Aranguren acercó posiciones con los gobernadores mineros

El ministro de Energía alcanzó un principio de acuerdo con los mandatarios que pusieron reparos al Acuerdo Federal Minero y se aproxima su firma definitiva

06-06-2017
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Tras el desplante de una serie de gobernadores al Gobierno con su negativa a firmar el Acuerdo Federal Minero, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, reunió ayer a los mandatarios provinciales que presentaron objeciones al programa oficial y logró acercar posiciones, aunque todavía no se garantizó su visto bueno al proyecto de convenio. “Hay un principio de acuerdo, no se firmó todavía. Falta afinar el lápiz, ya veremos cuándo se logrará”, dijeron a El Economista desde el gobierno salteño, uno de los más enfrentados con la cartera energética nacional por esta cuestión.

“Creo que se requiere mayor discusión sobre el proyecto, porque hoy Argentina necesita sostener reglas de juego claras para alentar inversiones y en este documento existen puntos que atentan contra eso”, había expresado la semana pasada el gobernador Juan Manuel Urtubey, quien planteó que por ese motivo, Salta no adheriría al acuerdo hasta tanto no se acercaran “más a todas las partes, empresas, cámaras y los gobiernos”.

En ese sentido, luego que el Gobierno Nacional decidiera postergar la firma del acuerdo, prevista inicialmente para ayer, el ministro Aranguren reunió, junto al secretario de Minería, Daniel Meilán, al gobernador de Salta; al de San Juan, Sergio Uñac; de Río Negro, Alberto Weretilneck; y de Catamarca, Lucía Corpacci; para intentar una salida negociada a la cuestión. La reunión, según confiaron fuentes presentes en la reunión, se llevó a cabo en la sede de la cartera energética.

A grandes rasgos, el acercamiento de posiciones implicó en el acuerdo de eliminar una nueva imposición que había planteado el Gobierno Nacional y que consistía en un fondo para el desarrollo minero del 1% sobre el ingreso de las mineras, administraría Nación. En ese sentido, desde una de las provincias participantes aseguraron que la iniciativa nacional iba a contramano de la “seguridad jurídica” que proclama por la administración macrista.

Otro tema importante es que se acordó como porcentaje máximo de regalías en el país, el 3%. Y que cualquier nuevo importe o porcentaje o forma de cálculo que se quiera implementar, se aplicarán para nuevos proyectos solamente, y no para los existentes de antemano.

Finalmente, se ratificó que se mantendrá en el convenio la aplicación de una tasa de 1,5% para la conformación de un fondo provincial para infraestructura minera, aunque su aplicación o no quedará librada a la política que decida cada provincia.

Sobre este punto, el gobernador Urtubey ya había adelantado la semana pasada sus diferencias en el tema y hoy volvió a refrendar la cuestión en la reunión con Aranguren y otros mandatarios, por lo que fuentes de la gobernación aseguran que no se acabará cumpliendo en la provincia.

El acuerdo

De esta manera, la nueva fecha prevista para la firma del documento se pasó al martes próximo, para lo cual se trabajaba en armonizar las agendas del presidente Macri -quien estará acompañado por Aranguren y el secretario de Minería? y los gobernadores de todas las provincias.

La negociación que llevaron adelante el secretario Meilán, y el presidente del Consejo Federal de Minería, Rodolfo Micone, permitirá abordar nuevas pautas de trabajo en temas de desarrollo comunitario, resguardo ambiental, ordenamiento legal, económico, financiero y tributario, según aseguran desde Nación.

De acuerdo al borrador del documento, que se encaminaba a ser aprobado ayer, se propugna “una actividad minera, ejercida de forma responsable y en atención a los principios del desarrollo sustentable, tiene el potencial de contribuir a un país más justo, igualitario y federal, permitiendo a sus habitantes el pleno desarrollo en el lugar en el que han nacido o elegido vivir”, lo que requiere “una Política de Estado Minera para el Siglo XXI”.

Esa orientación deberá contemplar “mayores beneficios para las comunidades” en las zonas mineras, la consolidación de un “sector industrial vigoroso” y “una fuerte cadena de valor” con “altos estándares de gestión y control ambiental”, plantea el convenio.

A partir de estas bases el documento avanza en cinco grandes capítulos referidos a Aspectos Comunitarios y Sociales, Desarrollo Productivo, Gestión Ambiental, Cuestiones Institucionales y Normativas y el controvertido de Aspectos Económicos y Tributarios.

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