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Políticas alimentarias: ¿llegan a todos los hogares que la necesitan?

El Covid-19, la crisis climática y los conflictos internacionales han expandido la vulnerabilidad social y económica a porciones cada vez más significativas de la población.

Entre 2019 y 2022 se produjo el incremento más marcado de beneficiarios de las políticas alimentarias: pasó de 1,3 millones a 2,6 millones.
Entre 2019 y 2022 se produjo el incremento más marcado de beneficiarios de las políticas alimentarias: pasó de 1,3 millones a 2,6 millones.
Éforo Data 15 marzo de 2023

Las políticas alimentarias se han convertido en los últimos años en herramientas públicas fundamentales para mitigar la pobreza y, en especial, la indigencia. 

Sin embargo, la irrupción del Covid-19, la crisis climática y los conflictos internacionales han tenido un impacto profundo en la economía mundial y más precisamente en las condiciones de vida de millones de personas, expandiendo la vulnerabilidad social y económica a porciones cada vez más significativas de la población, en especial a los niños, niñas, adolescentes y mujeres.

Según el Panorama 2022 de la FAO, mientras que a nivel global el hambre afecta al 9,8% de la población total, en América Latina y el Caribe (ALyC) llega a 8,6%, el registro más alto desde 2006

Allí se destaca que "en 2021, el 40,6% de la población de la región (ALyC) se enfrentaba a una inseguridad alimentaria moderada o grave, mientras que el 29,3% de la población mundial estaba afectada por la inseguridad alimentaria moderada o grave. El número de personas que experimentan inseguridad alimentaria moderada o grave en América Latina y el Caribe aumentó de 205,2 millones en 2019 a 267,7 millones en 2021".

Desde Fundación Éforo, a través del informe "Políticas Alimentarias en Argentina", ofrecemos un panorama general acerca de las trayectorias de las políticas alimentarias: a cuántas personas alcanzan, cuáles fueron las variaciones presupuestarias en los últimos 14 años y evaluar si cumple con el objetivo de garantizar una adecuada nutrición.

En 2019 la Ley 27.519 prorrogó la emergencia Alimentaria Nacional hasta 2022, que a su vez fue nuevamente prorrogada a través del artículo 87 de la ley de presupuesto 2023 hasta el 31 de diciembre de 2025, inclusive. 

Esta situación significa que se han superado en Argentina los 20 años de emergencia alimentaria a nivel nacional. En la normativa se establece que concierne al Estado Nacional garantizar el derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria y nutricional de la población argentina.

La Prestación Alimentar, implementada por el Ministerio de Desarrollo Social es la política alimentaria más importante a nivel nacional. Y dentro del programa, la Tarjeta Alimentar se consolidó en los últimos 14 años como la principal línea de acción en materia de asistencia a los hogares en situación de vulnerabilidad social y económica.

Ejecutada principalmente a través de transferencias monetarias directas a los hogares, tiene como requisito de acceso ser beneficiario de la Asignación Universal por Hijo/a e hijo/a con discapacidad (AUH), la Asignación Universal por Embarazo o la Pensión No Contributiva (PNC) para madres de 7 o más hijos/as. 

En 2022 la totalidad de los recursos asignados al programa Prestación Alimentar, específicamente a través de la Tarjeta Alimentar, se implementó a través de las transferencias monetarias directas a los hogares.

Crecimiento de beneficiarios

A partir del análisis de la Encuesta Permanente de Hogar (EPH) 2021, del Presupuesto Abierto y Presupuesto Nacional 2023 y los datos abiertos del Ministerio de Desarrollo Social, se desprende que, al cierre del 2022, 2.6 millones es el número de beneficiarios de las políticas alimentarias.

El salto más importante en relación a la cobertura se produjo en el periodo 2019 y 2022, momento en el que se pasó de 1,3 millones a 2,6 millones de beneficiarios. Y si tomamos el año 2008 como base de comparación contra el 2022, la cantidad de beneficiarios se amplió 160% (pasó de 1 millón a 2,6 millones). Y es a partir del 2019, cuando comienza a crecer sostenidamente año tras año.

En este mismo periodo, precisamente en 2020, también se verifica el incremento más significativo en torno a los recursos asignados, alcanzado 0,48% del PIB (380% más que en el 2019). Superando así el promedio estabilizado entre 2008-2019, cuando las políticas alimentarias oscilaban en torno al 0,11% del PIB. En definitiva, al llegar al 2022, los recursos públicos asignados a las políticas alimentarias se estabilizaron en el orden del 0,51% del PIB, apenas inferior al 0,52% destinado en 2021.

En el informe destacamos que, dentro de las políticas alimentarias, la Tarjeta Alimentar ocupa un lugar predominante. 

Orientada específicamente a la población en condiciones de vulnerabilidad social y económica, en 2022 representó un crédito presupuestario vigente equivalente al 0,42% del PIB y alcanzó a 2,6 millones de familias, distribuyéndose un 60% en hogares con un solo hijo/a, 26% con hasta dos hijos/as y 14% con tres o más hijos/as.

Al momento de comparar los montos otorgados a través de la Tarjeta Alimentar y el valor de la canasta básica alimentaria (CBA), surge que el monto promedio de la Tarjeta Alimentar apenas alcanzó para cubrir un tercio de la CBA en los hogares monoparentales. 

Y en los hogares biparentales este monto se reduce aún más (alcanza a cubrir un cuarto de la CBA). Esta situación expone el carácter de la propia política como un complemento al ingreso familiar más que una política efectiva para garantizar la seguridad nutricional de la población.

Más allá del grado de cobertura alcanzado por la Tarjeta Alimentar, según la EPH correspondiente al segundo semestre de 2022, todavía existían en Argentina 1,7 millones de menores de edad habitando hogares en los que el ingreso familiar resultó insuficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias, lo que se reconoce como pobreza monetaria extrema o indigencia. Un universo de personas menores de edad que han quedado excluidos de la cobertura actual de la Tarjeta Alimentar.

Lo que, a su vez, está en sintonía con los resultados arrojados en uno de los últimos informes elaborados por Unicef, donde se releva que en Argentina hay "alrededor de 6,8 millones de personas menores de 18 años en la pobreza monetaria y unos 1,7 millones en la pobreza monetaria extrema". 

Estas condiciones colocan a casi 2 de cada 3 niños y niñas en una situación de pobreza e indigencia, situación que no solo se expresa en una restricción de ingresos sino también en una privación multidimensional de derechos básicos como, salud, seguridad social, vivienda, etc. Lo cual se combina con un retroceso acumulado en los ingresos de los hogares respecto al precio promedio de la canasta básica alimentaria: "Entre 2016 y 2022 el precio promedio de la canasta básica total se multiplicó por 8,2 y el de la canasta básica alimentaria por 8,9, mientras que los ingresos familiares se multiplicaron solo por 6,8".

Debatir políticas alimentarias

Este escenario actual pone en el centro de la agenda pública un desafío concreto al momento de debatir las políticas alimentarias en Argentina. Desde el alcance de cobertura de las distintas políticas de protección social, el continuo monitoreo y evolución de la ejecución de programas, hasta la incorporación de los mecanismos necesarios para que los ingresos que se destinan al consumo de alimentos logren garantizar la seguridad alimentaria y la calidad nutricional, deben ser considerados para afrontar la problemática creciente de la pobreza y la indigencia.

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