Por Héctor Rubini
Los lineamientos del proyecto de ley de reforma judicial van a generar cierto debate necesario, aunque la viabilidad de que prospere depende en gran medida del grado de apoyo o rechazo de la oposición al Gobierno.
Los principios y motivaciones presentados por el Presidente son más que aceptables: necesidad de asegurar independencia judicial, y en particular que sea más eficiente, rápida y con fallos “justos”, aislados de presiones de grupos de interés determinados.
Como expresión de deseos, es irrefutable, pero la mecánica elegida ha generado críticas varias que no parecen acallarse. A nadie escapa el rol central que tendrá el comité de juristas “notables” para asesorar al Ejecutivo, y que en el mismo aparezcan como integrantes el abogado del extitular de la AFIP en anteriores gestiones del kirchnerismo y el de la propia vicepresidente. Frente a las fuertes críticas emitidas contra el anterior Gobierno, también emergen las de visible parcialidad para designar este equipo de asesores en base a la evaluación exclusiva del Ejecutivo. ¿Hubo sugerencias o participación de universidades o de los colegios de abogados? Aparentemente, no. Pero aparece también como otro punto controversial una de las funciones que dicho equipo tendrá el llamado Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público: “Respecto de la Corte Suprema de la Nación, se realizará un análisis de su funcionamiento que incluya: a) El establecimiento para la selección de integrantes, de criterios de diversidad de género y representación federal, b) Evaluación integral de las normas que reglamentan la competencia atribuida al Alto Tribunal por la Constitución Nacional?”.
La reforma cambiaría el sistema acusatorio y contribuiría aparentemente a simplificar trámites judiciales, con un sistema que modificaría el sistema acusatorio, con mayor carga de responsabilidades para los fiscales. Esto sumado a la creación de defensorías oficiales y la fusión de juzgados y creación de otros anticipa un aumento por ahora indeterminado del gasto público.
El proyecto duplica la cantidad de juzgados en el nuevo fuero Penal Federal de la ciudad de Buenos Aires de 23 a 46, que estarán a cargo inicialmente por jueces subrogantes mientras se tramitan los concursos para dichos cargos. Llamativamente el proyecto no prevé tal premura en nombrar jueces subrogantes para ocupar los 94 nuevos juzgados Federales de Primera Instancia en lo Penal con asiento en las provincias (art. 55 del proyecto oficial). Una reforma compleja que para no pocos observadores es considerada inoportuna, en pleno aumento diario de contagios y fallecimientos por Covid-19.
El proyecto probablemente exija un debate algo extenso, en la Cámara de Diputados. Por ahora es de prever que el Gobierno enfrente una fuerte resistencia para su aprobación. El mensaje oficial es el de proveer con la reforma a un sistema judicial más transparente, eficiente, federal y con mayo paridad de género. Pero no pocos legisladores y políticos de la oposición entienden que lejos está el proyecto oficial de contribuir a ese objetivo. Más aún entienden que es un nuevo síntoma de debilidad de los mecanismos institucionales para el control de la relación interpoderes. Para varios de ellos es un síntoma de nueva interferencia del Poder Ejecutivo sobre el Judicial que no necesariamente quedaría más “blindado” contra el tráfico de influencias y por con siguiente, no sería necesariamente más confiable.
El momento para la generación de esta controversia no sólo suena inoportuno por lanzarse en el peor momento de la pandemia del coronavirus. También por no estar resuelto el tema de la deuda en default, síntoma visible de un Estado incumplidor de sus contratos, y hoy bajo una administración que maneja la crisis sanitaria en base a decretos, y que no vacila en pronunciarse a favor de nacionalización de empresas, como se ha observado con el caso Vicentin, y como asoma respecto de Edesur. Bajo estas condiciones, ¿es el momento y el giro hacia una reforma que provea confianza y certidumbre para inversores locales y extranjeros? Es muy difícil dar una respuesta afirmativa. Habrá que esperar si la reforma será aprobada según el proyecto original y cuál será el tipo y tenor de recomendaciones del Consejo Consultivo. Pero lo primeros pasos anunciados oficialmente, lejos están, al menos desde el inicio, de estar asociados a determinados umbrales de certidumbre y percepción de seguridad jurídica requeridos para el normal funcionamiento de la economía, y de la sociedad en su conjunto. (*) Economista de la Universidad del Salvador (USAL)
