Por Francisco María Pertierra Cánepa (*)
Una vez más, Argentina atraviesa una crisis económico-financiera donde una de las consecuencias es la escasez de divisas, lo que genera restricciones en el mercado de cambios, cuando no imposibilita el normal desenvolvimiento de las actividades productivas.
Sobre un abordaje de equilibrio desde el Estado, lo dicho no solo es un problema de las grandes empresas importadoras o exportadoras, sino que sus efectos repercuten negativamente en la producción de bienes y servicios de las pymes, afectando los niveles de empleo y bienestar social.
En ese orden, el "campo argentino" surge como un actor protagónico y salvador, ahora reconocido pese a ser tantas veces negado, por ser el principal generador de divisas debido a su alto nivel de productividad.
Lamentablemente, sin destacar que esto es resultado de la idoneidad de los productores que asumen riesgo empresarial, conocen el negocio a fondo y adoptan metodologías y nuevas tecnologías producto de la investigación y la mejora continua por estar insertos en el mundo, lo que permite al sector ser un referente superavitario en divisas.
No obstante, y fuera del discurso, el país no parece estar aprovechando toda la potencialidad del agro y la sinergia resultante si se integra el resto de la cadena productiva, ya que las medidas adoptadas por los distintos gobiernos parecen insuficientes, desconectadas de un correcto diagnóstico y a veces, contraproducentes para apoyar y complementar toda la capacidad.
Esta confusión surge trascendente cuando existen requisitos internacionales crecientes relacionados con el uso de energías limpias y métodos sostenibles de producción, que aplicando "conocimiento" permiten el desarrollo continuo con calidad, y así evitan la deforestación, el mal uso de la tierra y el dispendio de los recursos.
Frente a la crisis argentina, y de cara a un mundo que demanda mayor cantidad y calidad de alimentos, consideramos necesario la ampliación y canalización de políticas públicas que promuevan la investigación y desarrollo de nuevas y más eficientes tecnologías en la producción de alimentos, pero de forma concreta, fehaciente y no sólo declamativa o improvisada.
Para que sea posible, se requiere una visión estratégica de largo plazo promoviendo la aplicación de modernas herramientas para que el sector privado pueda seguir batiendo récords productivos pero ampliado a todas las regiones del país, con la seguridad del impacto social positivo al generar mayor empleo genuino, lo que evita el desastre del desarraigo y asegura la provisión de un enorme volumen de divisas.
Entonces, surge la importancia de alentar los Fondos de Inversión Directa (FID) como instrumento adecuado para aplicar eficientemente políticas públicas de promoción, impulsando los "proyectos mixtos" que favorezcan la incorporación de nueva tecnología en la producción a través de la figura del fideicomiso.
En estos esquemas, el Estado brinda el marco para potenciar todo el impulso privado por intermedio de los FID, que deben ser administrados por fiduciarios profesionales independientes, seleccionados sobre la base a su track record e idoneidad para gestionar negocios específicos.
Para más, estos "fondos" pueden ser lanzados a partir de alguno de los tantos bienes inmuebles que posee el Estado en todo el territorio nacional y que se encuentran improductivos (costo de oportunidad incalculable frente a las grandes necesidades del país).
Pero para evitar un nuevo fracaso en la aplicación de iniciativas cuyo fundamento es de valor, todo el proceso de evaluación y calificación de los proyectos presentados por entrepreneurs, pequeños y medianos productores, asociaciones, etcétera, debiera estar a cargo de jurados multidisciplinarios formados por especialistas del sector privado y del académico, con la ayuda de fiduciarios profesionales de trayectoria relevante, estableciendo un ranking con los mejores proyectos considerados viables sobre la base del riguroso análisis de los "planes de negocios", para luego agregar al diseño los mecanismos de control y supervisión adecuados, junto con las oportunas rendiciones de cuentas que exige la ley a los fiduciarios.
Como en toda evaluación de proyectos de capital a riesgo, algunos no lograrán el estándar mínimo para tener resultado positivo. Sin embargo, aquellos que sean exitosos compensarán las pérdidas a través de los efectos positivos de las externalidades generadas que permitirán la adopción de mejores tecnologías en la producción.
Podemos mencionar algunas iniciativas, no muy eficientes pero interesantes, de fideicomisos del Estado con el fin de promover actividades del agro como el Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) o los que intentan facilitar capital a emprendedores y pymes, como el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor (FONDCE).
También dentro del mercado de capitales, podemos encontrar algún caso como el FF CITES 1 cuyo fiduciario es el Banco de Valores, que tiene por fiduciante al Centro de Innovación Tecnológica Empresarial y Social S.A., y cuyo objeto fue la adquisición/financiación de startups para tecnologías disruptivas. Pero este, en su falta de especificidad, tiene problemas para elegir los proyectos ya que abarca desde iniciativas de implantes médicos hasta foodtech, según calificación de Evaluadora Latinoamericana en el 2021.
Al ser los criterios amplios, se desnaturaliza la definición y sentido de un FID, donde el destino de los recursos es la clave.
Por lo tanto, CITES 1 puede asemejarse mejor a una inversión financiera no directa, que es una estructura más propia de un FCI, cuya inversión es indirecta. Además, según surge de sus estados financieros al 31/12/2021, este fideicomiso cuya emisión de CP alcanzó los 24 millones de dólares, expone un activo total (incluye caja, inversiones en startups y CP a integrar) por un valor de US$ 19,1 millones al tipo de cambio oficial y de US$ 10 millones al tipo de cambio MEP, mostrando una pérdida significativa del 20% y 58%, respectivamente.
Siguiendo, llama la atención la cuenta "certificados de participación pendiente de integrar" por el 89% del activo total, lo que mostraría demoras en la integración del capital para la financiación de proyectos. Esto podría responder a que no se sabe donde asignar los recursos o que los tenedores de CP no quieren integrar dólares a la cuenta fiduciaria.
Como se desprende de estos pocos casos, y más allá de serias fallas técnicas en el diseño y control de los mismos, queda en evidencia que los esfuerzos son insuficientes al ser aislados, desorganizados y ajenos a una planificación integral del tema de fondo, que es el apoyo a sectores eficientes y no prebendarios.
Finalmente, queda de manifiesto que la salida a la crisis viene por los sectores dinamizadores de la economía y generadores de empleo y divisas, especialmente para un país productor como el nuestro que injustamente tiene altos niveles de pobreza, y estas políticas de rápido impacto social, sólo pueden manifestarse en áreas de potencial multiplicador como el "campo argentino" porque, además, son de alcance federal por derramarse hacia todas las economías regionales.
(*) Dr. en Dirección de Empresas, profesor del CEMA y presidente de la AAFyFID
