Por Héctor Rubini Economista de la USAL
En las últimas semanas, el Gobierno brasileño presentó al Parlamento su proyecto de reforma tributaria. Se trata en realidad de dos Propuestas de Enmienda Constitucional (PEC). Una presentada a la Cámara Baja (PEC 45) y otra al Senado (PEC 110). Ambas pretenden el sistema impositivo, consolidando una serie de varios impuestos indirectos en solo dos nuevos tributos. Uno sería el Impuesto sobre Bienes y Servicios (IBS), una suerte de IVA nacional unificado, y el Impuesto Selectivo (IS), que se aplicaría sobre las ventas de bienes y servicios, análogo al impuesto a las ventas de Estados Unidos.
Llamativamente, el IBS reemplaza a un número diferente de impuestos según los proyectos elevados por el Ejecutivo. En la PEC 110, el IBS sustituiría a 5 tributos: 1) Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI), 2) Contribución para el Programa de Integración Social (PIS), 3) Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social (COFINS), 4) Impuesto sobra la Circulación de Mercaderías y Prestación de Servicios de Comunicación y de Transporte (ICMS), y 5) Impuesto sobre Servicios (ISS), aplicado por los municipios, excepto el Distrito Federal, sobre servicios no gravados por el ICMS. En la PEC 45, el IBS sustituiría además de estos 5 impuestos a otros cuatro: 1) Contribución de intervención en el Dominio Económico (CIDE), sobre combustibles, 2) Impuesto sobre salario-educación, 3) Contribución al Programa de Formación del Patrimonio del Empleado Público (PASEP), 4) Impuesto sobre Operaciones Financieras (IOF). Además, dejaría de existir otro impuesto, la Contribución Social sobre la Ganancia Líquida (CSLL), que se integraría al Impuesto a la Renta.
Según varios medios brasileños, el viernes habría admitido su intención de habilitar al ministro de Economía, Paulo Guedes, para negociar en el Parlamento la reincorporación (bajo otra apariencia) del viejo impuesto a las transacciones financieras vigente entre 1996 y 2007: la Contribución Provisoria sobre Movimientos Financieros (CMFS). Su alícuota fue variando, llegando como máximo al 0,38%
La nueva CPMF, con una alícuota que según Guedes sería de 0,2%, gravaría todo tipo de débito o crédito bancario, pago con tarjetas, y además, sobre los pagos de toda transacción online. De ahí que el oficialismo trate de transmitir la idea de que es sólo un “impuesto digital”. En realidad, es la CPMF más un impuesto digital: en suma, un nuevo gravamen sobre todo el sistema de pagos minoristas, incluyendo los pagos online. Supuestamente el Ejecutivo estaría dispuesto a ofrecer a cambio de este impuesto una reducción del 25% en los impuestos al salario, pero esto último es por ahora un trascendido sin base firme. Según el presidente de la Cámara de Diputados Rodrigo Maia, lo único cierto es la intención del gobierno de recrear este tributo que elevaría la presión tributaria en no menos de 9 puntos del PBI. De ahí el fuerte rechazo de la oposición. Hasta los jefes militares le habrían adelantado a Bolsonaro que este nuevo tributo no sería aprobado en el Parlamento.
La intención oficial de aplicar este impuesto distorsivo no es nueva y en septiembre del año pasado provocó la renuncia del exsecretario de la agencia recaudadora (Receita Federal), Marcos Cintra. La idea que el año pasado había definido Guedes con su equipo era la de resucitar este tributo con una alícuota del 0,4% sobre cada retiro o depósito de fondos en cada cuenta bancaria, y del 0,2% sobre cada punta (cobro y pago) en cada transacción abonada con tarjetas de crédito o débito. La intención de Bolsonaro sería ahora la de recrear este tributo para obtener fondos para distribuir a la población de menos ingresos. El nuevo tributo en caso de ser aprobado se afectaría a pago de la contribución “Renda Brasil” que es la versión actual del llamado “Bolsa Familia” de los gobiernos de Lula y Dilma. En el mes pasado los beneficiarios eran 14,2 millones de personas, quienes han percibido un subsidio promedio de algo menos de R$ 250. La idea es la de asegurar con este impuesto un pago mensual de R$ 600 a los actuales perceptores e incorporar no menos de 6 millones de nuevos beneficiarios en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Una suma nada despreciable como “clientela potencial” si se lo mira con ojos electoralistas, ya que ante el impacto de la pandemia, este año se inscribieron 36 millones de brasileños para acceder a este subsidio.
Para 2020 el presupuesto asignado para el programa es de R$ 30.000 millones (US$ 6.900 millones). Con el nuevo tributo, el Ejecutivo podría incrementarlo hasta R$ 70.000 millones (US$ 13.400 millones). Para el oficialismo aparecen dos nubarrones que pueden bloquear la viabilidad de este tributo en el debate parlamentario. Es más que visible el oportunismo del oficialismo para aprovechar la filosofía subyacente de simplificar el sistema, ampliando la base tributaria. La semana pasada la Confederación Nacional de la Industria publicó un trabajo según el cual la presión tributaria en Brasil es de 32,3% del PIB, apenas inferior a la de España y Polonia, países cuyo ingreso per cápita más que duplica al de Brasil. No es tan claro que la presión tributaria baje realmente con el proyecto oficial.
Lo que no parece factible es que el nuevo régimen se pueda aprobar sin grandes cambios y antes de fin de año. Con objetivos loables, como los de desincentivar consumos no saludables, la PEC 45 prevé también la creación de impuestos específicos sobre cigarrillos y tabaco, además de un mecanismo específico de transferencias para familias en situación de vulnerabilidad social. Pero en la PEC 110 se habilita a la Unión (el gobierno federal), las administraciones de los estados y las municipales, a aplicar los mismos impuestos con diferentes alícuotas. Además, las diferencias entre las dos propuestas oficiales no se restringen a la sustitución/simplificación impositiva. La PEC 45 prevé una transición de 10 años para implementar esta reforma tributaria, mientras que la PEC 110 elevada al Senado propone ejecutar la reforma en apenas 1 año.
La estrategia del oficialismo es clara: enviar proyectos diferentes a cada cámara para promover debates, divisiones entre opositores y finalmente lograr el consenso político y las mayorías para aprobar alguna de las dos propuestas. Pero el impuesto a las transacciones financieras puede bloquear todo, y postergar los debates decisivos para el año próximo. Sobre todo, si entre los legisladores opositores se consolida la percepción de que el nuevo gravamen aumentaría presión tributaria, y para financiar el uso discrecional de los subsidios a los sectores más vulnerables con el objetivo último de asegurar la reelección de Bolsonaro en octubre de 2022.
