Biden trata de salir del laberinto de Afganistán

15 de marzo, 2021

Biden trata de salir del laberinto de Afganistán

Por Atilio Molteni  Embajador

El Gobierno de Joe Biden decidió confirmar, en la gaveta de sus prioridades de política exterior, hacer otro intento por hallar una solución diplomática a la vetusta presencia de Estados Unidos en Afganistán. Para Washington hoy el camino pasa por incidir en las negociaciones que se desarrollan entre las autoridades afganas y El Talibán, cuyo repaso será materia de una conferencia internacional auspiciada por la ONU que habrá de deliberar en Turquía. El segundo objetivo de semejante convocatoria será el cómo llevar a la práctica el acuerdo logrado entre Estados Unidos y dicho grupo armado hace menos de dos años.

El pasado 7 de marzo, el Secretario de Estado, Antony Blinken, dirigió una carta al presidente afgano, Ashraf Ghani, instándolo a liderar y destrabar las negociaciones con dicho grupo. Le informó que su país revisa la fecha de retiro de los 2.500 soldados estadounidenses que aún se hallan en territorio afgano (llegaron a ser 100.000 en 2011), enfatizando que, de completarse la evacuación, el actual Gobierno de ese país puede enfrentar una situación inmanejable.

De producirse semejante retiro, también se iría el personal contratado y unos 8.000 efectivos que aportaron otros miembros de la OTAN. Es innecesario destacar que un repliegue de esa naturaleza haría colapsar al Gobierno afgano y permitiría restablecer en Kabul el poder del Talibán, facción que mantiene activa la cooperación con los grupos terroristas más extremistas del planeta y cuya dirigencia nunca trató de reducir el sesgo violento de sus acciones.

Además de la delegación estadounidense, la Conferencia de Turquía atraerá la presencia de China, Rusia, Paquistán, Irán e India, que son las naciones más interesadas en concebir una solución a este eterno y sensible conflicto regional. Ninguna potencia o tropa extranjera salió victoriosa de esta peculiar nación.

Según los observadores, el ejercicio serviría para debatir una posición unificada con vistas a fortalecer un proceso de paz, enfoque que trastocaría el escenario del Asia Central, donde cada una de esas naciones alberga sus propios intereses de mediar un escenario pacífico en Afganistán.

Algunos de los participantes de la Conferencia están involucrados en el denominado “Proceso de Moscú”, conducido por los enfoques y el “estilo geopolítico” del Kremlin. No obstante, de prosperar el nuevo formato en vías de negociación, quedaría demostrada la viabilidad de las ideas de la actual Casa Blanca para utilizar la diplomacia y la cooperación regional con el fin de lograr objetivos como la utópica noción de poner fin a la guerra y hacer viable el retiro militar estadounidense de Afganistán.

Washington le costó un año de intensa negociación llegar a un acuerdo con El Talibán el 29 febrero de 2020, un trato orientado a permitir el antedicho retiro de las tropas del Pentágono, el que se esperaba completar en mayo de 2021.

En ese momento la Casa Blanca de Donald Trump ambicionaba salir cuanto antes de esa trampa o laberinto geopolítico, el que venía desangrando el prestigio, los fondos y la realidad geoestratégica de Estados Unidos. El trato también incluía el compromiso de facilitar el intercambio de prisioneros con el Gobierno afgano y levantar las sanciones existentes.

Por su parte, el Talibán asumió la responsabilidad de impedir que sus miembros y aliados, entre ellos la militancia de Al Qaeda y Estado Islámico (EI), utilizaran el territorio afgano para atacar a las tropas estadounidenses y de sus aliados. El paquete incluía, con un notable grado de ingenuidad, la prohibición futura de desarrollar las existentes u otras actividades armadas contra las fuerzas occidentales.

Este proceso erróneo llegó a las manos del presidente Biden con plazos de ejecución muy estrechos, ya que su antecesor tuvo en cuenta el panorama electoral de su país, mientras sostenía que el papel de los militares estadounidenses no consistía en ser la policía del mundo y que las autoridades afganas debían hacerse cargo de su propia seguridad.

En su demencial irresponsabilidad, Trump ignoró que estaba obteniendo promesas de un país fracasado como Afganistán, con un sistema político en quiebra por las pujas de fuerzas antagónicas e inmanejables, donde la corrupción era y es la única normalidad. Un país donde El Talibán controla 24 de sus 34 provincias, cuyos recursos económicos dependen de la producción de narcóticos y un presupuesto que obtiene el 75% de sus recursos de la ayuda internacional, en su mayor parte originada en los Estados Unidos.

En ese contexto, El Talibán asumió la obligación de iniciar conversaciones con el Gobierno del presidente Ghani antes el 10 de marzo de 2020, con algo parecido a una carta blanca, puesto que Washington no previó condiciones de paz, ni quedaron establecidos los nexos o secuencias del retiro estadounidense con la evolución de todo el proceso.

Bajo esa perspectiva, y como era previsible, el intercambio de prisioneros tardó meses en concretarse y El Talibán continúo su rutina de violencia política y social. Las conversaciones recién comenzaron el 20 de septiembre en Doha, cuando las partes intercambiaron agendas con sustancia parecida, sin definirse la secuencia en que los temas debían discutirse, pues el cese del fuego, prioritario para Kabul, era el último de los puntos que El Talibán quería negociar.

En apariencia las autoridades de Washington habían olvidado que el Gobierno del Talibán se constituyó cuando sus militantes tomaron en 1996 la ciudad de Kabul, con el estilo hoy adjudicado al EI. Una vez sentados en el puesto de mando impusieron un régimen islámico extremo, una especie de bosquejo de lo que después fue EI. Posteriormente, Al-Qaeda trasladó a ese entorno su base de operaciones y los gobernantes afganos de ese momento establecieron una relación estrecha con Osama bin Laden, pues ambos bandos habían adherido al concepto de la Yihad global.

El septiembre de 2001, Al-Qaeda ejecutó acciones terroristas sobre varios blancos estadounidenses, incluidas las Torres gemelas del World Trade Center y el Pentágono. Tres días después de esos hechos, el Congreso autorizó al entonces presidente George W. Bush (h) a utilizar todos los medios apropiados contra los Estados y las personas responsables de esos ataques, decisión ratificada por la Resolución 1368 del Consejo de Seguridad de la ONU, pues la comunidad internacional consideró que Washington estaba ejerciendo su legítima defensa.

Un mes después, el 7 de octubre de 2001, comenzó la operación militar “Enduring Freedom” (Preservando la Libertad) y dos meses más tarde El Talibán fue vencido y se creó un Gobierno provisional en Afganistán con apoyo de la comunidad Occidental.

Tras aplicarse la nueva estrategia de la Casa Blanca, la magnitud de las fuerzas y el cumplimiento de los objetivos respondieron a los distintos criterios políticos y estratégicos que orientaron, sucesivamente, a los presidentes Bush (h), Obama y Trump, convirtiéndose en la acción militar más larga de la historia de los Estados Unidos.

En enero de 2015 Washington organizó una operación militar encabezada por la OTAN, denominada “Resolute Support” (Apoyo Decidido), cuyo propósito fue entrenar, asistir y aconsejar a las tropas afganas. Sin embargo, tras 20 años de operaciones militares en su contra, El Talibán demostró ser una fortaleza resistente, lista para exhibir capacidades tácticas y una masa de combatientes dispuesta a jugarse por la victoria, lo que explica la persistencia de una lucha sin fin a la vista.

A diferencia de sus antecesor Mike Pompeo, el actual Secretario de Estado Blinken hizo llegar a las partes afganas un borrador de acuerdo, que incluye una tregua de 90 días para dar lugar al desarrollo de un “Gobierno de Paz” con representación de El Talibán, la idea de compartir el poder mientras se redacta una nueva Constitución que contenga normas de protección para las mujeres y las minorías, así como el derecho de los afganos a elegir libremente a sus propios líderes, un permanente y comprensivo cese del fuego y una reorganización de las fuerzas militares y policiales para monopolizar el ejercicio del poder y la seguridad nacional.

Ninguna de esas metas es fácil de alcanzar, debido a que su existencia supone acuerdos entre dos fuerzas que representan ideologías completamente distintas entre un Gobierno que intenta alcanzar un carácter democrático y un emirato islámico de tenor fundamentalista. Hasta ahora El Talibán no dio respuesta a tal iniciativa, especulando con la idea de que las acciones militares están a su favor, mientras el Gobierno de Ghani tuvo comentarios negativos, pues una eventual nueva etapa política significaría su alejamiento del poder y el de la elite política que se organizó en Kabul al caer El Talibán, representando a distintos “jefes de la guerra”, sin ser el resultado de un consenso entre los distintos grupos étnicos afganos.

En adición a todo esto, el presidente Biden tendrá que decidir si sus tropas van a permanecer o irse de Afganistán, pero en un contexto de partida diferente, pero que sería dramático y daría lugar a más violencia y a un triunfo del terrorismo global, en medio de una guerra civil, un hecho que tendría amplias consecuencias regionales.

La opción B, que es defendida por un sector de la opinión especializada, sería reorientar las acciones estadounidenses en Afganistán mediante un nuevo enfoque basado en priorizar la solución de los problemas de gobernanza del país, teniendo en cuenta la posición de sus diferentes grupos étnicos mediante la gestión de sus diplomáticos y de sus programas de ayuda, continuando con su presencia militar y de la OTAN para consolidar a las fuerzas afganas, sin dar relevancia a sus negociaciones con El Talibán.