En la inauguración de la Expo San Juan Minera quedó bien en claro que no hay consenso en el sector sobre el Régimen para Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI), el capítulo incluido en el proyecto de Ley Bases.
La industria tiene por delante importantes objetivos: materializar los más de U$S 25.000 millones en proyectos, y pasar de más de los 100.000 empleos directos e indirectos para poder llegar a 200.000 personas en los próximos 10 años.
"Apuntamos a triplicar las exportaciones que en el año 2023 hemos exportado por un valor de U$S 4.000 millones para llegar a los U$S 12.000 millones y que podamos ser uno de los complejos exportadores más importantes de nuestra Argentina", dijo Franco Mignacco, Vicepresidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), quien aprovechó el marco de la Expo para referirse a la situación que atraviesa la industria y establecer las prioridades en materia de inversiones y exportaciones.
El directivo de CAEM habló sobre la necesidad de seguir incentivando la exploración para poder extender la vida de las obras realizadas y las que están en marcha.
En ese contexto, Mignacco ratificó el respaldo de las empresas mineras al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) que plantea el gobierno de Milei a través de la Ley Bases y su impacto en la cadena de valor.
"Es imprescindible seguir incentivando la exploración para poder extender la vida de estos proyectos. El fuerte impacto de la merma en el precio no ha detenido las inversiones en el sector pero consideramos que este régimen va a incentivar a que estos proyectos también sigan adelante", aseveró.
En opinión del titular de CAEM, "Argentina ha vulnerado la Ley de Inversiones Mineras, la 24196, en reiteradas oportunidades, lo que ha causado que hoy tengamos un pipeline de proyectos muy buenos en esta nueva etapa de la electromovilidad y la transición energética, pero que no podemos ir hacia adelante porque no tenemos reglas claras".
"Somos uno de los países más caros en la carga fiscal total. Por eso, estamos convencidos que este régimen va a traer mucho más desarrollo, porque tenemos los recursos, hemos realizado los trabajos de exploración y planificación, pero necesitamos dar estas certezas macroeconómicas para que estos proyectos se materialicen", destacó.
Del otro lado de la vereda se escucha la voz de las Pymes y los sindicatos mineros, quienes aseguraron que el RIGI provocará "la caída de las pequeñas y medianas empresas" y que alcanza y sobra con respetar "la Ley de Inversiones Mineras".
Los datos de la CAEM indican que hoy un solo proyecto en etapa de construcción genera más de 790 empresas proveedoras, de las cuales solamente el 10% son empresas extranjeras. El resto son pymes nacionales. Y de cada 100 dólares que eroga una compañía en el país, 80 quedan en Argentina y 20 solamente se van fuera de Argentina.
Bajo este escenario, el RIGI surge como una amenaza para algunos sectores. La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), que lidera Héctor Laplace fue la que se mostró más inflexible en este punto.
El gremialista añadió que "la Argentina necesita respetar la ley, y con la norma de inversiones mineras alcanza y sobra y no se requiere el RIGI en ningún sentido, porque no ofrecerá seguridad jurídica sino solo económica exclusiva para grandes inversores".
En su discurso en la Expo, Laplace señaló que "los trabajadores no tienen demasiado para festejar", y agregó que el personal del sector sufre "la paralización de la obra pública, ya que el 70% de los materiales de tercera categoría están ligados a su ritmo".
"La AOMA nunca puso palos en la rueda para el desarrollo de proyectos mineros. Los Gobiernos y la oposición que están a favor de la inversión externa deben saber que se impone respetar la ley argentina. Es deseable lo primero, pero también los trabajadores quieren tener la posibilidad de continuar creciendo a partir de las Pymes propias, de los proveedores locales y de la industria", concluyó.
