Lo impagable es el déficit fiscal, no la deuda pública

13 de noviembre, 2019

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Por Jorge Colina Idesa

 

El país tiene un difícil problema de deuda pública. El intenso proceso de endeudamiento en los dos primeros años de la actual gestión (para financiar el “gradualismo”) más la posterior crisis cambiaria, que triplicó el valor del dólar (desde $20 a inicios del 2018 a los actuales $60) determinan que la próxima gestión hereda un nivel de deuda pública superior a 100% del PBI. Tamaño nivel de deuda es muy difícil de pagar, máxime cuando casi el 80% está en dólares y el país no genera muchos dólares.

 

La situación se hizo más crítica aún, cuando en agosto pasado quedó en evidencia que nadie está dispuesto a seguirle prestando al Estado. El “reperfilamiento”, una elusiva denominación que se usó para posponer el repago de los bonos públicos, no es más que un intento por disimular la negativa del mercado a refinanciarlos.

 

En ese escenario, el Presidente electo manifestó sus muy justificadas dudas de que la Argentina pueda pagar su deuda. Desde muchos sectores, incluso no afines al Presidente electo, confirmaron esta impresión. De todas formas, preocuparse por la imposibilidad de repago de la deuda es “llorar sobre la leche derramada”.

 

Lo impagable es el déficit fiscal, no la deuda pública

La deuda pública es la acumulación de déficit fiscales. En este sentido, en los últimos 59 años, el sector público nacional y provincial de la Argentina ha generado déficit fiscales primarios en 45 de ellos, por un orden del 3,3% del PIB promedio anual. Los pocos años en que hubo superávits fiscales fueron seis años de la convertibilidad (acusados todos de “ajustes”) y en los ocho años posteriores al 2002 en que hubo un importante “ajuste” a las jubilaciones ya que se les negó la movilidad hasta el 2008.

 

Entonces, lo normal en Argentina son los déficit fiscales. Por lo tanto, no habría que extrañarse de que el país genere repetidamente deudas impagables que luego hay que defaultear. No es casualidad que si uno suma los resultados primarios de los últimos 59 años (o sea tomando años deficitarios y superavitarios) el acumulado da 120% del PIB. O sea, el nivel de deuda pública acusado de impagable.

 

De lo que hay que ocuparse es cómo revertir esta triste historia de déficit fiscales crónicos. Este es el verdadero desafío para el nuevo presidente. Desafío grande cuando se considera que hay una sociedad que no es propensa a la responsabilidad fiscal. Por el contrario, demanda siempre mayor gasto público con una gran reticencia a pagar impuestos. Como agravante, tiene sus expectativas enfocadas en la idea de que vuelven los años de bonanza cuando, si se quiere revertir la decadencia, los que deben venir son los años de racionalidad, prudencia y frugalidad.

 

Transformar al sector público argentino en superavitario requiere como condición de base tres ordenamientos.

 

El ordenamiento previsional adaptando las normas a los cambios demográficos, eliminando las reglas que multiplican la doble cobertura y eliminando privilegios de regímenes especiales que jubilan gente antes, con menos aportes o con haberes superiores al régimen general.

 

El ordenamiento tributario unificando impuestos nacionales, provinciales y municipales para que, con una estructura tributaria más simple y comprensible al ciudadano, se pueda recaudar más con menos presión tributaria.

 

Uno de los más importantes y de los que menos se habla, el ordenamiento funcional del Estado. En el nivel del Estado Nacional hay ministerios, secretarias y muchos organismos de menor rango que no tienen razón de ser porque se inmiscuyen en funciones que corresponden –según el ordenamiento constitucional argentino– a las provincias y los municipios. Esto ocurre con los organismos nacionales de desarrollo social, educación básica, salud pública, vivienda y urbanismo,Justicia y seguridad, medioambiente, entre otros, que intervienen con programas nacionales en funciones que no les competen. En una buena organización del Estado corresponde que estos organismos y sus programas nacionales sean desmantelados. Esto evitará derroches en el sector público nacional e incentivará a los sectores públicos provinciales y municipales a hacer lo que deben hacer, que es, dar buena educación básica, salud pública, atender el déficit de viviendas y urbanismo, dar seguridad y atender a los pobres de su jurisdicción. Para ello, cuentan con la coparticipación nacional y sus propios impuestos provinciales y municipales. No necesitan de los programas nacionales.