En las últimas dos semanas se dio en Rosario una situación inédita. Luego de una secuencia sangrienta que arrojó como saldo el asesinato de cuatro trabajadores, la población decretó un toque de queda unilateral. Durante varios días las calles quedaron desiertas luego de las 20:00, sin transporte público por noches y días, sin abastecimiento de combustible, con las escuelas cerradas, los centros de salud sin atención, y muchos locales comerciales con las persianas bajas.
Por días la realidad más tristemente palpable de los rosarinos se hizo mainstream en medios nacionales, convirtiendo a la cuna de la bandera en caja resonadora de hechos y comentarios sobre una situación trágica que solo se agravó entre la mañana de este lunes 25 de marzo, con una serie de amenazas en fila: primero, cuando a las 4:30 de la madrugada un chofer de la línea 153 encontró una nota con el dibujo de una bala y un mensaje mafioso anticipando el homicidio de otro conductor, como sucedió con Marcos, chofer de la línea K, a principios de mes.
Casi en paralelo, en un country de Funes, a las afueras de Rosario, se libró un mensaje amenazante contra Ángel Di María y su familia que rezaba: "Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque sino le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos". Una afrenta muy similar a la que recibió la familia de la esposa de Lionel Messi en marzo de 2023. La narcocriminalidad eleva la tensión.
Lejos de detenerse, la noche del lunes y la madrugada de este martes que pasó estuvieron signadas por tres ataques más a colectivos, uno de ellos con un disparo y proclamas mafiosas augurando un esfuerzo mancomunado del narco para ir "todos juntos contra el Estado" y "matar periodistas".
El problema de la violencia narco, referida por el Gobierno nacional -adecuadamente- como terrorista, excede a un gobierno. El drama derramó hacia sectores que nunca lo hubiesen imaginado tiempo atrás. Pero tanto Javier Milei como su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, enfrentan una situación límite.
No hay más espacio para medias tintas, y la necesidad de una reinvindicación del Estado como garante de la seguridad y el orden es imperativo. De ello depende que en Rosario y la provincia se pueda vivir con normalidad.
En el enredado tejido de responsabilidades políticas y compromisos oscuros, surgen diversas teorías sobre el origen del flagelo narco en Rosario. Algunos apuntan hacia la gestión kirchnerista, señalando su presunta connivencia con el narcotráfico.
- No faltan quienes recuerdan los acuerdos del peronismo con la policía en los turbulentos años '80, ni aquellos que retroceden hasta la privatización del puerto en los '90 y la laxitud en los controles de la Hidrovía. Incluso hay quienes remontan la mirada hasta los oscuros pactos entre las dictaduras de Argentina y Bolivia en los años '70, sugiriendo un supuesto acuerdo para introducir cocaína al país a través de Rosario hacia Europa. En este complejo entramado de acusaciones y recriminaciones, cada actor político busca exonerarse de culpa mientras el fenómeno narco se profundiza en las entrañas de la ciudad.
Lo cierto es que los antecedentes fueron, en sí mismos, precursores aterradores de la herencia que nos llevó a esta situación, dentro de los cuales se podría identificar como punto cúlmine aquel 2 de marzo de 2023, cuando el entonces Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, brindó una ofrenda triunfal a los que saquean la paz de Rosario al pronunciarse diciendo que "los narcos ganaron". Allí se entregó formalmente la lucha por la seguridad y el bienestar de los rosarinos y santafesinos. Allí, en un gesto de mala política flagrante, se renunció una de las obligaciones constitutivas del Estado.
En un acuerdo casi unánime, la mirada convergente señala al Estado como el principal responsable, ya sea por acción directa, omisión deliberada, negligencia sistémica o complicidad encubierta. Esta contundente conclusión no solo es un eco de la opinión pública, sino que también encuentra eco en la obra de Hernán Lascano y Germán de los Santos, quienes en su exhaustivo análisis exponen cómo el narcotráfico ha tejido su red sobre la ciudad de Rosario, permitiendo que los líderes del crimen continúen sus operaciones ilícitas incluso haciendo haciendo home office desde las cárceles.
En medio de este panorama desolador, hay que gestionar. Para ello, Nación y Provincia anunciaron la creación de un Comando Unificado para combatir el narcoterrorismo con un enfoque represivo, involucrando a diversas fuerzas de seguridad. Y, si bien este enfoque puede generar división en una ciudad de marcado caracter progresista como la nuestra, es importante aclarar una cuestión.
No existen políticas de inclusión social allí donde el Estado no ejerce el monopolio de la fuerza. Es esa la condición indispensable para que todos seamos iguales ante la Ley y el Estado cumpla uno de sus objetivos: la capacidad de garantizar paz y orden. Hoy por hoy el desafío es tan grande porque la inacción, la omisión y la corrupción que se enquistó en diferentes gobiernos a lo largo de la vida institucional santafesina cedió el dominio territorial a bandas que de ello hicieron su negocio principal.
Hoy las más de 14 bandas (entre narcocarteles y franquicias) que operan en la ciudad han convertido el dominio de la calle en insumo de su negocio: se erigen como brokers de la paz en eventos a quienes les piden sumas en dólares para no librar hechos violentos como represalia, extorsionan a comerciantes y vecinos a quienes les solicitan cuotas como condición de no ser atacados, toman el control de barrios enteros en los que crean nada más y nada menos que estados paralelos donde manejan franquicias de narcomenudeo, comercios, alquileres, juego ilegal y hasta planes sociales, festejos del Día del Niño y torneos de fútbol.
Resulta patente que la violencia desatada en Rosario hunde sus raíces en profundidades abismales. La corrupción que corroe las entrañas del Estado, la marginalidad social que agobia a vastos sectores de la población, la ausencia de oportunidades que despoja de esperanza a la juventud, y el dominio económico aplastante del narcotráfico, se entrelazan en un rompecabezas de complejidades insondables. Pero hay algo más: la infiltración insidiosa de las organizaciones criminales en las altas esferas políticas y sociales, que no solo perpetúa la crisis, sino que la agudiza hasta extremos insospechados.
Pero es indiscutible que el primer paso debe ser el que se está siguiendo a hoy: la saturación de las calles de Rosario con las fuerzas de seguridad, la disposición de recursos de inteligencia y combate urbano desplegados sin titubeos con el mandato claro de enfrentar a la narcocriminalidad, sus cómplices y derivadas hasta las últimas consecuencias, hasta que no tengan margen de acción, hasta que sientan ellos el terror de solo pensar en salir a la calle a cometer un delito.
Y allí, en cada metro que le ganemos a las bandas, poner la fuerza del desarrollo del Estado, desarrollar presencia, terminar con la tierra liberada, con la anomia, con la ausencia de un despliegue que genere urbanidad y espacios de convivencia segura para los rosarinos. Este es el fin último, la pacificación de la ciudad con miras al progreso, recuperando el espacio donde poner a funcionar políticas públicas que rediman el futuro de los jóvenes de la ciudad, de los que salen a ganarse el mango cada día, y de todos los ciudadanos bien, cosa que no será posible sin tener primero el valor de enfrentar lo que haya que enfrentar con todo el peso de la fuerza de la ley.
Se puede, por supuesto que se puede, sin ir más lejos, al primer mes de gestión del Operativo Bandera, implementado por el Ministerio de la Seguridad de la Nación, en conjunto con la Provincia, y la coordinación del Subsecretario de Intervención Federal, se redujeron en un 57% los homicidios en las zonas controladas por las fuerzas federales. No habrá soluciones mágicas, pero será una guerra sin cuartel para darle a la ciudad la paz que le quitaron.
Se tendrá que romper el estado de terror que los criminales pretenden suscitar para hacer retroceder el orden, y se hará dando la batalla con la convicción, los recursos, la inteligencia y toda la fuerza de la ley en la calle.
