Ideas
En nuestra tradición judeo cristiana, el rol de la "culpa" y su atribución a determinado individuo, sector o actor social ante la frustración generada por la imposibilidad de arribar a determinado logro juega un rol central y las sucesivas administraciones políticas que, históricamente, han venido ejerciendo el poder en nuestro país no han escapado a dicho comportamiento.
Las declaraciones del vocero presidencial acerca de que "los rumores en virtud de algunos desacuerdos con algunos puntos de la ley y los amparos contra el DNU generaron que los dólares financieros salten de los $900 a los $1.200 ", es un buen ejemplo de la situación indicada.
Esto lo hemos visto con administraciones de los más diversos signos ideológicos, de ambos lados de la grieta.
El problema es que este tipo de comportamiento imposibilita al análisis crítico acerca la política en implementación. ¿Por qué debiera analizar lo que estamos haciendo si la "culpa" de que no logre mis objetivos es de otros?
Dado que siempre, y bajo cualquier administración, habrá "otros", este comportamiento adquiere ribetes preocupantes porque tiene la potencialidad de generar parálisis en el accionar político.
Una cosa es considerar la "herencia" que se recibe en términos económicos y sociales, los graves desajustes macroeconómicos, los desajustes de precios relativos, los pésimos registros en materia de pobreza e indigencia, como base desde la cual se parte en la ejecución de la política pública y otra cuestión es comenzar a utilizar la figura de la "culpa" para explicar comportamientos de los mercados que, en definitiva, no son otra cosa que la interacción de actores sociales en el marco de determinado marco de incentivos.
Un sano comportamiento en el gerenciamiento de la política pública, en cualquiera de sus áreas temáticas, es dejar de lado el problema de la "culpa" para, en todo caso si se quiere, analizar el tema en términos filosóficos y existenciales en el ámbito de las creencias espirituales de cada uno, y centrarse en el estudio del impacto y consecuencias de las medidas de políticas tomadas, analizando sus resultados rigurosamente y alejados de especulaciones espirituales.
En el caso específico que nos ocupa digamos que el incremento de las brechas que la cotización de los dólares financieros que se está verificando con respecto al valor del dólar oficial reconoce causas muy específicas y muy alejadas de cuestiones que deban ser interpretadas con un enfoque filosófico.
Hemos dicho, en anteriores colaboraciones, que el conjunto de medidas económicas implementadas hasta ahora no constituye un Plan Integral de Estabilización Económica sino que se trata de políticas de orden financiero que pretenden generar una licuación de los niveles reales de gasto público y de la cantidad de pesos existentes en la economía.
Al respecto, la prórroga del Presupuesto 2023 implica mantener el nivel nominal de gasto vigente el año pasado para la ejecución de las actividades del 2024.
Con la dinámica inflacionaria que se está registrando, es claro el efecto de licuación que el gasto real sufrirá a lo largo de los primeros meses del año.
Asimismo, la baja de las tasas de interés y la extensión de imposición para los Plazos Fijos ajustados por UVA, así como el mantenimiento de la restricción para acceder al dólar oficial, aún para importadores, cerraron las opciones en las cuales el stock de pesos que posee nuestra economía podía dirigirse para no ser licuado.
Ante este escenario no puede extrañar que los dólares financieros se constituyan en la opción que muchas empresas o particulares eligen para resguardar el poder adquisitivo o para poder continuar importando insumos críticos y mantener las cadenas logísticas en operaciones.
La alternativa del bono que el Gobierno presentó para que los importadores pudieran regularizar sus deudas contraídas durante la anterior administración no ha tenido, hasta hoy, el éxito esperado.
En estas circunstancias muchos de esos importadores recurren a los dólares financieros para poder mantener sus empresas en funcionamiento.
La baja en las brechas que se generó inmediatamente después de la devaluación del peso desde $365 a $800 sólo era viable en el corto plazo.
Pasando al tema de la demora de la "política" en el tratamiento del DNI y el proyecto de Ley Ómnibus digamos que es verdad que sería mucho más productivo que los tiempos fueran cortos y que el tratamiento y aprobación o desaprobación ocurrieran en una ventana temporal mínima.
Sin embargo, sabemos que la dinámica del Poder Legislativo es absolutamente diferente a la que rige al Poder Ejecutivo, que por ello se denomina justamente así.
La dispersión de áreas temáticas que el DNU y el proyecto de Ley Ómnibus abarca conspira contra la celeridad en su tratamiento.
Venimos insistiendo que la prioridad hoy es terminar con la inflación, ese impuesto no legislado que ha transformado a nuestra economía en una eficiente fábrica de pobres.
Hacer foco en lo esencial es prioritario. Normas con semejante nivel de amplitud temática sólo pueden generar demoras en su tratamiento y aprobación, y el problema del manejo de las prioridades y el tiempo puede ser un talón de Aquiles para el logro de los objetivos propuestos por la nueva administración.
Incluir en su articulado temas que van desde un listado de empresas a privatizar hasta la eliminación del rol de los abogados en los divorcios de común acuerdo o el uso de togas y martillo por parte de los jueces, no parece lo más adecuado para hacer foco en la urgencia de su tratamiento.
El gerenciamiento adecuado del tiempo y el manejo de las expectativas constituyen dos elementos esenciales para una gestión económica eficaz, más aún en un contexto de grave crisis como el actual.
Por lo tanto, no cometamos errores del pasado usando la "culpa" como elemento de la discusión política. Esta nueva administración apenas está comenzando su gestión. Hay tiempo para corregir errores y enmendar rumbos.
