Concluida la audiencia pública que ordenó la Corte Suprema por medio del fallo en el que suspendió el aumento inicial de tarifas de gas que dispuso el Gobierno en abril, el Ministerio de Energía y Minería ajusta los detalles del nuevo cuadro tarifario que presentará en los primeros días de octubre. Según explicó el titular de la cartera, Juan José Aranguren, el plan prevé aumentar de los US$ 1,29 que los usuarios pagan en promedio actualmente por el millón de BTU a US$ 6,78 en 2019, un valor cercano a lo que el Ministerio considera que es el precio de paridad de importación. “Es una mejora con respecto a la propuesta inicial, algo mejor, más razonable. Pero lo que no me parece correcto es la definición de que el precio dentro de tres años sea un valor fijo”, opina al respecto Santiago Urbiztondo, economista jefe de FIEL, en diálogo con El Economista. “El riesgo va a ser que ese valor sea muy alto o muy bajo. Subir la tarifa es sólo una parte del desafío, la otra es bajar los costos”, advierte.
En la audiencia pública, el ministro Aranguren presentó la nueva propuesta del Ejecutivo para aumentar las tarifas de gas natural. ¿Qué evaluación hace?
Creo que a partir del fallo de la Corte Suprema hicieron una mejora con respecto a la propuesta inicial, algo mejor, más razonable. Pero lo que no me parece correcto es la definición de que el precio dentro de tres años sea un valor fijo, de US$ 6,78 por millón de BTU. Creo que eso es incorrecto.
¿Por qué?
Porque no creo que sea ese el precio de paridad de importación, sino que hoy se está incluyendo ahí el gasoil, que se utiliza históricamente para generación térmica e industrias para ventanas de tiempo muy pequeñas en invierno donde se usa en ausencia de contratos por falta de gas. Entonces, pasar a toda la demanda un precio de gas que incluye, aunque en un porcentaje pequeño, el gas-oil, es inflar el precio del gas. Pero además, dentro de tres años, no tenemos idea si la paridad de importación va a ser US$ 6,7, US$ 6,3, US$ 5, US$ 4, o US$ 10 por millón de BTU. Eso va a depender de los precios internacionales y van a influir mucho también las decisiones que tome el Gobierno en términos de cómo prepararse para que privados o que el Gobierno puedan importar gas natural licuado (GNL) en ese momento, y no sabemos cuáles van a ser las reglas para la importación de GNL. Si el que importa también es remunerado en su producción local por el precio de importación, el incentivo a reducir el precio de la importación es muy bajo. Entonces, hay que prepararse para que en ese momento los costos sean menores, que el precio de paridad de importación (aunque no sabemos qué va a pasar en el mundo, sea menor porque el costo de traerlo hasta acá sea el más bajo posible). Hay que esforzarse para que no solo el precio vaya para abajo, sino que el costo también vaya para abajo. Esa regla de fijar un valor creo que es incorrecta porque llegado el caso, el riesgo va a ser que ese valor sea muy alto o muy bajo. No es solo subir las tarifas porque hay un déficit inicial sino que subir la tarifa es solo una parte del desafío, la otra es bajar los costos. Creo que no se discutió suficientemente eso. Hay que debatir también si ha habido o no un cambio de reglas que nos permita prever que los costos van a ser más bajos que los que venimos heredando de los últimos años.
¿Con este esquema se corre el riesgo de buscar un precio objetivo que genere en ese momento una nueva distorsión en relación al precio externo?
Claro, yo querría que fuera una regla que dijera que se va a ir de hoy a tres años aproximándose a lo que en cada momento se pueda definir como el valor de la paridad de importación, que sea un objetivo móvil. Eso implicará pasos más cortos o más largos, según se mueva ese objetivo. Pero la regla tiene que estar establecida y hay que especificar qué esfuerzos se van a hacer para que cuando llegue ese momento, las condiciones de competencia sean las máximas posibles. Eso es algo importante que está absolutamente ausente.
Otra de las críticas que se hizo es que se dolarizaron las tarifas.
Por esto mismo, justamente. Si tengo un valor que es móvil y digo hoy que la paridad de importación es US$ 6,78 (que en realidad siquiera es US$ 6,78 sino que puede ser quizás de US$ 6), yo me aproximo a ese valor, pero no estoy dolarizando nada. En seis meses voy a ver dónde está ese valor y voy a aproximarme otro paso más, pero no estoy definiendo nada si es en dólares o no. El parámetro va a ser llegar a ese precio en tres años, no definir cuál es el valor en dólares al que voy a llegar. En cambio, al haber puesto un precio fijo en dólares a futuro, estás dolarizando no las tarifas sino el precio de gas, que es un componente importante de las tarifas, aunque no el único. No me parece una medida correcta y contiene una dolarización del precio del gas que no tiene por qué ser tal. Formalmente, no hay por qué establecer un precio en dólares. Sabemos cuál ese precio y si la regla fuera esa, el precio interno va a ser el que tenga que ser para reflejar la paridad de importación, pero va a ser en pesos.
El proyecto de Presupuesto que envió el Gobierno Nacional al Congreso prevé un dólar promedio a $ 18. ¿Al estar dolarizado ese componente de las tarifas, el valor en pesos no crecería ante esa devaluación?
Sí, eso es matemático. Si el año que viene hay una devaluación, ese precio de la paridad de importación, lo que sea en dólares traducido a pesos va significar un salto.
Además, el proyecto de Presupuesto prevé un recorte de $ 50.000 M en los subsidios energéticos, alrededor de 22% de los que terminaría habiendo este año. ¿En un Presupuesto que no prevé grandes recortes del gasto, este rubro es, de algún modo, la excepción?
Es un ajuste nominal que no es menor. Sea que lo midas en dólares o en pesos reales, es una reducción bastante fuerte. Pero eso no solo va a ser el año que viene sino que ya lo venimos viendo también este año, en el que el Gobierno la única fuente relevante de ahorro fiscal que tuvo fue la reducción de subsidios en los servicios públicos. Si bien en varias áreas han buscado ganar eficiencia o lograr algo más austero, en términos cuantitativos, la reducción de subsidios en los servicios públicos fue lo más relevante, casi lo único más allá del retraso que hubo en los primeros meses por el retraso de obras públicas. No solo no hay una reducción del gasto sino que hay un aumento en cualquier rubro que uno mire, en el empleo público o en la obra pública. Pero no llama la atención que sea así por lo que fueron las declaraciones públicas. Hay un concepto de que no es bueno en este momento hacer un ajuste fiscal.
¿Era la parte del gasto más fácil de reducir, en contraposición a otras como el gasto en personal o la Seguridad Social?
Teniendo un déficit fiscal para el cual el financiamiento era básicamente inflacionario y un nivel de gasto fiscal tan elevado, claramente el candidato más lógico para reducir estaba en los servicios públicos. No solo porque tenía un problema de focalización (que lo tenía y lo tiene de manera grave, con subsidios que reciben quienes no los necesitan y subsidios que no reciben los que sí lo necesitan), sino porque tenés una necesidad de que los precios reflejen los verdaderos costos, para sobre esa base definir a quienes podés asistir, definir si es en una transición o de manera permanente, y de qué forma lo vas a hacer. Es lógico que haya sido el primero, porque es el más notorio, porque tiene problemas de focalización y porque ha generado un desbalance en particular en el sector energético que te lleva a un sobreconsumo y a una subproducción. Las dos cosas tienen que resolverse, no es solo un problema fiscal sino también de recuperar reglas donde el nivel de uso de los servicios sea eficiente, el equipamiento del hogar sea más eficiente y se reflejen los verdaderos costos de las decisiones privadas individuales. Con una transición que refleje la viabilidad y razonabilidad, pero que dirija a abandonar una situación que no existe en ningún lugar del mundo porque no puede ser sostenida.
