De a poco comienza a normalizarse el suministro de gas en las estaciones de GNC del país. No obstante, a pesar de que el gobierno logró solucionar parcialmente el problema de desabastecimiento, las industrias que tienen contratos interrumpibles no firmes seguirán con cortes intermitentes se supone hasta mediados de junio.
Tampoco se descarta que el escenario de faltante de gas vuelva a ocurrir con la llegada de los primeros fríos del invierno, situación que podría ser mucho más crítica y hasta podría afectar a los hogares.
La demora en la contratación de un buque de GNL de la empresa Petrobras en esta semana produjo un tembladeral en el sector y en el gobierno que duró menos de 24 horas cuando desde Enarsa salieron a aclarar que el despacho estaba garantizado. En el interín el gobierno nacional gastará no menos de U$S 500 millones en la importación de combustibles alternativos para paliar el problema.
Preocupado por las cuentas públicas y por alcanzar el superávit fiscal, el Gobierno llegó tarde y puso en jaque al sistema gasífero, que mostró sus falencias estructurales que vienen de larga data por la falta de inversiones en infraestructura y la necesidad de evacuar todo el gas de Vaca Muerta.
El último gran proyecto fue el primer tramo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner que hoy transporta 11 MMm3/día de gas, pero hubo una importante demora en la construcción de dos plantas compresoras de Tratayén, Salliqueló y Mercedes que permitiría llevar la capacidad instalada a más de 22 MMm3/d. Además resta construir el segundo tramo.
En principio, las plantas compresoras debían estar listas para septiembre del año pasado, pero con las elecciones y cambio de Gobierno mediante, las restricciones para importar impuestas por el gobierno de Alberto Fernández y la falta de presupuesto para la obra pública, todo se demoró y ahora el Estado terminará pagando más caro un insumo que sobra en la Argentina.
Con el problema de fondo aún irresuelto desde el gobierno actual y el anterior se se achacan responsabilidades sobre las cosas que se hicieron tarde y mal.
El Gobierno actual se defiende y asegura que es falso que haya habido falta de previsión y falta de inversiones. "Apenas asumimos los proveedores y constructores nos empezaron a reclamar deudas y trabas de importación que venía del gobierno anterior y por lo cual todo se estaba demorando y pretendían que mágicamente nosotros le pagásemos todos y le liberásemos todas las restricciones de un día para otro. No se puede terminar en 6 meses lo que no resolvieron en 4 años", esgrimieron.
Y hacen referencia a las excepcionales condiciones meteorológicas del mes de mayo que generaron un alto consumo de la demanda prioritaria que se incrementó de 44 millones de m3 a 77 millones m3, y sumado a las demoras en las obras de infraestructura programadas por la administración anterior,
El primero de ellos se trató de un inconveniente técnico en dos plantas compresoras (en las provincias de San Luis y Córdoba) operadas por la empresa Transportadora Gas del Norte (TGN), que generó una reducción en el transporte de 3 millones de m3 por día de gas natural en la ruta de entrega en zonas de Litoral y GBA. Esta situación fue resuelta conforme la información recibida por el ENARGAS.
Contrapunto entre el Gobierno y la oposición
El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, intentó explicar por qué falta gas en el país. "En el Gobierno anterior se negoció una reducción del gas importado justo para el invierno de este año. A fin de resolver esta situación nosotros, acordamos con la brasileña Petrobras una asistencia para agosto y septiembre, y así cubrir esa reducción de volúmenes de gas", sostuvo el funcionario, en su cuenta de la red social X.
El funcionario sostuvo además que "debimos asumir una deuda que dejó el Gobierno anterior con Bolivia por US$ 244 millones por la importación de gas. Los intereses le costaron US$ 21,8 millones a todos los argentinos".
"Es un despropósito afirmar que sea responsabilidad de este Gobierno no contar con la capacidad plena del GPNK" y apuntó "la obra del primer tramo del GPNK y las plantas compresoras Tratayén y Salliqueló debieron haber finalizado en septiembre de 2023", señaló.
Desde la oposición no demoraron en responder. La ex titular de la Secretaría de Minería, Flavia Royón, afirmó que el GPNK está terminado y operativo desde julio 2023 con capacidad de 11 mm3/dia. "Esto posibilita el récord de producción y superávit que hoy festejamos. Para duplicar su capacidad es necesario terminar las plantas compresoras. De hecho la la planta se Tratayén se entregó con 82% de avance y sin deudas", aclaró.
"Estaban prevista para octubre del 2023 pero hubo demoras técnicas y climáticas. Era necesario firmar una adenda que lo debiera haber hecho la actual gestión para continuar la obra y llegar a mayo 24", advirtió en su cuenta de twitter.
A la ola de críticas también se sumó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien bajo el título "Con superávit dibujado y sin gas en el caño", aseguró que la paralización de obras absolutamente complementarias pero imprescindibles al gasoducto Néstor Kirchner (auténtica obra pública estructural) bajo el slogan para redes de no hay plata, revelan la falta de conocimiento o la confusión que hay en torno al concepto de gasto público, sobre todo cuando ese gasto es en realidad una inversión porque permite que el Estado evite gastos mayores posteriores".
Agustín Gerez, ex titular de ENARSA también dio su mirada sobre el tema. "El Gobierno de Milei planificó muy mal el invierno y si no revierte la situación iremos a cortes rotativos en los hogares".
"Con el motivo de mostrar el superávit, uno ficticio, decidieron importar menos cargamentos de gas y acá está una de las consecuencias. Nos llevaron a esta situación de estrés extrema que no se vivía desde el año '84. Hoy los 100 industriales más grandes de Córdoba y Rosario no pudieron abrir sus fábricas ni darles trabajo a sus empleados. Tampoco los taxistas pudieron salir a trabajar para darles de comer a sus familias. Todo es producto de la necesidad de anunciar superávit", remarcó Gerez.
En tanto, Nicolás Malinovsky, director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología (OECYT), criticó al actual secretario de Energía, "quien se ha dedicado a redactar resoluciones, artículos de la Ley de Bases, decretos, entre otros, cuyo único objetivo es el de facilitar que las empresas privadas exploten los recursos energéticos con el objetivo de maximizar sus ganancias. No existe una sola resolución por parte de la secretaria en favor del autoabastecimiento energético nacional que garantice la seguridad energética del conjunto de los argentinos".
Por último, concluyó que en medio de la crisis energética creada por el propio Gobierno, se emite la resolución 465/2024 que plantea la quita de subsidios de luz y gas para el mes de noviembre de este año. "Sumado a los aumentos de tarifas previstos para los próximos meses y las bajas temperaturas que se esperan en este invierno, vendrán facturas abultada muy difíciles de afrontar por parte de la población", añadió.
