La grieta discute todo: virus, espías, Vicentin, tribunales, y hasta saber quién manda

14 de julio, 2020

Por Oscar Muiño

La convivencia en el inicio de la pandemia de coronavirus ofrecía una prueba de sabiduría y convivencia, simbolizada con aquella mesa compartida por el presidente peronista, el jefe de gobierno del PRO, el mandatario radical jujeño.

Madurez más valiosa al compararla con otras naciones. La actitud ante el Covid-19 enfrenta a presidentes con gobernadores (notorio en Brasil y Estados Unidos), a oficialismo contra oposición (se ve en Italia y España). Los cuatro países con mayor cantidad de muertos. En Argentina, aunque la situación no esté bajo control, resulta evidente que la respuesta oficial hasta ahora ha sido consensuada y sus resultados muy superiores a los de esos países, Chile o México. Considerar el confinamiento una forma de prisión no resiste análisis.

Si en salud gana el Gobierno, Justicia va para la oposición, que denuncia la liberación de diversos condenados por negocios incompatibles con la función pública durante 2007-2015. Muchos ciudadanos están convencidos que la República exige cárcel para ellos. Y votaron para eso.

El oficialismo actual habla de persecución (idea que no ha perforado los espíritus) y se atrinchera en sus seguidores, cuyo sufragio –dice- demuestra que la cuestión no le parece relevante o, incluso, que no desea prosigan las acciones penales. El oficialismo está flojo de papeles en materia de tribunales y el macrismo derrapa en denunciar persecuciones, ataques a la libertad de pensamiento, expresión y prensa. Existieron durante la presidencia de Cristina, pero –al menos por ahora- no hay conductas ni televisión estatal descalificadora, ni escraches, ni pauta caprichosa ni docenas de medios facciosos financiados por el Estado ni exclusión de la crítica o ataques a la totalidad de la oposición como los hubo. Una vez más da la sensación que ciertos denunciantes nunca han estado bajo la mira de los autoritarismos y las dictaduras de verdad.

Espionaje ilegal

Con una excepción. El intento de cierto oficialismo para justificar la persecución penal a periodistas por utilización de material de inteligencia. Podrá ser reprochable o aun repudiable, pero no tiene nada de punible. La jurisprudencia norteamericana lo decidió hace medio siglo cuando permitió a los diarios editar los papeles secretos del Pentágono. Este principio se expandió y llegó a Argentina, que no tipifica –y por tanto, no puede condenar- la difusión de material clasificado, salvo a quienes deben mantenerlo secreto, es decir, los funcionarios públicos.

Otra cosa es el espionaje interno. La legislación argentina prohíbe fisgonear a políticos y empresarios adversos. Como en tantas áreas, la norma se viene violando con entusiasmo.

Acá no hay inocencias. El espionaje ilegal hermana los períodos de Cristina y Mauricio Macri. El caso de 6,7,8, aquel programa de la televisión pública donde saltaba a la vista la utilización de material provisto por agencia de inteligencia para zamarrear opositores. Ahora, la investigación acecha a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, los jefes de AFI, dos figuras con pocos admiradores fuera de la oficina de Mauricio.

Tin, tin, tin

El caso Vicentin demuestra la torpeza de oficialismo y oposición. El oficialismo pudo haber manejado el concurso a través del Banco Nación, ignoró que entre los damnificados no abundan proletarios ni pymes, y recurrió a una “soberanía alimentaria” ilusoria. Sin contar que pagó un precio enorme ante los acreedores externos, que imaginaron que la Argentina no carecía de fondos, sino que pensaba escamoteárselos a ellos. Inconcebible, en momentos que el objetivo explícito de la Casa Rosada es privilegiar la reprogramación de la deuda externa.

La patinada opositora se lanzó sin escuchar lo que murmuran los acreedores de acopiadoras y cooperativas, que hacen explícito un informe reservado firmado por Vicente Massot o el reportaje de Enrique Pizarro al presidente de Morixe en El Economista, donde actores insospechables de cristinismo exponen serios reparos a la conducción empresaria.

¿Quién manda? Muchos opositores de infantería están convencidos que toda decisión estatal nace de Cristina. El presidente sería, apenas, una suerte de hombre de paja. Esta percepción es estimulada por la propaganda del macrismo extremo, pero también por aquellos funcionarios que se jactan de “obedecer sólo a Cristina”. Nada afecta tanto la gobernabilidad como la convicción –no importa si verdadera- que un presidente no manda.

Alberto debe hacer equilibrismo. Escuchar a Cristina sin hacerle caso en todo y acercarse a la oposición razonable sin romper con ella. De ese éxito depende buena parte de su propio destino. Este es la segunda nota de una serie de cuatro: las próximas dos serán publicadas esta semana

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