Hoy los impuestos son verdaderamente una carga. No vuelven al pueblo en un sistema de justicia que nos aporte soluciones en tiempo razonable, en jubilaciones respetables, en un sistema de salud digno, seguridad para nuestras familias, en un sistema educativo que nos dé orgullo, ni en una infraestructura de rutas y ferrocarriles para el comercio y el transporte público seguro. Todo lo contrario: quien paga impuestos además debe pagar de su bolsillo para cubrir los servicios públicos básicos que no llegan (educación, salud, seguridad, etcétera).
