Por Atilio Molteni Embajador
El pasado 2 de abril, la Cancillería de nuestro país emitió un comunicado donde se decía que la comunidad internacional debe facilitar un diálogo orientado a gestar tanto la salida política como la renovación de las instituciones que permitan resolver, a corto plazo, la crisis venezolana.
Semejante texto ponía énfasis en que la respuesta a este singular conflicto tiene que surgir de los propios venezolanos sin presiones ni condicionamientos externos. Con anterioridad, Alberto Fernández ya había indicado su predilección por una apertura democrática, hecho que sirve para englobar todos los insumos principistas en un marco razonable para armar una propuesta detallada y constructiva.
El tema es que, para arrancar con chances, el actual intento tiene que evitar ambigüedades o el vicio de caer en un falso punto de partida, por cuanto resultaría utópico dirimir un conflicto de esta gravedad sin neutralizar los agravios y disonancias que en el pasado impidieron ensamblar un consenso apto y perdurable. Es obvio que otra ronda de generalidades sólo llevará a una nueva frustración y a consumir el exiguo margen de crédito que aún preservan estos procesos.
El otro elemento a computar es que Venezuela no llegó al punto en que se encuentra por falta de esfuerzos y gestiones de alto nivel, casi todas bajo la conducción de notables personalidades o líderes políticos de gran prestigio y experiencia. Ello hace desaconsejable interpretar las expresiones y acotaciones precedentes por separado o haciendo abstracción del contexto que explica el desesperante escenario en debate. Por ello, una lectura integral y honesta de la realidad es el insumo clave para determinar si están disponibles la argamasa y las circunstancias políticas necesarias para hacer que esta nueva aproximación sirva para alcanzar la paz y la estabilidad regional.
Desde su formación, en agosto de 2017, Argentina integra el Grupo de Lima, un foro integrado por varios países influyentes de América que quieren dejar atrás el bloqueo que interponen las naciones caribeñas en la OEA, cuya accionar impidió que sean tratadas las violaciones del orden constitucional atribuidas al régimen de Nicolás Maduro.
En los últimos tiempos, el grupo apoyó la propuesta de Juan Guaidó, quien encabeza la Asamblea Nacional y ostenta en forma legítima la función de Presidente Encargado de Venezuela según la opinión de casi 60 países, quienes buscan crear un Gobierno de “emergencia nacional” para hacer frente a la pandemia sanitaria. La idea es aglutinante e incluye a todos los sectores políticos y sociales, dado que se alinea con las sugerencias contenidas en un nuevo proyecto estadounidense titulado un “Marco Democrático para Venezuela”.
El Gobierno de Argentina decidió no acompañar al resto de los miembros del grupo cuando éstos adoptaron ese texto como referencia de futuras acciones, hecho que induce a preguntar cuáles son los enfoques alternativos que el país tiene en mente para facilitar la negociación de Maduro con las fuerzas opositoras, un enfoque que debería incluir la definición de objetivos y tomar en cuenta que, como se mencionó, en esta historia ya fracasaron cinco intentos previos de dirigentes en actividad o con gran experiencia previa en estos menesteres. Tales iniciativas naufragaron porque, a la vista de todos, el deseo primordial del régimen venezolano era ganar tiempo y aferrarse al poder, rechazando de facto los probables resultados de una negociación.
La crisis venezolana se agravó por la pésima gestión y la rampante corrupción del gobierno autocrático de Maduro, quien sólo parece escuchar las opiniones de Cuba y, en cierto modo, la de Rusia. En los últimos tiempos, los problemas de ese país se multiplicaron en virtud de las sanciones internacionales, la caída de los precios del petróleo, la falta de recursos económicos, la hiperinflación y el conflicto político que divide a la sociedad, lo que explica la activa desobediencia civil que se advierte en las calles de sus ciudades y pueblos.
Pero en estos días el panorama es aún más sombrío debido a la crisis humanitaria originada por la presencia del Covid-19, agravada por la incapacidad operativa de la sociedad para hacerle frente sin asistencia internacional, ya que hoy el sistema sanitario venezolano es el peor de América Latina y exhibe una crónica falta de medicamentos, a lo que se agregan las carencias de sus habitantes, uno de cuyos reflejos es el éxodo de más de cinco millones de sus ciudadanos.
Obviamente, la realidad venezolana se proyecta sobre la estabilidad y equilibrio regional, a lo que se suma el hecho de que los países en desarrollo, Venezuela en particular, encabezan la lista de naciones que pueden ser arrasadas por tal desastre.
En adición a ese escenario, el 26 de marzo Estados Unidos presentó una acusación penal contra Maduro y otros 14 funcionarios, quienes fueron responsabilizados de ser parte del tráfico internacional de drogas, al asociarse con miembros de la FARC de la guerrilla colombiana para introducir cocaína en terceros países. El Fiscal General, William Barr, anunció significativas recompensas pecuniarias para quienes suministren informaciones que puedan llevar a la detención y arresto de los nombrados.
Sugestivamente, muchos gobiernos criticaron la decisión de Washington por considerarla inoportuna y por introducir un obstáculo disfuncional en el proyecto de negociación. La respuesta de Maduro fue abrir, por primera vez, una investigación judicial a Guaidó, a quien acusó de organizar un Golpe de Estado.
Con posterioridad, el 31 de marzo, Donald Trump anunció el despliegue de buques y aeronaves de su país, en conjunto con otras naciones en la región del Mar Caribe y Venezuela, con la excusa de reforzar las operaciones contra el narcotráfico. Y si bien se presenta como un enfoque global destinado a evitar la introducción de esos narcóticos en Estados Unidos, e impedir que los carteles exploten la pandemia, el tiempo elegido no podía ser peor.
Estos desarrollos coinciden con la presentación que hizo el Secretario de Estado Mike Pompeo del antedicho plan “Marco Democrático para Venezuela” el que, al igual que otras acciones diplomáticas anteriores, se orienta a evitar el colapso y declinación del país. El propósito del documento es lograr un cambio del sistema que denomina cleptocrático y, bajo tal imputación, el ataque a sus dirigentes, a quienes controlan la estructura gubernamental , a las fuerzas militares, la policía y a los denominados 'colectivos', que son grupos inorgánicos de choque.
La propuesta consta de 14 puntos y se inspira en negociaciones anteriores, como la que hace meses lideró Noruega y terminó en la nada. El documento sugiere crear un gobierno interino a cargo de un Consejo de Estado de cinco miembros bajo observación internacional, sin Maduro ni Guaidó, el que debería hacerse cargo del Poder Ejecutivo y convocar a elecciones presidenciales libres dentro de los seis a doce meses. Una vez concretada la votación, se dispondría el levantamiento de las sanciones estadounidenses y de la Unión Europea (UE), siempre que se satisfagan las anteriores condiciones y se vayan del país las fuerzas extranjeras (cubanas). En adición a ello, se comenzaría a aplicar un programa humanitario sostenido por la comunidad internacional y se crearía una Comisión de la Verdad y la Reconciliación, para investigar los actos de violencia que tuvieron lugar desde 1999, cuyos miembros serían propuestos por las Naciones Unidas (ONU). El proyecto también sugiere que los jerarcas militares continúen en sus puestos, lo que no incluye a Nicolás Maduro, a fin de que participen y dejen de apoyar al actual régimen.
Por ahora la iniciativa no llegó muy lejos, puesto que fue rechazada de inmediato por el Ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, quien la calificó como un adefesio inaceptable para un país libre.
Esa reacción se produjo cuando Maduro enfrenta una tormenta perfecta por tres motivos.
1) Los dramáticos efectos del Covid-19, que lo llevó a imponer una cuarentena estricta, con resultados caóticos al restringir la circulación de alimentos, combustibles y el trabajo de los trabajadores informales, los que son mayoría. Sólo se olvidó de aplicar un sistema de salud eficiente. El descontento popular que originó esa medida resulta indescriptible.
2) Que el petróleo venezolano perdió valor e interés geopolítico dado el conflicto entre los grandes productores, (como Rusia y Arabia Saudita) y el menor consumo mundial, que la recesión redujo en forma sustantiva.
3) Trump incentivó las acciones encaminadas a condicionar a Venezuela.
Es posible que algunas de estas medidas surjan de un Presidente, como el Jefe de la Casa Blanca, quien busca fortalecerse ante la el imprevisible resultado de las elecciones de noviembre y las numerosas críticas a su gestión.
Entre otros temas, sus opositores cuestionan la incoherencia demostrada por el mandatario al realizar los cinco cambios en el contenido de sus mensajes sobre la pandemia, su demora en reconocer la gravedad del problema y al adoptar medidas de contención recién al ver el aumento de los enfermos y víctimas, y los problemas para salir del aislamiento social y reactivar la economía mientras la Reserva Federal estima que una tercera parte de los trabajadores van a perder su empleo y los mercados están a la baja.
El comunicado de nuestra Cancillería incluye expresiones que no guardan relación con los intensos desarrollos que hemos descripto de la crisis venezolana y resultan peligrosamente ambiguas al orientarse hacia el posible objetivo de estar en el Grupo sin incurrir en mayores costos políticos con todas las partes en pugna.
Sin embargo, este ejercicio es absurdamente peligroso para un gobierno que hoy no goza de confiabilidad internacional y afronta una penosa situación económica-financiera que requiere el apoyo de naciones como Estados Unidos y la Unión Europa, muy críticas del régimen venezolano. Además, nuestro país está sumergido en la devastación que habrá de deparar la crisis sanitaria, una situación que agudiza los problemas sociales y políticos preexistentes y modifica el orden mundial y a muchos gobiernos que tienen intereses en Argentina.
Estos datos no dejan lugar para que Fernández otorgue relevancia a enfoques ideológicos perimidos e ineficaces, por sólo convivir con la corrección política del ala más reducida y menos popular de su coalición de Gobierno.
