En medio de la ajetreada interna que tiene el PRO y Juntos por el Cambio, y si bien faltan muchos capítulos en la carrera hacia octubre, los equipos técnicos de la oposición ya trabajan pensando en un eventual gobierno a partir del 10 de diciembre.
Con una macroeconomía desordenada en la que sobran pesos y faltan dólares, el mercado laboral registra altísimos niveles de informalidad rondando el 40% e incluso hay trabajadores registrados que con sus salarios no llegan a superar la línea de pobreza. Por todo ello, el empleo será uno de los desafíos de la próxima gestión, sin distinción de bandería política.
En ese marco en el PRO, y más precisamente en el entorno del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, piensan en la regularización de las multas a empleadores como una de las medidas primeras y más importantes. A la hora de las infracciones, hay tres áreas que pueden multar empresas: la Afip, el Ministerio de Trabajo y la justicia laboral.
La propuesta del larretismo está incluso plasmada en un proyecto de ley, el que fue presentado conjuntamente con el titular de la UCR, Gerardo Morales. La iniciativa busca atar el monto de las infracciones al valor del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), y que las mismas vayan a aportar a la caja previsional, la que hoy requiere de la asistencia de tributos para ser sustentable.
Con dicha medida buscan que haya una mayor "registración" de puestos de trabajo y comience a bajar paulatinamente la informalidad, que de no modificarse, continuará impactando en la inviabilidad de la caja jubilatoria.
La idea que prima en los equipos de trabajo de Larreta es la de tener un mercado de trabajo "dinámico y previsible". Al menos, así lo definen.
Otra la de las propuestas que están en carpeta para un eventual gobierno, es la de la "mochila austríaca". Una suerte de seguro de desempleo que en este en caso debe pagar el empleador. El esquema en el que se está pensando es para aplicarlo en sectores de la economía que alta incidencia estacional, como el turismo, la hotelería o la gastronomía, que tienen "temporadas altas" y "temporadas bajas", que favorece la informalidad.
Si bien podría ser un costo extra para el empleador, en los cálculos que se estiman, le resultará más "barato" al empresario pagar el seguro por una temporada, que luego afrontar un litigio laboral en la Justicia.
En el PRO porteño saben que la relación con los sindicatos podrá ser un punto de conflicto. Sin embargo, la administración de la CABA, en donde se cruzan las negociaciones no solo con sindicatos porteños, si no también nacionales (por una cuestión jurisdiccional), le han dado al alcalde porteño una gimnasia a la hora de la negociación.
La modificación de la Ley de Trabajo no será un tema. En cambio, sí lo será la modificación de los convenios colectivos de trabajo, o bien su modernización. Las cabezas que piensan un eventual gobierno Larreta entienden que hay convenios que fueron redactados mucho antes de la irrupción de la tecnología, y que hay muchos puestos de trabajo (roles) que han desparecido ante el avance tecnológico. Por ello se habla de "modernización" laboral.
El caso testigo exitoso que comentan es el de Smata, con su titular, Ricardo Pignanelli, que ha desarrollado convenios "inteligentes" para distintas empresas, como el caso de Toyota.
También se habla de lanzar un "blanqueo" o una condonación de deudas hacia atrás, conjuntamente con la capacitación para beneficiarios de planes sociales, y vinculación entre el ámbito escolar y el universo de trabajo para el empleo joven.
