por Héctor Rubini
Las primeras decisiones de política fiscal de Donald Trump vienen siendo materia de controversia desde hace varios meses en EE.UU. Sin embargo, no cede la incertidumbre sobre su impacto sobre la actividad y el empleo, así como sobre la magnitud de las esperables subas en las tasas de interés.
El ideario fiscal de Trump tiene varios puntos en común con los principios de la fundación “Contract from America” del Tea Party. En la campaña electoral insistió con reducir de 35% a 15% la alícuota de impuestos a los ingresos de las empresas, desgravar utilidades de filiales en el exterior de empresas de EE.UU., casi cuadruplicar los mínimos no imponibles para el impuesto a los ingresos de personas físicas y reducir de 7 a 3 las categorías de contribuyentes individuales al impuesto a los ingresos, con alícuotas nominales de 12%, 25% y 33%.
Los números
Para las empresas eliminaría las deducciones tributarias, salvo la afectada al financiamiento estatal de gastos en Investigación y Desarrollo (I&D). Para los individuos, en cambio, aumentaría sustancialmente las deducciones y, así, los perceptores de menos de U$S 75.000 anuales, afectados por una futura alícuota nominal de 12% a los ingresos, pagarían cero en concepto de este impuesto. También prevé una exención de impuestos para fondos en cajas de ahorro para los niños o ancianos del grupo familiar. Los capitales que sean repatriados para inyectar capital a empresas existentes o nuevas pagarían una tasa uniforme de 10%.
Los equipos de Trump sostienen que su programa reduciría los ingresos fiscales en una década en U$S 2,6 billones por año. Esto estaría compensado por ahorros asociados a la reforma de la política comercial por U$S 1,6 billones. El déficit fiscal aumentaría entonces en U$S 800.000 millones, pero se podría reducir con recortes en gastos y transferencias sin afectar el gasto en defensa ni el gasto social (los famosos entitlements).
Si el PIB llegara a crecer más de 3,5% anual, entienden que hasta podrían obtenerse superávit primarios. Asumen varios efectos positivos y complementarios: más eficiencia del sector privado por reducción de presión fiscal y efecto multiplicador de la actividad por aumentar la inversión pública, y sin expulsión o crowding out del gasto privado. A esto se sumarían supuestos efectos positivos de desregulaciones en el mercado interno y también por parte de una política comercial de sesgo proteccionista. La apuesta es a un rebote de la oferta de bienes y de la recaudación tributaria, que cerraría el aumento inicial de la brecha fiscal. Su financiamiento sería vía nuevo endeudamiento, a costa de una inevitable suba de las tasas de interés.
La aprobación del “recetario Trump” exigirá el examen de las simulaciones que fundamenten esos efectos. El scoring de los modelos subyacentes está a cargo de la Oficina de Administración y Presupuesto (CBOT) y el Comité Conjunto sobre Tributación (JCT). Sus equipos deben evaluar los modelos intertemporales usados para simular el efecto-impacto de estas iniciativas, y los desarrollos recientes indican que no será fácil predecirlo. Lamentablemente, no existe modelo ni enfoque único para tal tipo de evaluaciones.
Los efectos
En la 109º Conferencia Anual de la National Tax Association, celebrada entre el 10 y el 12 de noviembre pasado, la economista Nora Traum presentó una investigación con los profesores Eric Leeper y Todd Walker que justifican no pocas de las dudas de estos días. Su paper, titulado “Clearing Up the Fiscal Multiplier Morass”, muestran que ese multiplicador depende del tipo de interacción entre las políticas fiscal y monetaria, la complementariedad o no entre consumo privado y público, y la presencia de rigideces de precios y salarios.
Con datos que van desde el primer trimestre de 1955 hasta el segundo de 2014, estimaron que cuando la política monetaria es activa y la política fiscal responde pasivamente a la monetaria y se limita a estabilizar la deuda pública, el efecto multiplicador (a valor presente) del gasto público sobre el PIB sería de apenas 1,16 en un año, y 0,70 en diez años. Asumiendo una política fiscal activa, dominante, computaron un multiplicador no mucho mayor: 1,53 a un año y 1,87 a diez años. Claramente, el valor depende en gran medida del tipo de reglas que seguirán las autoridades. Mal que le pese a Trump, el efecto impacto de su esperado programa “keynesiano”, si bien incierto, no sería significativo.
Si es óptimo o no, es algo que se relaciona con el financiamiento y sus efectos. El impacto intetemporal neto resultará de balancear el efecto negativo de estos sobre la riqueza y los incentivos económicos con el impacto positivo para el sector privado de contar con activos (bonos) que le permitan sortear restricciones de liquidez. En un clásico trabajo publicado por la Fed de Minneapolis en 1997, Rao Aiyagari y Ellen McGrattan desarrollaron un modelo con agentes de vida infinita con el que estimaron que el nivel óptimo de la deuda pública de EE.UU. era de 2/3 del PIB. En la reciente Conferencia de la National Tax Association, dos economistas del gobierno estadounidense (William Peterman de la Fed y Eric Sager del Bureau of Labor Statistics) presentaron un modelo alternativo con resultados muy diferentes. Asumiendo vidas finitas y la presencia de ahorro para la vejez, la política fiscal óptima es la que llevaría al gobierno a acumular activos del sector privado. Por consiguiente, ni las propuestas de Trump ni las actuales políticas de Barack Obama son óptimas ni sostenibles, salvo que alcancen superávits fiscales permanentes.
¿Podrán los equipos de la CBOT y del JCT emitir dictámenes favorables para las iniciativas de Trump? Desde una perspectiva técnica todo indicaría que no. Pero con un Presidente renuente a que se lo contradiga o corrija, lo más probable es que toda desaprobación sea ignorada y que la Casa Blanca haga pesar su mayoría en ambas cámaras, y aplique el programa anunciado en la campaña electoral.
Su efectividad dependerá de las reacciones dentro y fuera de Estados Unidos, tanto de gobiernos como de agentes privados, y esto no tiene riego cero. Si la nueva administración pierde reputación y credibilidad, la volatilidad de precios y rendimientos, y la incertidumbre aumentarán rápidamente. En ese caso, el potencial éxito de esta rara mezcla de “Reaganomics” de los '80, keynesianismo vía obras públicas y proteccionismo de los '30 podría desdibujarse bastante antes que lo deseado por Trump y sus equipos.
(*) Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la USAL.
