El proyecto de reforma política, que proponía implantar el voto electrónico en sustitución del obsoleto esquema basado en boletas de papel y buscaba ir hacia un mecanismo de votación más económico, ecológico, ágil para el escrutinio y controlado, quedó herido de muerte. Asimismo, por la presión de las organizaciones piqueteras, dice el último informe de Idesa, el Gobierno cedió y sancionó la llamada “emergencia social”. Eso implica, dice el informe, derivar a estas entidades fondos públicos del orden de los $30.000 millones.
¿Y cuál es la conexión? “Aunque parece que se trata de temas diferentes, en esencia, responden al mismo fenómeno. El rechazo a la reforma política y la presión por sostener el financiamiento de las organizaciones piqueteras preserva la lógica conservadora de acumular poder político en base al clientelismo”, agrega la consultora con sede en Córdoba y cimenta su tesis: “Para alcanzar el objetivo de 'Pobreza Cero' no se necesita más asistencialismo sino mejor institucionalidad”.
Los datos muestran que la cantidad de recursos que se asignan a ayuda social excede el monto que se necesitaría para que los hogares pobres superen la pobreza. “En términos aproximados, el Estado eroga en planes sociales más que los ingresos adicionales que los hogares de menores ingresos necesitan para salir de la pobreza. Por lo tanto, uno de cada cuatro hogares siga en la pobreza no es un problema de insuficiencia de planes sociales sino una consecuencia de que estos fondos se desvían a otros destinos”, dice Idesa. Así, si todos los recursos que se asignan a programas asistenciales llegaran a las familias de más bajos ingresos, no habría ningún hogar debajo de la línea de pobreza.
¿Resultado? “El esfuerzo que hace la sociedad pagando impuestos para sostener el gasto social es más que suficiente. Pero estos recursos se administran a través de más de un centenar de programas, con groseras superposiciones, con diseños y gestión muy rudimentarios y niveles muy bajos de control. Esto resulta en que una porción grande de los recursos se derrocha en gastos administrativos, en la captura de los recursos por parte de las organizaciones piqueteras y en que muchos hogares siendo pobres no reciben la promoción social para salir de la pobreza”, ratifica Idesa.
En las conclusiones, las cuestiones de la reforma política y la asistencia social se vuelven a unir. “El conservadurismo político apela a diferentes mecanismos de manipulación con el fin de mantener relaciones feudales. Uno es conservar un sistema electoral permeable al fraude. El otro es contar con personas resignadas a que su subsistencia dependa de la dádiva que administra el 'puntero político. Bajo estas condiciones, las instituciones democráticas quedan reducidas a meras formalidades. La modernización está supeditada a que se logre doblegar el fraude electoral y el uso de fondos públicos para sostener estructuras clientelares. De aquí la alta importancia de que la gente asuma que no se necesitan más recursos asistenciales sino mejor institucionalidad”, concluye Idesa.
