El programa económico electoral planteado por el Gobierno tenía como objetivo encauzar tres objetivos fundamentales: el crecimiento de la economía, contener el tipo de cambio y que los salarios le ganen a la inflación. La inflación, sumada a la segunda ola de la pandemia, ponen en riesgo esas metas.
El último informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso), el plan de acción del oficialismo contenía dos grandes riesgos. El primero tiene que ver con la segunda ola de coronavirus, en un contexto de pandemia global y escaso acceso a las vacunas.
“La posibilidad de segundas y terceras olas de similares características a las que se veían en el invierno del hemisferio norte a lo largo del año podría forzar una nueva parálisis de las actividades poniendo fin al rebote estadístico”, consignaron.
El segundo riesgo, aunque no menos importante, tiene que ver con el fino equilibrio que deberían encontrar tres variables clave (tipo de cambio, salarios e inflación) para dar con la sutil recuperación del ingreso real pretendida. “Ambos riesgos comienzan a materializarse de forma cada vez más evidente las últimas semanas”, consideró Ceso.
La carrera entre las vacunas y los contagios
A comienzo del año, el Gobierno esperaba avanzar rápidamente con la vacunación masiva y poder contener los casos, evitando volver a restricciones más duras tal como se vio en Europa. Más allá de la cuestión sanitaria, existen obviamente necesidades económicas de no llegar a un escenario al que parecería haberse llegado.
En las proyecciones privadas y también oficiales se estima que por el “efecto rebote” la economía crezca entre 6% y 7% en 2021. “De ahí que la esperanza oficial está puesta en que la política de vacunación masiva logre reducir la expansión del virus y las medidas de restricción de actividades serán el último recurso intentando afectar solamente aquellas donde el riesgo de contagio sea mayor”, señaló el informe.
Ante posibles restricciones más duras, incluso más que las últimas, el hecho de no tener contempladas partidas específicas para atender situaciones de parálisis de la actividad en el Presupuesto 2021 puede encender algunas luces de alarma. Sin embargo, tampoco estaban previstas estas partidas el año pasado.
En ese sentido, para Ceso el impacto más grave de una necesaria restricción de actividades por cuestiones sanitarias será el impacto económico. El año pasado el llamado "gasto Covid", focalizado en el IFE y el ATP, llegó a los $2 billones y representó alrededor del 5% del PIB.
En tanto, para este año el Gobierno fijó una meta del 4,5% para el déficit primario en el Presupuesto y, en medio de una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un nuevo programa de financiamiento, busca mantenerse en los supuestos que planteó en la ley de leyes, aun con metas como el 29% de inflación. El propio ministro de Economía, Martín Guzmán, planteó que la idea es que no haya un parate total similar al año anterior que requiera semejante magnitud de ayuda social.
Sin embargo, Ceso explicitó que “el costo fiscal de las medidas compensatorias no tiene un efecto macroeconómico considerable y sólo parece predominar la preocupación de un excesivo fisicalismo, tal vez agravado por la presión del FMI de cara a un futuro acuerdo de reestructuración de su deuda”.
En cuanto a las presiones cambiarias que podría traer la monetización de un mayor déficit, “pueden ser contenidas a través de las intervenciones en el mercado paralelo aprendida tras la mala praxis del año pasado”.
La inflación
El segundo elemento que jaquea la política económica es el impacto inflacionario en el escenario distributivo. La fuerte dinámica de los precios relevada los últimos meses muestra que ese fino equilibrio (entre precios, salarios y crecimiento) no se está logrando. Tampoco en abril hay muestras de desaceleración de los índices inflacionarios, ya que se espera que el acumulado en los primeros cuatro meses de 2021 quede en 17% con un dato mensual cercano a 4% para el mes en curso.
Para Ceso, un factor determinante en esta dinámica es “el tipo de cambio como variable clave para cualquier economía que enfrenta una restricción externa al crecimiento” dado que “resulta evidente el rol desencadenante que tienen las devaluaciones en cada aceleración inflacionaria”.
Si bien en los últimos meses se desaceleró fuertemente el ritmo de devaluación, desde septiembre hasta enero se fue acelerando hasta llegar al 4% mensual. En marzo, la devaluación mensual fue de 2,7% y en abril apunta terminar por debajo del 2%. Sin embargo, los precios suben al 4% todavía. ¿Ayudará anclar el dólar, o será poco?
El otro componente que explica en buena medida el escenario actual es la inercia inflacionaria. La inercia es ese valor al que retornó la inflación después de cada shock que la aceleró y que se mostró como un piso difícil de perforar. En gran parte de los últimos años, ese valor se ubicó en torno al 20%.“Entendemos que el impulso a la inflación se reparte en distintos fenómenos. A un piso inercial ya de por sí elevado, se agregan precios internacionales de productos primarios a valores récord que impactan en lo más básico de la canasta (especialmente carnes)”, destacan. En paralelo, la recomposición de algunos precios sectoriales que habían estado retrasados en el contexto de pandemia (entretenimiento, turismo y educación) también habrían contribuido a este proceso.
Estrategia oficial para contener precios
El oficialismo utilizó durante estos meses las mesas sectoriales para una convergencia en las expectativas de precios y salarios. “Nuevos regímenes, nuevas herramientas de control y algunas sanciones no son la solución definitiva y son los instrumentos que cualquier gobierno prefiere no utilizar, aunque ayudan a encauzar las mesas de negociación”, objetó el trabajo.
En cuanto al sector del trabajo, el centro de estudios estima que las paritarias que cerraron en torno a 30% y 35%, con una inflación que difícilmente se ubique debajo del 40%, están destinadas a perder poder adquisitivo. “Los esfuerzos deben estar concentrados en que la pérdida a lo largo del año sea la menor posible porque de lo contrario se sentirá el impacto en la actividad. Con la negociación del Salario Mínimo Vital y Móvil, hay una oportunidad de dar un fuerte mensaje a la base de la pirámide de ingresos”, mencionaron.
Finalmente, el informe consideró que “no se perciben factores que continúen acelerando los precios y todo indica que paulatinamente deberían moderarse los indicadores mensuales. “Exagerar el rol del ancla fiscal en este contexto puede profundizar los costos a cambio de un muy limitado aporte a la dinámica inflacionaria”, concluyó Ceso.
Hacia adelante, dice el informe, “no se perciben factores que continúen acelerando los precios y todo indica que paulatinamente deberían moderarse los indicadores mensuales”.
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Comercio cerró en 32%
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) anunció ayer el cierre de la paritaria anual (que va de abril de 2021 a marzo de 2022), con un aumento del 32%, pagadero en cuatro tramos. También estableció una revisión en enero 2022, donde se discutirá la diferencia inflacionaria inter anual del convenio. El legendario Armando Cavalieri llegó a un acuerdo con la las cámaras (CAC, CAME y UDECA) que establece un incremento a partir de marzo 2022 de los salarios básicos de convenio, que pasará a ser de $74.733, más los adicionales correspondientes.
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48 horas: nuevo ultimátum moyanista
“Si en 48 horas la empresa no paga el dinero de los trabajadores, vamos a determinar un paro general”, sentenció ayer el líder camionero, Pablo Moyano. La empresa en cuestión es Dorinka (ex Walmart) y el pedido de Moyano es que despida al personal, le pague la doble indemnización y, luego, los recontrate. Son cerca de 500 empleados y la empresa se niega a hacer eso. El propio ministro de Trabajo, Claudio Moroni, señaló que “no hay ninguna norma que obligue a la empresa a pagar”. Luego Moyano invitó a que “este ministro seudoperonista les explique (su posición) a los trabajadores en una asamblea”.
