El dicho regional suele referir a Uruguay como “la Suiza de Latinoamérica”. Sin embargo, tras la cordillera de los Andes, Chile suele sorprendernos con reacciones características del sistema político suizo. Lo que ocurrió este domingo no fue la excepción. Antes de que la persona que esté leyendo esta columna se adentre en la misma, valen algunas aclaraciones. En primer lugar, se trata de un ejercicio comparativo que parte de una reducción: solo estaremos comparando algunos aspectos esenciales del proceso de toma de decisiones. En segundo lugar, la reducción es intencional: se busca llamar la atención sobre el mensaje dado por la ciudadanía chilena a la dirigencia política (y en particular al presidente Gabriel Boric). Desde aquí, es necesario señalar que lo acontecido en el país trasandino aplica a su propia coyuntura, y no es extrapolable a la política de nuestro país.
El pasado domingo, Chile se enfrentó al “plebiscito de salida” del proceso constituyente. Tras el estallido social de 2019, el grueso de la opinión pública instaló entre sus demandas el proceso de adopción de una nueva constitución para el país. El “Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución” firmado en noviembre del mismo año, y en el que participaron la mayoría de las fuerzas políticas, impulsó la realización de un plebiscito para que la ciudadanía defina si era necesario llevar adelante el proceso de reforma. El plebiscito (conocido como “de entrada”), que tuvo lugar en octubre de 2020, llevó a la adopción de una convención constitucional electa por el pueblo.
Las elecciones a convencionales tuvieron lugar en mayo de 2021, y arrojaron dos datos atípicos para la trayectoria electoral chilena: por un lado, fueron las elecciones con menor participación en toda la historia democrática del país; por otro lado, aunque la fuerza política más votada fue el pacto “Vamos por Chile” -de los partidos tradicionales de centroderecha-, la izquierda y los candidatos independientes obtuvieron una importante mayoría en la convención. Adicionalmente, en pleno desarrollo de la convención constituyente, Chile también eligió presidente, ganando por primera vez desde el regreso a la democracia, un candidato de izquierda (el ya mencionado Boric).
El texto de la propuesta de nueva Constitución fue entregado al presidente y al público en junio de 2022, y el “plebiscito de salida” fue convocado para el 4 de septiembre. La constitución propuesta fue particularmente progresista para un país que ya no está acostumbrado a cambios radicales. La incorporación de temas como la plurinacionalidad y un reconocimiento a los pueblos originarios, o el derecho a la vivienda y salud gratuita generaron pugnas de intereses muy fuertes, que la campaña por el rechazo a la nueva constitución pudo aprovechar muy bien. Dicho de otro modo, se reflejaron los puntos débiles de la propuesta, así como también la debilidad política en la que se encontraba el gobierno de Boric para sostener eventuales modificaciones a la propuesta constitucional.
¿Por qué es relevante todo este contexto? Pues nos está dando una primera impresión de lo que sucedió el fin de semana en Chile: la constitución no es reflejo del pensar mayoritario de la ciudadanía trasandina. El “plebiscito de salida” tuvo el mayor nivel de participación electoral de la historia contemporánea chilena (solamente superado por el plebiscito de 1988 en el que se decidió la salida de Pinochet del poder). Una constitución que es rechazada de plano por más de la mitad de quienes conforman la ciudadanía chilena muestra que otra propuesta es necesaria para avanzar.
Al principio de estas líneas se planteó una comparación con Suiza. Hay dos elementos comparables que salen a la luz tras el resultado del “plebiscito de salida”. El primero de ellos es el mecanismo de toma de decisiones.
Suiza es reconocida como el modelo ejemplar de lo que el politólogo Arend Lijphart denominó “modelo consociativo”: las decisiones se toman solamente por amplio consenso de la ciudadanía, con respeto y acuerdo de las minorías. Se le imputa a la Constitución vigente el hecho de ser el “legado de Pinochet” -incluso cuando haya recibido modificaciones que retiraron múltiples “enclaves autoritarios” de la misma-, pero ese hecho no es suficiente como para imponer una nueva constitución. La constitución propuesta tiene que tener altos niveles de consenso para poder prosperar, y el plebiscito mostró que casi dos de cada tres chilenos no la aprueban. El consenso no estaba.
El segundo elemento comparable es la fragmentación política: tanto en Suiza como en Chile, ninguna fuerza política cuenta con el peso propio como para llevar adelante procesos políticos de mediano y largo plazo. En el caso suizo, la solución es la llamada “fórmula mágica”: las principales fuerzas políticas comparten el gobierno, independientemente de su distancia ideológica.
Por todo ello, Boric realizó un cambio de gabinete, no exento de críticas. ¿Qué ministros salieron? Aquellos que afrontaron más críticas -particularmente, la ministra de interior, Izkia Siches-. ¿Quiénes entraron? Carolina Tohá, exalcaldesa de Santiago y figura vinculada a los viejos gobiernos de la Concertación, es la principal referente. La mayoría de los nuevos ingresos están vinculados al Partido Socialista y a aliados más moderados de la coalición oficialista. Se espera, asimismo, que esto no solo oxigene el gobierno, sino que le aporte al oficialismo mayor capacidad de negociación con otros sectores.
Con estos cambios, este proceso parece ir rumbo a un camino de moderación que habilite la búsqueda de consensos. Chile, en sus años 60 y 70, tuvo a su política dividida en “tres tercios”, en términos generales incompatibles entre sí. Ese período terminó con uno de los momentos más sangrientos de su historia. El rechazo a la nueva Constitución, visto así, no es un camino de reivindicación de la vieja carta magna, sino una llamada formal y ciudadana a la moderación, y una demostración de que los tercios siguen más vivos que nunca.
