Por Héctor Rubini Instituto de Cs. Económicas de la USAL
El presidente de la Generalitat, Carles Puidgemont, se presentará mañana ante el Parlamento para exponer sobre la situación política de Cataluña. La expectativa es sobre si va a declarar o no la independencia catalana. Luego del fallido referéndum del 1° de octubre, las marchas a favor y en contra de la independencia catalana han exacerbado la tensión política en España y no pocos temores en el mundo empresarial.
El referéndum de la semana pasada había sido convocado por una ley del 6 de septiembre, y el 7 de septiembre el Parlamento catalán aprobó la Ley de Transitoriedad Jurídica y Funcional de de la República, a ser votada el 1° de octubre. Ambas decisiones fueron rechazadas por el Tribunal Constitucional de España, que además pidió a la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra que impidan ese referéndum.
Los independentistas invocan demandas de larga data, además de la “autodeterminación de los pueblos”, y del “derecho a decidir”. Los partidos de izquierda, a su vez, rechazan la iniciativa de Puidgemont, por entender que es una suerte de “separatismo de pueblo chico”. Y al igual que los nacionalistas catalanes, desconfían del Partido Popular del presidente español Mariano Rajoy.
Luego del fallido referéndum del 1° de octubre, las marchas a favor y en contra de la independencia catalana han exacerbado la tensión política en España y no pocos temores en el mundo empresarial
Esto no es nada nuevo. En 2010 la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto de autonomía catalana de 2006 motivó manifestaciones multitudinarias proindependencia y el avance de legisladores proindependencia en el Parlamento catalán. La Declaración de Soberanía y del Derecho a Decidir del Pueblo de Cataluña de 2013 relanzó la movida pro-independencia, junto a un deterioro de la imagen de Rajoy. A esto contribuyó el fallo del juez Pablo Ruz de 2014, que consideró acreditado el financiamiento ilegal del Partido Popular entre 1990 y 2008. También una serie de iniciativas centrales que los catalanes consideran afrentosas. Por ejemplo, en 2013 se aprobó la Ley de Calidad Educativa, promovida por el ministro José Wert, quien propugna que en las aulas se dicte no menos del 25% de las clases en castellano. Ante la negativa de la Generalitat de seguir ese criterio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña falló a favor de ese criterio en 2014, reavivando la ira de no pocos catalanes.
Ese encono tal vez se exacerbe a partir de esta semana. Rajoy echó nafta al fuego ayer al llamar a los “catalanes moderados” a alejarse del partido independentista Candidatura de Unidad Popular (CUP), e invocó el potencial recurso al artículo 155 de la Constitución española para derrotar al nacionalismo catalán. En su primer párrafo ese artículo establece que “si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. En pocas palabras: Rajoy está dispuesto a sofocar todo intento de independencia. ¿Qué se puede esperar? Mayor tensión. La densidad de este conflicto tiende, por ahora, a crecer sin límites a la vista.
Con diversos comunicados de prensa, esa es la lectura de las grandes empresas que empezaron a retirar sus casas matrices de Cataluña. Por ahora se trata de Orizon Genomics, los bancos Sabadell, CaixaBank, Mediolanum y Arquia Banca, el holding industrial Criteria, Gas Natural Fenosa, la textil Dogi, Eurona Telecom, Proclinic, ExpertService, Point Solutions y la cadena de estaciones de servicio Ballenoil. El éxodo puede continuar, complicando las deficitarias finanzas públicas de Cataluña. También están estudiando mudar sus casas matrices varias aseguradoras, laboratorios farmacéuticos, editoriales, automotrices y cadenas de supermercados de capitales extranjeros. Si Cataluña declara una independencia unilateral, el ahogo financiero de España y el probable estado de agitación deterioraría seriamente a la economía de la región. Inclusive, una independencia “tranquila” y exitosa no sería inocua: se enfrentará con la inexistencia de acuerdos comerciales formales, con España y el resto de Europa. Además, los bancos con
