Los niños tienen el derecho a ser educados, sus padres la obligación de respetarlo y el Estado debería ejercer el poder de policía para que así sea.
Es claro que nuestro país provee una prueba contundente que el hecho que los chicos estén en los colegios no es garantía que se estén calificando para desarrollarse exitosamente en su vida adulta, pero también es claro que de no concurrir no existe chance alguna.
Por ello, la educación a nivel primario y secundario debe ser obligatoria, no existe duda alguna al respecto.
En los últimos días una nueva falacia ha ganado espacio en la discusión pública, al asociarse una propuesta de reforma educativa que otorgue un mayor rol a los padres mediante vouchers educativos, cuentas de ahorros para la educación, o cualquier otro instrumento mediante el cual el Estado pueda financiar la demanda de servicios educativos, es decir a las familias, en lugar de hacerlo a las escuelas, como sinónimo de convertir la educación primaria y secundaria en voluntaria, optativa, ya no obligatoria, lo cual es por completo incorrecto. No existe una relación causal al respecto, es una falacia.
No estamos frente a una opción binaria. Un sistema de vouchers educativos es tan consistente con la obligatoriedad de la educación, como lo es el sistema actual. La obligatoriedad de la educación y la forma de financiar el Estado la misma no se encuentran relacionadas.
En lugar de fútiles discusiones, el enfoque debe ser puesto en los fines, no en los medios. El objetivo de la educación pública debe ser educar al público. Por eso debemos preocuparnos menos por la palabra que viene después de escuela, ya sea pública o privada, y más por otorgar a todo niño la posibilidad de acceder a una educación de excelencia, independientemente de su estrato social, lo cual hoy no sucede. ¿Quién puede negarlo? Veámoslo en mayor detalle.
Cabe recordar que el derecho a la educación se encuentra plasmado en nuestra Constitución Nacional, por ejemplo, implícitamente en el artículo 14, al establecer que todos los habitantes de la Nación gozan de los derechos a enseñar y aprender. ¿Cómo se puede aprender en medio de interminables paros docentes? ¿Quién puede pensar que los días perdidos se recuperan?
Cómo no recordar los más de 100 días de paro en la provincia de Santa Cruz. Explícitamente, la Constitución también reconoce el derecho del niño a la educación, en su artículo 75, inciso 22, al incorporar la Convención de los Derechos del Niño.
¿Quién puede afirmar que en la Argentina hoy se respeta literalmente el artículo 28 de la Convención, en cuanto a que el derecho a la educación debe poder ser ejercido en condiciones de igualdad de oportunidades? ¿Cómo no pensar en lo que sucedió durante los casi dos años de escuelas cerradas durante la pandemia?
Dos años durante los cuales la educación para los niños pobres realmente no fue educación. No nos engañemos. Hablar de igualdad de oportunidades frente a esta realidad carece de cualquier sentido.
Todo derecho genera una obligación. El derecho de nuestros niños a aprender, genera la obligación del Estado de garantizarlo, pero de ninguna manera ello implica que el Estado deba necesariamente proveer o gestionar la educación por si mismo. Por ello el derecho de los niños a aprender es también consistente con un sistema en el cual las familias, en un marco de marco de libertad, puedan elegir cuál es la institución educativa adecuada para sus hijos, en función de sus aptitudes, gustos o valores familiares, ya sea una escuela pública o privada, laica o religiosa, o aún el denominado homescholing, regulado, por supuesto, por las autoridades competentes.
Pero las familias no tienen la opción, y es importante remarcarlo, de no educar a sus hijos: de hacerlo estarían violando el derecho de sus hijos a ser educados y el Estado debería actuar en consecuencia, o de lo contrario no estaría cumpliendo su obligación.
Es hora de cambiar la mentalidad. El poder elegir generaría espacio para una diversidad saludable y, frente a nuestra realidad, es absolutamente coherente con el real objetivo de la educación pública: asegurar el igual acceso a la educación del público, sea cual fuese su estrato o condición social y ello no se contrapone, sino todo lo contrario, con la obligatoriedad de la educación.
