La decisión del Gobierno Nacional, a través de la Resolución 58/2024, de saldar la deuda que mantiene la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) con las empresas generadoras de energía con un bono al año 2038, sigue en el ojo de la tormenta.
El tema no pasó inadvertido durante el VI Foro Nacional de Energía, Libertad & Seguridad Energética de LIDE, celebrado en el Alvear Palace Hotel, organizado por LIDE.
En un panel sobre generación eléctrica, Martín Genesio, presidente y CEO de AES Argentina, se refirió a la medida dispuesta por el actual Ministro de Economía, Luis Caputo.
"Esta semana tuvimos una resolución mediante la cual se decidió no respetar ciertos contratos y proponer un pago de Cammesa tomando una quita. Esa es una señal muy mala y lo digo desde el lugar de una de las pocas multinacionales grandes del sector", cuestionó.
Y reflexionó: "La pregunta era solo una: ¿por qué el gobierno hizo esto? Cuando un contrato no se respeta el impacto es gigantesco, sobre todo cuando el mercado solo se puede desarrollar con inversiones grandes de empresas para las cuales romper un contrato es un hecho grave. En mi opinión personal, romper un contrato es una muy mala señal, claramente".
Por su parte, Fernando Bonnet, CEO de Central Puerto, el principal grupo generador de electricidad del país, afirmó que el planteo del Gobierno "no es una buena señal, más allá de que es una propuesta, pero implica una quita y donde no se analiza ni se distinguen las distintas situaciones de las compañías. Aunque hay soluciones a buscar tratando de entender la situación del Gobierno".
En coincidencia con estas opiniones, sobre la forma de pago de la deuda que mantiene CAMMESA con los generadores, esta semana la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGEERA) expresó su total rechazo a lo dispuesto en la Resolución 58/2024.
En un comunicado que lleva la firma del Ing. Gabriel Baldassarre, presidente de AGEERA, las empresas argumentaron su postura y señalaron que resulta en una afectación de los derechos contractuales de los agentes generadores y una violación a su derecho de propiedad privada.
También advirtieron que la nueva normativa impacta en los compromisos financieros asumidos por algunos generadores con quienes otorgaron financiamiento para desarrollar las inversiones en sus respectivas centrales y además implica una quita adicional en la remuneración de los generadores que venden su energía al mercado spot en pesos, la cual ya se ha visto desvalorizada fuertemente por la elevada inflación de los últimos meses.
"La Resolución afecta en forma directa los programas de operación, mantenimiento e inversión en generación incrementando innecesariamente el riesgo del sistema eléctrico, en particular a las centrales que venden su energía al spot, en pesos y a precios desactualizados, además, resulta una alteración a contratos adjudicados en procesos licitatorios públicos lo que genera un precedente que desalentará nuevas inversiones, como ya sucedió en el pasado", esgrimieron.
