Por Héctor Rubini (*)
La semana pasada ha sido una de las peores para las autoridades en el mercado cambiario. La intervención del BCRA en el mercado de bonos mantiene acotada la volatilidad y la suba del dólar CCL, pero el dólar “blue” cerró casi en $ 180. Fruto no sólo de la recepción poco auspiciosa que tuvieron algunas declaraciones de funcionarios en el 56° Coloquio de IDEA de la semana pasada, sino también de la reacción de las autoridades que siguen sin convencer a los mercados.
La Com. “A” 7138 del BCRA (del 15/10/20) trata de remover los incentivos a la sobrefacturación de importaciones. La nueva norma exige a los importadores que la declaración del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) cuenten con el estado de “Salida” para: a) registrar pedidos de importaciones para consumo y b) cancelar cartas de crédito o avalar letras por importaciones a partir del 16/10/2020. Además, los registros de ingreso aduanero con despachos de importación pendientes entre el 2/09/19 y el 31/10/19 en condición de demora, quedarán en situación de demora en caso de no haber sido regularizados con la oficialización de los respectivos despachos.
La nueva regulación permite a las empresas utilizar divisas obtenidas por importaciones para cancelar deuda bajo la forma de títulos de deuda en moneda extranjera si la vida promedio de ese pasivo es no inferior a un año o emisiones de nueva deuda con registro en el país no en el exterior a partir del 9/10/20 con vida promedio no inferior a dos años y para nueva deuda o aportes de capital de inversión directa atados a la reestructuración de deuda privada con no residentes con vencimiento hasta el 31/03/21, según lo previsto en la Com. “A” 7106. Esto respondería a las consultas a empresas que deben reestructurar pasivos externos según la Com. “A” 7106 (poco más de U$S 1.200 millones concentrados en unas 30 firmas).
La nueva norma modificó también el régimen que exigía a los bancos informar al BCRA con 48 horas de anticipación las necesidades de divisas no inferiores a U$S 500.000. La Com. “A” 7138 obliga ahora a las entidades a informar con dicha anticipación toda operación de egresos que suponga un acceso al mercado oficial de cambio por montos mayores o iguales a U$S 50.000. La intención es más que evidente: ampliar el universo de operaciones a las cuales denegar giros al exterior por montos menores a los previstos en la normativa vigente hasta la semana pasada.
La nueva regulación fue acompañada por la suba de tasas mínimas de depósitos a plazo fijo en pesos por hasta $1 millón de 33% a 34%, y en el mercado interbancario redujo la tasa de las Leliq para nuevas licitaciones de 37% a 36% anual, y subió la de los pases pasivos de 27% a 30%.
La intención básica es restringir el acceso a dólares, e incentivar el ahorro en pesos. Esto fue complementado a última hora del viernes con el anuncio un proyecto de ley de desgravaciones impositivas para inversiones en pesos. Una buena intención por parte del ministerio de Economía, pero insuficiente. En realidad, como se hizo 15 años atrás, se podría contemplar alguna forma de “blanqueo” para canalizar a segmentos como el de la construcción y el sector inmobiliario de ahorros no declarados en dólares. Pero no es esa la idea de las autoridades.
Mientras tanto, la segunda parte del mes asoma con más incertidumbre y perspectivas de volatilidad de precios relativos en aumento. A la multiplicidad de cotizaciones del dólar se suma la progresiva suba de combustibles (4,5% en agosto, 3,5% en septiembre y 3,5% en octubre) que va poniendo un inevitable “piso” a la inflación. A esto se sumará la incertidumbre sobre si habrá o no prórroga a fin de año del congelamiento a las tarifas de servicios básicos, telefonía, internet y TV por cable y qué ocurrirá con los pasajes (y la reapertura o no) del transporte de pasajeros.
Las expectativas de subas de precios pueden además robustecerse en presencia de desabastecimiento. Esto puede pasar a ser el nuevo gran problema (y no sólo para los consumidores) a partir de la acumulación de pedidos de licencias de importación sin respuesta, demoras para autorizar importaciones superiores a los 60-90 días, y los casos de importaciones ya pagadas, pero no liberadas de Aduana.
El mercado de cambios, a su vez, se comporta como un caso básico de libro de texto. Las restricciones al acceso a divisas incrementan el exceso de demanda de divisas para transacciones “legales”, pero también para el segmento no regulado. La brecha entre el dólar “blue” y el oficial difícilmente baje. Y en caso de seguir aumentando, no hará más que exacerbar la expectativa de una devaluación. Algo que erosiona a diario la credibilidad de los funcionarios. Y sin credibilidad se tornará muy difícil revertir una suerte de crisis de balanza de pagos permanente. De hecho, no es claro que la nueva modificación de tasas interbancarias sea efectiva para reducir el costo cuasifiscal para la autoridad monetaria. Eso dependerá de si se reducirá alguna vez el pasivo remunerado del BCRA de letras y pases que al 15 de octubre era de $2,59 billones, superando a la base monetaria a esa fecha en 10,4%.
Por otro lado, irá cobrando creciente atención el efectivo inicio y evolución de las negociaciones entre el Gobierno argentino y el FMI. El Gobierno deberá mostrar no sólo planes creíbles y sostenibles, sino decisiones concretas sobre cómo crecer, generar divisas y devolver al organismo los U$S 47.000 millones prestó al país durante la administración anterior. El organismo parece entender la compleja trama social y política interna de nuestro país, pero hay que devolverle la plata prestada. Y básicamente, explicar cómo hacerlo.
Lo único ha quedado claro en lo que va del año es que para abandonar el actual sendero de empobrecimiento y conflictividad interna se requiere un cambio de enfoque y de políticas. Caso contrario, se tornará en extremo dificultoso evitar meses de alta volatilidad cambiaria y de precios. Y esto no sólo puede enturbiar las negociaciones con el FMI. Puede complicar seriamente el escenario macroeconómico y exponer al gobierno a una probable derrota en las elecciones legislativas del año próximo.
(*) Economista Universidad del Salvador (USAL)
