Este fin de semana, tan solo un par de horas después de ser acusado de crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional (CPI), el presidente ruso Vladimir Putin realizó una visita sorpresa a la ciudad ucraniana de Mariupol.
La televisión estatal mostró imágenes de Putin recorriendo la ciudad el sábado por la noche, reuniéndose con residentes y recibiendo información sobre los esfuerzos de reconstrucción por parte del viceprimer ministro Marat Khusnullin.
El viernes, la CPI emitió una orden de arresto contra Putin, en la que se lo acusaba de la deportación forzosa de niños ucranianos hacia Rusia. Así, el mandatario ruso se convirtió en el tercer presidente en funciones en recibir una orden de arresto por parte de esta Corte, lo que le dificultará realizar viajes al exterior.
Por su parte, el Kremlin no ha negado los hechos, pero explica que es una campaña humanitaria para proteger a los huérfanos y niños abandonados en la zona de conflicto.
¿Qué es la CPI?
Comenzó a funcionar en 2002 con el objetivo de juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crimen de agresión cuando los estados miembros que no quieren o no pueden hacerlo por sí mismos.
Creada por el Estatuto de Roma, el tratado fue ratificado por todos los estados de la UE, así como por Australia, Brasil, Reino Unido, Canadá, Japón, México, Suiza, 33 países africanos y 19 naciones del Pacífico Sur.
Está habilitada para perseguir delitos cometidos por naciones de los Estados miembros o en el territorio de los Estados miembros por otros actores. Actualmente posee 123 estados miembros y su presupuesto para 2023 es de unos 170 millones de euros.
Según la propia CPI, hasta ahora ha habido 31 casos ante la Corte, mientras que sus jueces han emitido 38 órdenes de arresto. Además, 21 personas han sido apresadas en el centro de detención de la CPI y han comparecido ante el tribunal.
La CPI ha condenado a cinco hombres por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, todos líderes de milicias africanas de la República Democrática del Congo, Malí y Uganda.
El primer exjefe de Estado en comparecer ante la CPI fue el expresidente marfileño Laurent Gbagbo, quien fue absuelto de todos los cargos en 2019 después de un juicio de tres años.
¿Puede Putin ser detenido y/o juzgado?
Hasta el viernes, el expresidente de Sudán, Omar al-Bashir, y el libio Muammar Gaddafi eran los únicos otros líderes que habían sido acusados por la CPI mientras se desempeñaban como jefes de Estado.
Los cargos contra Gaddafi terminaron después de que fuera derrocado y asesinado en 2011, mientras que Bashir, acusado en 2009 de genocidio en Darfur, permaneció en el cargo durante otra década hasta que también fue derrocado y procesado en Sudán por otros delitos, aunque no fue entregado a la CPI.
Mientras estuvo en el cargo, viajó a varios países árabes y africanos, incluidos los estados miembros de la CPI Chad, Djibouti, Jordania, Kenia, Malawi, Sudáfrica y Uganda, que se negaron a detenerlo.
En este sentido, aunque los 123 estados miembros de la CPI están obligados a detener y transferir a Putin si llegara a su territorio, en los papeles esto podría no suceder.
Esto se debe a que, en un mundo anárquico en donde no hay una autoridad supranacional, los Estados continúan siendo los máximos actores del sistema internacional.
Por lo tanto, la CPI no tiene poder de policía ni cuenta con fuerzas de seguridad o servicios penitenciarios propios, por lo que depende de la colaboración de los Estados en diversos aspectos relacionados con la investigación, persecución de los crímenes y la posibilidad de poner a disposición del tribunal a los acusados.
Otro dato a tener en cuenta es que Rusia, China, Estados Unidos e India no son miembros de la CPI, ya que creen que podría utilizarse para enjuiciamientos por motivos políticos.
Rusia firmó el Estatuto de Roma en el 2000, pero retiró su respaldo en 2016, después de que la CPI clasificara la anexión de la península de Crimea por parte de Moscú como un conflicto armado.
Por su parte, Ucrania tampoco es miembros de la CPI, pero una remisión a la misma en 2015 por parte de Kiev otorga a la Corte jurisdicción sobre los crímenes de guerra perpetrados en su territorio, incluso si los llevaran a cabo ciudadanos rusos o de otros estados no miembros.
