El Gobierno tiene que ajustar el cinturón fiscal en 2022. El ajuste en los subsidios está cantado y solo resta saber cómo, cuándo y a quién. El Excel es una cosa y la realidad, casi siempre, es otra. El margen de ahorro viable políticamente en ese frente no parece ser tan grande.
Ayer, el Gobierno anunció que otro ajuste por el lado del gasto podría ser el de algunas jubilaciones.
Un poco a las apuradas, tras una versión periodística que hablaba de un cambio en el régimen jubilatorio y una posible extensión de la edad jubilatoria, la Casa Rosada negó que se analice impulsar una reforma jubilatoria en el marco de las avanzadas negociaciones que se llevan adelante con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sin embargo, el presidente Alberto Fernández admitió la necesidad de "avanzar más" en estudiar los regímenes jubilatorios que favorecen a jueces y embajadores. Fue un elemento nuevo y dio la apariencia de que el Gobierno buscó encapsular algo que se discute con el FMI a dos sectores “privilegiados”. Negó, tal como había trascendido, que el ajuste sería para los docentes.
Los eventuales cambios que están en estudio "no incluyen el régimen previsional docente sino al régimen en el que están los embajadores y jueces", aclaró Fernández en un audio difundido en el programa El Destape. "La diferencia es muy grande y claramente no es para docentes. De lo que se está hablando es un régimen especial de privilegio donde básicamente están embajadores y jueces", añadió Fernández.
“No habrá ninguna reforma jubilatoria. Nuestro Gobierno siempre va a cuidar y trabajar para mejorar el salario de nuestros jubilados y jubiladas. Se mantendrá la fórmula de movilidad sancionada en 2020, sosteniendo los derechos que fortalecimos con esa ley. Asimismo, y en la misma línea, se realizará un estudio focalizado en los regímenes especiales alcanzados por la Ley 27.546, que analice opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional”, dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán. Buscó llevar tranquilidad, sobre todo a la tropa propia. Lo último que necesita hoy es alimentar la interna.
En el kirchnerismo más duro, reacio al acuerdo con el FMI, los trascendidos no cayeron bien. Algunos, incluso, especulaban con que había sido ese sector el que liberó esos trascendidos. Atentos a esa pequeña traición, la movida no cayó nada bien en el Palacio de Hacienda.
Quien fue más explícita fue Fernanda Vallejos. “Vamos a seguir con el 'autoengaño' de que es bueno aceptar las imposiciones del FMI? ¿O necesitamos q destruyan lo q queda para reaccionar con el hecho consumado?”, dijo ayer la diputada en sus redes. “El preacuerdo con el FMI incluye una serie de ajustes presupuestarios camuflados bajo el concepto 'racionalización del gasto'”, criticó en base a los trascendidos que, horas más tarde, desmintió el Presidente.
Sin embargo, había otros más: por ejemplo, “limitar las transferencias discrecionales a las provincias y empresas estatales" o moderar la pauta salarial de los estatales.
“Hay que terminar con esta lamentable parodia y hacer lo que hay que hacer. El FMI violó su estatuto, dejó que se fugue cada dólar, con el objetivo geoestratégico de mantener sometida a la Argentina. Acorde al derecho internacional, esos incumplimientos son un ilícito. A La Haya YA”, agregó Vallejos.
Más allá de los fuegos de artificio, la sensación es que el acuerdo con el FMI se aprobará (con o sin votos de los legisladores que responden a los Kirchner) y sin grandes sorpresas más allá de promesas discursivas (casi “sarasa”, Guzmán dixit) de encarar “reformas estructurales” en algún momento. Al FMI le importa la meta fiscal y poco el método para llegar a la misma.
La otra sensación es que las principales críticas al programa, sobre todo si la economía empeora tras su implementación, quizás no vengan de la oposición formal de JxC. “Yo te avisé”, piensa decir alguno…
