Por Jorge Colina
No hay dudas de que la Justicia de Argentina funciona muy mal. Este es el diagnóstico acertado del Gobierno para proponer una reforma judicial. La propuesta es la que genera las controversias. En lugar de proponer mecanismos de control social, como mayor transparencia, medición y publicación de resultados de los magistrados y penalizaciones a la falta de probidad, se propone expandir el sistema judicial tal como está funcionando. En particular, se postula la necesidad de crear 300 nuevos cargos más de magistrados y funcionarios judiciales. Aquí aparecen los cuestionamientos que son de dos tipos. Uno es que se busca crear más cargos para colocar jueces amigos y así manipular las causas judiciales. Este es el argumento, incluso, que llevó a la gente al “Banderazo”. El otro es el costo fiscal que la expansión judicial ocasionará.
Aquí los cálculos rondan entre los $3.000 y $5.000 millones anuales. La Ministra de Justicia responde a este segundo cuestionamiento diciendo que este costo es necesario para tener mejor Justicia. Lo primero que hay que señalar es que mayor gasto púbico no se traduce automáticamente en mejores servicios del Estado. El mejor ejemplo es el sistema público de educación. En el 2005 se estableció que el gasto público en educación sería de 6% del PIB. Se aumentó el presupuesto, pasaron 15 años y en las escuelas del Estado todavía siguen terminando la secundaria en tiempo y forma el 37% de los alumnos que la empiezan. Un resto marginal la termina con retraso y la mayoría no la termina. En cuanto a calidad de la educación, Argentina se ubica por debajo de Chile, Uruguay, Brasil y Colombia y ya está siendo alcanzado por Perú en las pruebas PISA. Estas pruebas indican que más de la mitad de los jóvenes de 15 años que todavía están en la escuela (o sea, que no la abandonaron todavía) no tienen capacidades de lectura y matemática. Haciendo un paralelismo de esta frustrante experiencia, poner más plata en la Justicia no necesariamente hará que la Justicia funcione mejor. En segundo lugar, hay que costear bien cuánto cuesta un magistrado. Limitarse a calcular un gasto anual es incorrecto. Es como asumir que se trata de un contrato anual que se cancela a fin de año. Esto está lejos de ser la realidad. Con cualquier empleado público de planta, pero mucho más con un magistrado o funcionario judicial, el nombramiento le implica al Estado (por derivación, a la sociedad) un compromiso de gasto que durará décadas.
Un magistrado o funcionario permanece en su cargo hasta que se jubila. Su salario de partida ya es alto y con la antigüedad se abulta aun más. Cuando se jubila, tiene una jubilación de privilegio, que es similar y se ajusta con el salario de actividad (cosa que en el régimen general para los trabajadores privados no ocurre). Cuando fallece, hay que seguir pagando una pensión al cónyuge que, si bien es una proporción de la jubilación, sigue siendo un monto muy elevado.
Para tener una idea de órdenes de magnitud, suponiendo un salario inicial de $300.000 promedio para el magistrado o funcionario judicial, con una carrera de 25 años de servicios, el Estado debe comprometerse a pagarle $145 millones en su vida laboral. Una vez jubilado, el Estado tiene el compromiso de pagarle haberes por un total aproximado de $85 millones. Cuando fallece, habrá que seguirle pagando la pensión al cónyuge por unos $40 millones. En total, cada magistrado o funcionario judicial le representa al Estado un compromiso futuro de $270 millones.
Cabe advertir que este compromiso es mucho más rígido que la deuda pública. La deuda se puede “defaultear” o reprogramar. Los salarios, jubilaciones y pensiones a los magistrados y funcionarios judiciales y sus cónyuges se deben pagar religiosamente todos los meses. Incluso, cuando hubo crisis fiscales y se quiso abonar parte de los abultados haberes jubilatorios de ex jueces con títulos públicos, algunos presentaron amparos que fueron positivamente recibidos por la Justicia. Esto significa que el compromiso fiscal con magistrados y funcionarios judiciales ni siquiera es “reperfilable”, como sí los son los bonos públicos que tienen los voraces financistas de Wall Street.
En suma, crear nuevos puestos de magistrados y funcionarios judiciales es una hipoteca muy larga y pesada para las destruidas arcas fiscales. Esto debería llamar a la reflexión a toda la clase política sobre la inconveniencia de seguir expandiendo la Justicia sin reformas estructurales en sus estilos de gestión.
Para tener una idea de cómo se gestiona, el Poder Judicial de la Nación tiene un presupuesto de unos $68.000 millones de los cuales el 95% se le va en gasto salarial. Es decir, queda sólo el 5% para invertir en infraestructura, equipamiento, tecnología e insumos. No hace falta ser Licenciado en Administración de Empresas para darse cuenta que este criterio de asignación del gasto, donde todo se lo llevan los salarios, es lo que luego se traduce en la persistencia de la cultura del papel, la negación a adoptar la informática y juzgados abarrotados. El resultado natural son causas que se eternizan y funcionarios judiciales manipulables. Crear 300 cargos más en estas condiciones es multiplicar el problema, no solucionarlo.
Si la creación de los 300 cargos es para garantizar impunidad, como acusa la oposición, además del costo social de la falta Justicia hay que sumarle el altísimo compromiso fiscal que durará por décadas. (*) Economista de IDESA
