Por Jorge Colina (*)
La discusión entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires en torno a cerrar o mantener abiertas las escuelas es un tema opinable. Por un lado, el Gobierno Nacional señala que la tasa de contagio está muy alta por lo que mantener abiertas las escuelas expone a gente al contagio. El jefe de la Ciudad de Buenos Aires pondera el hecho de que los niños ya perdieron un año escolar con lo cual entiende que lo último en cerrar deberían ser las escuelas. Dado que efectivamente la tasa de contagio es muy alta y los niños perdieron un año escolar, ambas posiciones tienen razón. Las opiniones de la gente pueden ir en cualquier de los dos sentidos.
Donde sí hay certezas, es que los chicos argentinos vienen teniendo cerradas las escuelas desde hace varias décadas. Hay un estudio publicado en el Journal of Labor Economics, que se puede bajar de Internet, hecho por dos autores extranjeros llamado “Los efectos de largo plazo de los paros docentes: evidencias desde la Argentina”.
El estudio señala que los paros docentes harían que los alumnos, cuando adultos, tengan menos empleos y peores salarios. Sin entrar a la controversia de estos resultados, el dato duro de este estudio es que contabilizó 1.500 paros docentes en la Argentina desde que recuperó la democracia hasta el 2014. De hecho, los autores no tenían ningún interés en Argentina. Tomaron el caso de Argentina porque es difícil encontrar otro país donde los alumnos hayan sufrido tantos paros.
Ahora, los paros docentes son una parte del problema educativo. La otra parte del problema está en que cuando las escuelas están abiertas funcionan mal por las deficiencias en la gestión de los docentes. Los vetustos y atávicos estatutos docentes permiten y promueven malas prácticas como el ausentismo, la falta de compromiso, la mala o nula capacitación y los viejos métodos de enseñanza. Pero el mayor daño que hacen es que fijan los salarios en función de la antigüedad, no del mérito. Por lo tanto, castigan a los docentes que se esmeran por la enseñanza y el aprendizaje de sus alumnos.
Entonces, Argentina termina gastando mucha plata en educación pública (entre 5% y 6% del PIB), al punto tal que en las provincias argentinas hay en promedio 2 cargos docentes de primaria por cada 25 alumnos. Pero las aulas están abarrotadas de alumnos porque los docentes están de licencia y los docentes que trabajan están mal pagados.
Los resultados del paro docente como medio de vida y la deficiencia en la gestión de los docentes están a la vista. Hay una prueba que se llama PISA que mide la calidad educativa de los países. Es una evaluación que se toma a jóvenes de 15 años de edad para medir sus capacidades de lectura. La referencia son 500 puntos que es lo que tienen los países desarrollados. En el 2000, los jóvenes de Argentina obtenían 418 puntos. En el 2018 obtuvieron 402. O sea, fueron para atrás.
A esta altura alguien se puede preguntar: bueno, pero qué pasó en los países vecinos, ¿por ejemplo?
Los jóvenes de Chile, en el 2000, obtenían 410 puntos (como Argentina). En 2018 obtuvieron 452 puntos. Los que organizan la prueba PISA señalan que una diferencia de 40 puntos pueden asimilarse a un año más de estudios. Siendo así, Argentina entonces ya había perdido aprendizajes asimilables a un año de estudios antes de la pandemia.
En el caso de Perú, en el 2000 sus jóvenes obtenían 327 puntos (bien atrás de Argentina). En el 2018 obtuvieron 401 puntos (igualaron a Argentina). Lo más notable de los peruanos es que, en los últimos 20 años, mejoraron en casi 2 años de estudio los aprendizajes de sus jóvenes.
Si las escuelas deben permanecer cerradas en pandemia es un problema, pero de coyuntura. En algún momento, no lejano, la ciencia va a dominar al virus. Allí va a emerger de nuevo el problema estructural: la decadencia de la educación argentina.
Ojalá la crisis del coronavirus sea la oportunidad para activar las mentes y aceptar que hay que cambiar las reglas del sistema educativo argentino para sacarlo de su larga crisis.
(*) Idesa
