"Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado", afirmó el presidente electo Javier Milei, e incluyó a los medios públicos como uno de los entes estatales a ser privatizados.
Más allá de la mayor o menor razonabilidad de este tipo de determinación de política pública en materia de comunicaciones, el grado de pluralismo y el financiamiento de las emisoras estatales, corresponde analizar particularmente la factibilidad de llevar adelante esta propuesta. El primer interrogante es si el mercado audiovisual está en condiciones de incorporar y ofrecer sustentabilidad económica a esta importante estructura de medios. La segunda pregunta se refiere a la modalidad jurídica de implementar la privatización.
Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, RTA S.E., fue creada por la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y tiene a su cargo la administración del Canal 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Canal 12 de Trenque Lauquen y unas 50 emisoras de AM y FM, las radios nacionales, que operan en diferentes ciudades argentinas. Además, explota el Servicio de Radiodifusión Argentina al Exterior, RAE. Asimismo, existe Contenidos Públicos S.E., empresa estatal que conduce las señales televisivas Encuentro, Pakapaka, Deport TV y la plataforma Contar.
Además de estos medios del Estado Nacional funcionan radios y canales de TV de diferentes provincias y municipios, así como también emisoras administradas por las universidades nacionales. Desde luego, todo este heterogéneo conjunto mediático de gestión pública está fuera de las intenciones privatizadoras.
Expertos del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), meses atrás, informaron que el ecosistema de servicios de comunicación audiovisual está conformado por 7.396 emisoras, entre los que se encuentran radios AM y FM. estaciones de TV analógica y digital, servicios de TV satelital y señales. Todo esto sin contar los medios que operan en forma irregular, principalmente estaciones de frecuencia modulada, que suman varios miles.
A ello hay que sumar unos 700 cableoperadores, considerados legalmente servicios de tecnologías de la información y la comunicación. Por otro lado, funcionan radios y canales que se difunden por Internet, redes sociales, servicios de streaming, plataformas digitales y un variopinto conjunto de experimentos comunicacionales. En este complejo y dinámico mercado audiovisual se desempeñan los medios públicos agrupados en RTA S.E.
Al respecto, cabe preguntarse si existirán empresarios que consideren rentable adquirir estos medios estatales. La denominada torta publicitaria privada es cada vez más pequeña y todo parece indicar que la pauta oficial se reducirá drásticamente.
Probablemente, esta frágil fuente de financiamiento de los medios de comunicación desaliente la participación de los particulares. Desde luego, esto no significa que se descarten compras de medios con propósitos políticos.
El segundo interrogante de la anunciada privatización de los medios públicos se refiere a su implementación jurídica. Sobre el particular, hay que recordar que en 1989 el entonces presidente Carlos Menem privatizó Canal 13, Canal 11, Radio Belgrano y Radio Excelsior, entre otras emisoras que se encontraban en poder del Estado Nacional.
Para ello se valió de la Ley 23.696, de Reforma del Estado, que declaró en emergencia a entes y empresas públicas y autorizó al Poder Ejecutivo a disponer la concesión de las mismas. En el Anexo de esa norma, la primera empresa que aparecía era Entel.
Asimismo, se autorizaba la privatización de los medios administrados por el Estado Nacional, pero se excluía expresamente a ATC y las radios nacionales. Por lo demás, se establecía que si se pretendía adjudicar a los particulares otro ente público, dicha determinación debía ser avalada por el Congreso.
En este orden de ideas, de acuerdo a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico vigente, la decisión del presidente electo de privatizar los medios públicos debe ser implementada por el Congreso.
Teniendo presente que La Libertad Avanza cuenta solamente con 38 diputados y 7 senadores y el probable apoyo de un reducido grupo de legisladores de un sector del PRO, no es descabellado imaginar que desde su entorno, aprovechando el eventual receso parlamentario, le sugieran al presidente recurrir al atajo de un decreto de necesidad y urgencia.
Desde luego, sería una conducta que, no solo adolecería de las más elementales credenciales democráticas, sino que también le impediría a la sociedad argentina debatir a la luz del día el futuro de sus medios públicos.
