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Brasil después de Dilma

Héctor Rubini 22 agosto de 2016

por Hector Rubini

El jueves comienza el juicio político a Dilma Rousseff. Frente a la inminente destitución, que podría concretarse hacia fin de mes, Rousseff publicó el martes pasado una carta abierta en la que afirma que, si es destituida sin pruebas de delito, propone llamar a un plebiscito para convocar a elecciones anticipadas, y para una reforma política y electoral. Una expresión de deseos, impracticable luego de la aplastante votación en el Congreso que aprobó el inicio del juicio político contra ella.

Previamente, legisladores del Partido de los Trabajadores (PT) solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que dicte medidas cautelares para suspender el impeachment a Dilma. Una voltereta política tardía e incoherente: el PT gobernante le hizo la guerra a la OEA desde que la CIDH recomendara en abril de 2011 suspender la construcción de la represa hidroeléctrica de Belo Monte en la Amazonía por poner en serio riesgo la vida e integridad de varios pueblos indígenas. La promotora de esa obra faraónica fue la propia Rousseff, entonces ministra de Minas y Energía, que una vez electa Presidente congeló los aportes financieros de Brasil a la OEA. No es esta la única curiosidad: uno de los que presentó la denuncia original en octubre del año pasado contra Dilma fue el nonagenario abogado Hélio Bicudo, uno de los fundadores del propio PT.

La probable destitución de Rousseff dará inicio a una compleja etapa política en la que el permanente enfrentamiento entre el PT y la mayoría de los demás partidos continuará mucho más allá de los comicios municipales de octubre próximo. Todos ellos también cuentan entre sus filas a dirigentes salpicados por la investigación Lava Jato, pero tampoco el PT está libre de nuevos disgustos. El propio Lula da Silva está seriamente complicado en procesos judiciales que todavía no han llegado a su fin, y Rousseff, aun cuando opte por radicarse en el exterior, podría enfrentar nuevos procesamientos.

Si bien Michel Temer enfrentará una persistente resistencia del PT en todos los frentes, su equipo económico es optimista. El ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, ha admitido públicamente que esperan una mejora sustancial en la confianza de empresarios y consumidores, que podría contribuir a una mejora en la actividad y en la recaudación tributaria en lo que resta del año.

Algo por demás necesario para revertir el aumento permanente de la deuda pública bruta, que en 2013 ascendía a 51,7% del PIB y en abril de este año equivalía a 67,5% del PIB. Para fin de este año se espera que llegue al 74% del PIB, y que supere el 80% a fin de 2017. Además, y sólo en el primer semestre de este año, el déficit primario del Gobierno Federal ascendió a R$ 23.800 millones (poco más de US$ 7.400 millones), el mayor registro semestral desde 2001. Esto no es algo nuevo ni transitorio: entre 2008 y 2015, el gasto público en términos reales creció 51% y la recaudación tributaria, 14,5%. Frente a esta dinámica, es inevitable el deterioro de la calificación de riesgo de la deuda pública, el aumento del riesgo país y las dificultades para atraer capitales.

A mediados de junio pasado, el actual Gobierno presentó una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC 241/16) para estabilizar el gasto público de la Administración Central en los próximos veinte años. El proyecto de la administración Temer es la de establecer un techo de aumento anual del gasto central nominal, dado por la inflación observada en el año inmediato anterior según el Indice de Precios al Consumidor Amplio (IPCA) a partir de 2017. Este techo se aplicaría sin cambios hasta 2026, y luego podría ser modificado mediante un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso. En los años en que el Fisco violara dicha regla, al año siguiente no podría aumentar salarios a los empleados estatales ni crear nuevos cargos o contratar personal, salvo para reponer los cargos vacantes por muerte o jubilación de empleados del Estado.

Resta esperar los términos de negociación en el Congreso para ver si se termina aprobando sin cambios la propuesta del Poder Ejecutivo. El techo nominal para forzar un descenso en términos reales del gasto público y del déficit fiscal no excluye la posibilidad de continuar aumentando algunos gastos a costa de otros, pero en términos operativos la aplicación concreta tendrá complejidades inevitables. Los gastos de salud y de educación crecen atados a la evolución de la recaudación de impuestos federales, y se requiere eliminar esa mecánica de ajuste para que el nuevo techo sea una restricción efectiva para el aumento de gasto en ambos rubros. Algo análogo se presenta con los gastos previsionales, el seguro de desempleo y otros beneficios asistenciales, que crecen anualmente siguiendo la variación del salario mínimo. En todos los casos deberá discutirse si se modificarán o no las mecánicas de ajuste actualmente vigentes. De no sujetarse al techo previsto para los demás gastos, e inclusive sin restringir un poco la generosidad con la que se otorgan algunos de esos beneficios, no será tan creíble esta propuesta para estabilizar las cuentas fiscales y el endeudamiento público. El proyecto, además, no abarca a todo el gasto público sino al 75% del mismo, excluyendo de este nuevo techo de ajuste anual a las transferencias federales a estados y municipios (salvo al Distrito Federal), los créditos extraordinarios, los aportes al fondo FUNDEB de educación básica, los gastos de la Justicia Electoral y los gastos con capitalización de empresas estatales como Banco do Brasil, Petrobras, Electrobras y Caixa Econômica Federal.

La tramitación de esta reforma podría concretarse hacia fines de octubre o noviembre. Tanto Temer como Meirelles desean de extender este límite al gasto público a los gobiernos estaduales, que le adeudan al Gobierno federal la friolera de R$ 427.000 millones (algo más de US$ 133.000 millones). Sin poner límites a las finanzas subnacionales, la propuesta del oficial no será creíble ni viable. Pero esto quizá exija la previa aprobación de la misma para controlar el aumento del gasto público nacional.

La salida de Rousseff facilitará el debate de este paquete con algunos interlocutores, pero no será muy fácil el diálogo con los legisladores provenientes de estados gobernados por el PT. Dilma probablemente quedará en el pasado, pero deja un escenario fiscal insostenible que ahora el equipo de Temer debe corregir en el corto plazo, sea con esta propuesta o con un plan B en caso de que la misma sea rechazada.

(*) Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la USAL

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