Por Oscar Muiño
Desde hace largas semanas ?meses, dicen algunos? reuniones muy reservadas vienen analizando la causa de los cuadernos. La búsqueda de una salida a las empresas de la obra pública.
A comenzar el caso, una franja del oficialismo macrista se entusiasmó ante el efecto electoral que podría lograr. Por primera vez, decían, eran imputados y llevados a tribunales grandes empresarios. Una prueba de republicanismo.
Con el tiempo, ese entusiasmo comenzó a enfriarse. Fue sustituido ?también en algunas franjas, no todas, del oficialismo?por la preocupación de advertir que el grueso de las grandes compañías había quedado invalidado para seguir construyendo. Pérdida de inversión, de obras, de empleo.
Comenzaron entonces tenues contactos ?obviamente secretos- que se fueron haciendo más intensos. Las primeras opciones apuntaban a producir cambios en la conducción de las empresas, castigar a ciertas personas que concentrarían la pena y liberar de responsabilidad a las compañías.
Pero los dueños ?ellos eran los imputados? no aceptaron y ese camino pareció frustrarse.
Algunos empresarios empezaron a imaginar otra opción: pagar al Estado a cambio de evitar el Código Penal.
Se imaginaron varios senderos. Alguien propuso enviar la causa a largas, en esos infinitos juicios que tanto agradan a ciertos juzgados federales. A esto los empresarios se opusieron. Con juicios abiertos, ningún banco habría de financiar jamás a sus empresas. Y ellos quedarían sometidos a la voluble voluntad de ciertos magistrados.
Los empresarios comenzaron a sugerir la posibilidad de una multa. Una megamulta. Las cifras van y vienen. A hoy, estarían dispuestos ?se dice entre murmullos? a aportar entre todos. Una vaquita que podría llegar hasta US$ 1.000 millones con destino al Estado Nacional. Además, el retiro definitivo de las empresas de aquellos que hayan quedado incursos en alguna tipicidad del Código Penal.
Otra ruta conduce a la probation. Esa alternativa de la pena que debe cumplirse en tareas sociales en escuelas, guarderías, comedores. Acá parecería haber alternativas a profundizar.
A cambio, pretenden lograr algún perdón. Pero este perdón debiera realizarse a través de una ley del Congreso, único medio para evitar conflictos judiciales posteriores. En rigor, una suerte de amnistía.
Los tratados internacionales firmados por la Argentina impiden todo intento de amnistía para funcionarios públicos castigados por corrupción. Por eso esta suerte de amnistía no podrá incluirlos, pero la norma no es extensiva ?dicen? a individuos que provienen de la actividad privada.
Desde la política, las dudas parecen más que las certezas. En confidencia, muchos líderes admiten que es muy difícil enviar al cadalso a un segmento íntegro de la actividad constructora. ¿Que capitalismo podemos hacer si los empresarios están presos? Al mismo tiempo, nadie quiere dar el mensaje de que ciertas personas, gracias a su riqueza, puedan eludir las condenas por la comisión de delitos.
Un sector de la población, de la política y de los medios de comunicación se opondrá durante a cualquier solución que no sea continuar con las causas. Y los partidarios del perdón son más en las charlas reservadas que en las declaraciones públicas.
Los testigos protegidos, por su parte, están preocupados por el riesgo de lo que pudiera ocurrirles.
De hecho, las conversaciones con el Frente de Todos han comenzado, aunque nadie quiere darle el carácter de negociaciones, sino el de simples charlas sin obligaciones.
El debate le quita el sueño a más de uno. Nadie apuesta a un final cercano, aunque algunos sueñan que sea un resultado de la transición. De otro modo, se convertirá en una de las primeras decisiones del próximo presidente. Los más cultos de los intervinientes lo ven como un clásico dilema weberiano: la ética de la convicción marca el camino de la condena; la ética de la responsabilidad, dicen, indica el perdón.
