Por Patricio Dellagiovanna Gaíta Coordinador del CEI-UCA, Consejero del INTA y miembro del Círculo Politeia
El proyecto de intervención y expropiación de Vicentin llega en un mal momento. El Gobierno, sin tener en cuenta el contexto regional, tropieza con la misma piedra que han tropezado otros gobiernos al pensar que lo que nos sucede, es una cuestión pura y exclusivamente nacional. Este argentinocentrismo nos lleva a cometer errores de cálculo severos que nos quitan perspectiva a la hora de analizar qué es lo que no sucede y hacia dónde vamos.
Así como en la crisis global del 2008-2009, que tuvo como correlato una crisis alimentaria de dimensiones descomunales en la cual la Argentina encalló en una grieta con el campo argentino, nuevamente el kirchnerismo se adentra en una cruzada contra el complejo agroindustrial corriendo el riesgo de naufragar en las aguas turbulentas de una pandemia que parece tener a América Latina como su epicentro.
La FAO y la CEPAL dieron ayer una conferencia de prensa donde advirtieron que la pobreza extrema en la región podría llegar a 83,4 millones de personas y que se podrían retroceder hasta 13 años en la lucha contra el hambre. Si eso no es un drama continental, no sé qué otra cosa podría serlo. Mientras que Argentina corre el riesgo de que la indigencia aumente de 3,8% a 5,5%, la dirigencia argentina se bate a duelo sacrificando la salud de sus ciudadanos en el altar de la ideología hegemónica. Luego de 80 días de cuarentena, llegamos a la conclusión de que el Gobierno no supo, no quiso o no pudo hacer una política pública certera para testear, identificar, aislar y controlar la difusión del virus en la sociedad. Los números aumentan a un ritmo vertiginoso y nos damos cuenta de que hemos desperdiciado un tiempo precioso que nos hubiera permitido fortalecer el sistema de salud en el AMBA.
El hecho es que los políticos no están a la altura de la política mientras que la batalla dialéctica entre oficialismo y oposición pone otra vez de rehén a la gran mayoría de la población que se debate entre el miedo y la desesperación por el hundimiento de la economía.
Desde 1983 hasta la fecha, pareciera que nuestro país no hace más que construir relatos de promesas mesiánicas incumplidas que acumulan deudas con la ciudadanía. En algunos momentos financieras y sociales; en otros, políticas e institucionales. Ahora, esta deuda es sanitaria. Nos resistimos a vivir en la democracia que tanto nos costó conseguir, porque con nuestras acciones no hacemos otra cosa que socavar el resquebrajado entramado institucional sobre el que se sustenta nuestro sistema político. Tenemos una sociedad dividida, un país en bancarrota y bandos fragmentados dentro y fuera del Gobierno, que se traducen en números bochornosos de pobreza. Y vivimos de discusiones que nos imponen dilemas ficticios, tales como ella o vos; chicas o chiques o comida o cemento. La realidad es que nadie puede comer en el barro mientras se muere de frío, pero tampoco se puede comer el cemento. Es una falacia maniquea que directamente anula la visión del otro.
Entonces, cabe preguntarse, ¿no podremos cuidar la mesa los argentinos mientras construimos todos juntos nuevos aeropuertos, mejores caminos y sólidas casas para nuestras familias? Estas categorías no pueden ser excluyentes, porque si no estaríamos diciéndole a la gente que comer y tener cloacas es algo así como encontrarle la cuadratura al círculo. Este tipo de batallas entre ambas facciones de la dirigencia argentina, lo único que generan es descantando con la política porque abren las puertas a la apatía, y en consecuencia a la erosión democrática.
El coqueteo con las bondades de un Estado magnánimo que brinda todo lo que el ciudadano necesita se da de bruces cuando la iniciativa privada se ve cercenada. La producción debe continuar pero no para mantener al mismo Estado que desde hace años gasta ineficientemente. Si se hubieran hecho bien las cosas desde el Estado, no tendríamos los niveles de pobreza que tenemos, ni el desequilibrio atroz en nuestras cuentas fiscales, ni el paupérrimo estado de nuestro sistema sanitario. La solidaridad de los privados es conmovedora, pero no nos dejemos seducir por discursos populistas que pregonan que el aporte de los privados es un deber, cuando ya pagan una montaña asfixiante de impuestos que la política se dedica a despilfarrar desde hace décadas.
Soberanía alimentaria no es cerrar el mercado de las carnes en pleno mundial de fútbol como sucedió en 2006 con Alemania generando una pérdida de 10 millones de cabezas de ganado en una década. Tampoco lo será intervenir una procesadora de soja cuando Argentina es uno de los actores clave de la seguridad alimentaria mundial en esta pandemia catastrófica. La verdadera soberanía reside en el fomento a la agricultura y a la industria para que más emprendedores agropecuarios, en especial los pequeños y medianos puedan acceder al mercado internacional con precios razonables y de una manera transparente, sin dejar de abastecer la demanda interna.
Si bien la oposición tiene que acompañar al Ejecutivo en este duro momento, ello no implica firmar un cheque en blanco que la exima de sus responsabilidades para con la Nación Argentina. Debe cumplir con su juramento y el mandato que le dieron los votantes: ejercer un control responsable y constructivo sobre el oficialismo. Vivir una situación excepcional no nos puede colocar en estado de excepción. Son momentos en los que la emergencia impone la necesidad de grandeza para que adversarios se sienten a la mesa sin ver al otro como un enemigo, y sino más bien como personas interesadas por la cosa pública.
La reacción ciudadana de los últimos días en la localidad santafesina de Avellaneda es un grito en el medio de la noche. Una advertencia a todo el sistema político por parte de hombres y mujeres de a pie que quieren trabajar, progresar y desarrollarse en paz, en el marco de la ley y el respeto a las instituciones. Y no es casual que suceda en el campo donde el esfuerzo, la honestidad y la palabra empeñada valen. Esa es Argentina que clama por un límite a las imprudencias gubernamentales que obligarán a los argentinos a pagar la expropiación de una empresa, pésimamente administrada, legamente concursada e inconstitucionalmente intervenida, con el IVA a los alimentos y las jubilaciones de nuestros abuelos.
