Por Héctor Rubini (*)
Ayer se celebraron las elecciones presidenciales en Ecuador. Tras el cierre de los comicios, los sondeos de boca de urna indicaban inequívocamente que se impuso el economista Andrés Arauz Galarza, exfuncionario de Rafael Correa, quedando en el segundo puesto el exministro de Economía, Guillermo Lasso Mendoza.
Los números indicaban que Arauz no logró el 50% más un voto, ni el 40% de los votos con 10 puntos porcentuales de diferencia para ganar en primera vuelta. Por lo tanto, el 11 de abril, Arauz y Lasso competirán en un ballotage que asoma reñido y probablemente muy conflictivo.
Sin embargo, sobre la medianoche de nuestro país, el Consejo Nacional Electoral publicó un primer conteo rápido sobre el 8,55% de votos escrutados según el cual Arauz ganaba con el 32,7% de los votos, seguido por el dirigente del movimiento indígena Pachakutik, Yaku Pérez Guartambel, con el 19,56%. Lasso recién aparecía tercero con el 19,35% de los votos. Detrás de este último, la gran sorpresa: el candidato Xavier Hervas (el “tiktokero”) de la Izquierda Democrática con el 15,35% de los votos.
Por lo tanto, se perfila que, para el 11 de abril, Arauz y Pérez, o en su defecto Lasso, competirán en un ballotage que asoma reñido y probablemente muy conflictivo.
A diferencia del actual presidente Lenin Moreno, Arauz cuenta con mucha mayor afinidad y cercanía del expresidente Rafael Correa quien regresaría al país en caso de que Arauz se imponga en el ballotage. Sería una réplica de otro caso de “proxy-president” en el que el verdadero dueño del poder sería su ex superior, quien regresaría al país como asesor presidencial. En general se espera que, de ocurrir eso, una eventual dupla Arauz-Correa marcaría el inicio de una suerte de persecución contra sus enemigos políticos de final imprevisible.
Según sus declaraciones y propuestas, Arauz iniciaría un rápido giro hacia una alta intervención estatal en la economía, un alineamiento con Venezuela y gobiernos de la región distanciados de Washington, y el retorno al modelo económico populista de Correa.
Para el eventual inicio de su gestión ha prometido el pago de un bono de U$S 1.000 mensuales a 1.00.000 de personas de bajos ingresos, pero su factibilidad es una incógnita. También se espera que intente una reforma constitucional para promover su eventual reelección indefinida. Al igual que Correa, hace gala de una locuacidad excesiva. Días atrás afirmó que el Gobierno de Argentina le había “garantizado” 4,4 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus en caso de llegar a la presidencia. El presidente Alberto Fernández debió aclarar que sólo intercedería para facilitar las negociaciones entre Ecuador y diversos laboratorios.
Lasso, en cambio, se perfila como un candidato atractivo para todo el electorado que no desea ni por asomo regresar al llamado “socialismo del Siglo XXI”. Pero también despierta bastante desconfianza en muchos votantes. Fue ministro de Economía del expresidente Jamil Mahuad e implementó en 1999 un “corralito” bancario que nadie ha olvidado.
En esa oportunidad los depositantes acorralados fueron “compensados” con certificados de depósitos transferibles equivalentes al saldo inmovilizado en las cuentas bancarias, que pocos días después fueron comprados por los propios bancos al 40% o 50% de su valor nominal. Los principales bancos (el propio Lasso proviene del sector bancario) se beneficiaron por esta transferencia de riqueza que empobreció a gran parte de la población.
La operatoria se completó con la emisión monetaria con la que el Gobierno “compensó” a los bancos comprando a las entidades esos certificados al 100% de su valor. Preludio de la megaemisión monetaria que empobreció a toda la población y aceleró el camino hacia la dolarización de la economía. Posteriormente, Lasso logró ir limpiando su imagen, pero nunca logró imponerse en las dos elecciones a las que se presentó como candidato presidencial. Sin embargo, el resultado de ayer lo consolida como un referente atractivo para los sectores que no desean el retorno de Correa ni de sus políticas.
Yaku Pérez es el candidato del partido Pachakutik (en quichua significa “dar vuelta la torta” o “poner todo patas para arriba”), que es el brazo político de la llamada Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE). Para la elección de 2007 apoyaron a Correa, pero durante los mandatos de este último rápidamente se fueron distanciando y terminaron fuertemente enfrentados con el correísmo.
Con Moreno hubo un cierto acercamiento en 2017 y 2018, pero la situación se revirtió con el levantamiento popular de octubre de 2019 por la fuerte suba de los combustibles que Moreno quiso aplicar según lo acordado con el FMI. Allí surgió la posibilidad de una candidatura de Pérez, un abogado que
había ganado las elecciones en la provincia de Azuay en marzo de 2019. Sus propuestas son delo que ellos consideran una “izquierda limpia”, en contra de la minería metálica, y de los daños ambientales de las petroleras en el Amazonas, y a favor de la estatización de la educación y de la salud, una baja del IVA del 12% al 10%, y fomentar la inversión extranjera, salvo en la
minería donde propone permitir la extracción de oro y cobre solo en las dos minas hoy en actividad.
El escenario socioeconómico se presenta altamente polarizado. La “grieta” entre quienes añoran a Correa y quienes lo detestan es muy marcada, y nada cambiará eso al menos en el corto plazo. Entre los primeros, valoran la mejora de los indicadores económicos y sociales en sus mandatos. Entre los segundos, el recurso al endeudamiento externo insostenible por el desbalance fiscal de esos años llevó a pedir en 2019 un salvataje al FMI y al programa de ajuste que provocó el estallido social de aquel año. La crisis del Covid-19 mostró una administración endeble, sin suficientes recursos ni eficiencia para evitar recurrir a cuarentenas que han llevado a la quiebra a miles de empresas.
Todavía no hay cifras oficiales definitivas, pero el Banco Central de Ecuador ya estimó que estima que el PIB cerró 2020 con una caída de 8,9%, mientras los precios al consumidor acumularon una deflación de 1,5%. A su vez, la población en condiciones de pobreza supera el 35% del total mientras la tasa de desempleo urbano saltó del 4,9% en la prepandemia al 8,6% en la medición de septiembre pasado.
Hoy ya no queda ni el recuerdo del período 2006-2014, en que el precio del petróleo (principal fuente de divisas de Ecuador) cotizaba en torno de U$S 100 el barril. La abundancia de divisas se canalizó vía impuestos y gasto público a un aumento sustancial del gasto público, junto a reformas a la normativa laboral que restó flexibilidad y competitividad a la economía ecuatoriana. Algo que luego de la baja del precio del petróleo a partir de 2015 forzó al Gobierno de Correa a aumentar la deuda pública.
Sin dolarización tal vez se hubiera emitido moneda y disparado la inflación. La única opción fue aumentar la deuda pública, para contener la crisis, pero esto no evitó los problemas de liquidez que forzaron al actual presidente Moreno, a solicitar ayuda al FMI y a soportar los costos económicos y políticos del rechazo a los ajustes en tarifas públicas y en el empleo público.
La economía no revirtió en 2020 la recesión, los recursos tributarios no aumentaron y las cuentas fiscales empeoraron. Según la Cepal, la actual administración cerró 2020 con un déficit fiscal en torno de U$S 8.800 millones. Esto es 9% del PIB, superando así al de 2019, que ascendía al 6,3% del PIB ecuatoriano. El programa de ajuste acordado con el FMI en 2019 y la reestructuración de la deuda con bonistas en agosto pasado lucen igualmente insuficientes para revertir la recesión en curso.
La pandemia, la falta de competitividad y el trasfondo de la inmigración venezolana serán los primeros dolores de cabeza para el nuevo presidente. De mínima, deberá priorizar la inmunización de toda la población, incluidos los inmigrantes venezolanos, que según la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) son ya algo más de 415.000 personas. Pero sin volver a crecer, Ecuador se puede complicar más.
Los inversores mostraron una marcada desconfianza ante el potencial triunfo de Arauz y el anuncio de un “bono” para la población de financiamiento hasta ahora desconocido. El riesgo país (EMBI Ecuador) de la deuda del Gobierno ecuatoriano subió en enero de 1.076 a 1.273 puntos básicos, pero en la primera semana de este mes bajó hasta cerrar el pasado viernes a 1.091 puntos básicos. Tal vez se descuente una administración futura que opte por reformas que permitan recuperar competitividad para cuando el mundo se normalice y se recupere el comercio exterior y la demanda agregada en los países desarrollados.
Pero esto requerirá evitar la fiesta fiscal de los años de Correa, cuyos costos además por varios años. El desafío es el de atraer inversiones y diversificar el menú exportador con menos déficit fiscal y sin agravar la conflictividad política interna. Lo único que le espera al potencial ganador es preparar un programa coherente y políticamente viable para volver a crecer. Sin inversiones ni crecimiento, la sociedad ecuatoriana no logrará superar el escenario recesivo y conflictivo que le espera para los próximos meses, cualquiera sea el que asuma como presidente en mayo próximo.
(*) Economista de la Universidad del Salvador (USAL)
