Los aportes del sector rural a economías tan diversas como las de la Unión Europea (UE) y de India difieren en magnitud, pero su poder político es igual de influyente, algo que quedó evidenciado con las masivas protestas que durante las últimas semanas protagonizaron en paralelo agricultores europeos e indios.
Los medios de comunicación se poblaron en el comienzo de 2024 de imágenes de tractores y camiones bloqueando las capitales europeas, con agricultores furiosos contra una generación "verde" de políticas agrícolas, contra el aumento de los costos de producción y a favor de medidas proteccionistas.
El mismo sector que en plena globalización se mantuvo en pie gracias a la Política Agrícola Común (PAC) de subsidios de la UE arde ahora por otras regulaciones, las de sustentabilidad del Pacto Verde con el que el bloque pretende transformar su tradicional matriz económica frente al calentamiento global. Es hora de una mayor contraprestación monetaria de este nuevo esfuerzo, dicen en el campo.
En 2022, la agricultura sólo representaba el 1,4% del PIB de la UE (220.700 millones de euros), pero las respuestas del poder político -de marcha atrás- dan una idea de la influencia que mantiene el sector. Su voto en las elecciones de junio al Parlamento Europeo, con la ultraderecha en ascenso, se ha vuelto clave.
En el caso de India, quinta economía mundial, la participación de la agricultura en el PIB cayó al 15% en el año fiscal 2022-23, frente al 35% de 1990-91, por el rápido crecimiento de la industria y los servicios en el que ahora es el país más poblado del planeta, miembro de los BRICS y pieza fundamental del Sur Global.
Los agricultores indios llevan tres años de protestas como las europeas para revertir el retroceso. Ahora han obligado al nacionalista Narendra Modi a buscar respuestas, a sólo tres meses para las elecciones en las que el presidente buscará la reelección para iniciar un tercer mandato de cinco años.
Razones europeas
Según el European Council on Foreign Relations (ECFR), en el corazón del conflicto de los agricultores europeos está el rechazo a la acción climática impulsada desde Bruselas para llegar a 2050 con una economía totalmente sustentable y mínimas emisiones de carbono, expresada en el Pacto Verde (Green Deal).
La UE se propuso reducir hasta 2030 sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% con relación a 1990, para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050.
En 2023, la Ley de Restauración de la Naturaleza de la UE, destinada a proteger y mejorar la biodiversidad en los ecosistemas europeos, ya había enfrentado una feroz oposición del sector agrícola antes de ser aprobada.
Lo que trajo 2024 fue una generalización de las protestas, desde España a Polonia, pasando por Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos y Grecia. Lo primero que hizo la Comisión Europea para reducir la tensión fue rebajar el rol del campo en el plan de reducción de emisiones netas, en 90% para 2040.
El otro gran eje de las demandas es el de la competencia de la economía agrícola europea frente al mundo, en la que según los agricultores operan en "condiciones desiguales" bajo los acuerdos de libre comercio que ha firmado la Unión Europea, porque compiten con mercados de menos exigencias y precios más bajos.
Según la organización Farm Europe, los ingresos por hectárea del campo europeo disminuyeron un 12% en los últimos 20 años, la UE perdió 37% de sus agricultores y los pagos directos disminuyeron un 31%. En general, concluye, los consumidores y las finanzas públicas han sido los grandes ganadores de las políticas de Bruselas, y los agricultores son los grandes perdedores.
Con manifestantes bloqueando París y repudiando su presencia en una feria, el presidente Emmanuel Macron denunció que el agro del Mercosur se rige por normas ambientales y sociales más laxas y detonó así definitivamente el acuerdo de libre comercio con la UE que se gesta sin éxito hace más de dos décadas. También otorgó 150 millones de euros de ayudas y quitó un impuesto al gasoil.
Al igual que en Francia, los agricultores de Alemania, Italia, Polonia, Países Bajos y España han salido a las calles para rechazar esa lista coincidente de puntos que abarca cuestiones ambientales, de competencia, de costos de producción y hasta de burocracia administrativa que conspira contra sus beneficios. Los campesinos polacos protestan por una competencia desleal de la Ucrania en guerra.
"Nos están ignorando", dijo a la prensa Marieke Van de Vivere, agricultora de la región de Ganet, en el norte de Bélgica, e invitó a los políticos de la UE "a venir un día con nosotros en un día de trabajo en el campo, o con los caballos o con los animales, para ver que no es muy fácil (...) por las normas que nos imponen".
El nacionalismo crece en las encuestas para las elecciones (del 6 al 9 de junio) atacando a la burocracia de Bruselas en nombre de un tradicionalismo que aprecia el campo, mientras la derecha se presenta como "el partido de los agricultores".
Ante esta doble amenaza, la Comisión Europea liderada por Ursula von der Leyen -que busca la reelección- archivó un proyecto contra el uso de pesticidas que empeoraría las posibilidades de las alianza moderada que hoy administra el bloque apoyada en un electorado más urbano y progresista.
En febrero, la Comisión Europea anunció que reducirá a la mitad el número de controles administrativos ambientales. "El mensaje de los agricultores es claro: quieren trabajar en sus campos, no atrapados detrás de archivos", reconoció el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski.
- Los votantes en general siguen temiendo el cambio climático, pero tienden a priorizar un menor coste de la vida sobre el impacto climático. Los gobiernos de la UE, por su parte, temen las consecuencias de no apaciguar al lobby agrícola. En 2022, la agricultura sólo representaba el 1,4% del PIB de la UE, pero en muchos Estados miembros tiene una enorme influencia política, según el ECFR.
Razones indias
En India, los agricultores centran sus demandas en la fijación de un precio mínimo para sus cosechas y la condonación de sus deudas, una promesa que les hizo Modi cuando apaciguó las protestas de 2021 en Nueva Delhi contra su proyecto de reforma agraria para liberar mercado local, y que le reprochan haber incumplido.
Modi intentó liberalizar la venta, los precios y las normas de almacenamiento de productos agrícolas, y permitir que los agricultores vendieran sus productos a precios de mercado directamente a intermediarios privados: empresas agrícolas, cadenas de supermercados y almacenes online.
La mayoría de los agricultores indios venden sus productos a mercados mayoristas controlados por el gobierno con un precio sostén asegurado. Modi quería permitir a compradores privados acaparar alimentos como arroz, trigo y legumbres para ventas futuras, y no sólo a agentes autorizados por el gobierno.
Pero los agricultores temen que una reforma semejante los debilitará frente a especuladores privados en la fijación de precios y la comercialización. Es decir, prefirieron protección y subsidios frente a un mercado liberalizado.
Miles de agricultores indios se suicidan cada año debido a la pobreza, el endeudamiento y la pérdida de cosechas, afectadas por patrones climáticos cada vez menos predecibles debido al calentamiento global. Los agricultores demandan ahora una pensión fija de 120 dólares para trabajadores rurales mayores a 60 años.
La Administración de Modi anuncia cada año precios mínimos para 20 rubros, pero sólo adquiere dos (arroz y trigo) desde agencias estatales, al 6% de los productores.
La agricultura representa el 15% de la economía india, lo que puede determinar un cambio en las elecciones de las cuales depende la continuidad de Modi, quien lleva una década en el poder, y potenciar las opciones del tradicional partido opositor del Congreso Nacional Indio, que sí ofrece una ley para darle garantías al agro.
En el fondo de estos conflictos simultáneos en Europa e India, tanto los actores rurales como el poder político se ven ante el desafío de repensar el rol de la agricultura como parte clave, no sólo de la economía, sino de la seguridad nacional.
La pandemia y la guerra demostraron la vulnerabilidad de las cadenas globales de suministro, de la seguridad alimentaria de los países y, en última instancia, de la estabilidad de todos nuestros sistemas políticos.
La consecuencia global: un avance del proteccionismo en el mercado internacional de productos agrícolas, con impacto directo en países productores como Argentina.
