Por Carlos Leyba
Hace medio siglo una gran cerealera, Sasetru, una empresa familiar como Vicentin (¿intervenida por el Poder Ejecutivo o en concurso de acreedores?) sucumbió a una crisis financiera por su sobreexpansión y una desmadrada economía que envició el oxígeno con el que respiraban las empresas.
Sasetru tenía una deuda de US$ 1.200 millones, pasivo parecido al de Vicentin. Aunque aquellos dólares tenían mayor capacidad de compra. Al igual que Vicentin, Sasetru se había ramificado en una variedad de actividades. En 1981 la Justicia decretó su quiebra a pedido del Banco Provincia.
El capital acumulado y la organización del capital, es decir la empresa, cuando quiebra, en el mejor de los casos, termina en desguace. El reparto de los restos, si logran ser vendidos antes de ser abandonados, suma peritos y abogados, verdaderos protagonistas de la liquidación, a los acreedores y a los trabajadores que ejercen sus derechos. Los nuevos beneficiarios de la desgracia no son responsables sino actores de una obra escrita por otros. Pero se repartirá menos plata entre más acreedores.
Hoy la situación es horrible. Antes de la pandemia veníamos mal. Nuestro potencial no hemos sabido ponerlo en acto. Nuestro subdesarrollo está ligado a la continuada desorganización del capital derivado de las crisis mal
administradas por el Estado y de su incapacidad para formular programas de aprovechamiento del potencial que, a medida que pasa el tiempo, languidece. En lugar de haber emergido, nos hemos sumergido y las crisis desorganizadoras del capital se repiten antes y después de cada crisis. Hay que evitarlas.
La evidencia de nuestra regresión es que el PIB por habitante de 2020 será igual al de 46 años atrás. Ninguna visión ha sido enteramente ajena al pasado que conforma nuestro presente. Nadie puede tirar la primera piedra. Hay que abandonar el ejercicio de la culpabilización del pasado para pensar el presente y cómo escapar a su maraña.
Vicentin no es hijo de la cuarentena, y su ocaso viene de antes. Es un llamado de atención, porque el paro obligado está dejando un tendal de micro, pequeñas y medianas empresas (tal vez ninguna del tamaño de Vicentin) a punto de morir, con la secuela de desorganización del capital, desempleo, más pobreza y crecimiento potencial del conflicto social. ¿Qué hacer?
El Estado debe garantizar los recursos para que no ocurra la desorganización del capital ni, consecuentemente, la interrupción de la cadena de pagos. Es en definitiva garantizar que el total de los habitantes puedan subvenir a sus necesidades.
El Gobierno ha dispuesto un conjunto de normas que procuran satisfacer ambos objetivos. Pero las disposiciones de subsidio, financiamiento, alivios fiscales y financieros, han sido insuficientes y tardías. La administración, además de las demoras, ha manifestado sorprendentes lagunas en el delivery de esos recursos. Decisiones sucesivas, sin un programa de simultaneidad, están reclamando significativas mejoras en el diseño y la gestión de las políticas.
El Estado, aquí y ahora, debe preparar las condiciones de la economía a fin de que, cuando se abran sectores a la producción o se incremente su nivel de actividad, la colocación de esos productos no se enfrente a la saturación de los mercados, ya debilitados por parte de productos importados, algunos de los cuales han logrado su record histórico de importación en este mes de mayo.
Una suerte de conformismo con el “no se puede” impide mejorar la mirada de la realidad presente y la porvenir. No hay espacio para seguir desde atrás a los acontecimientos cuya gravedad nadie pretende exagerar.
El Gobierno no ha logrado aún proveer los recursos de “tratamiento” económico en la cuarentena, generando un potencial de conflictos a futuro y no ha preparado ninguna estrategia para que la producción, que se ponga en marcha, encuentre un mercado receptivo. Hasta ahora la gestión manifiesta una mirada estrecha y de horizonte extremadamente corto.
Volvamos a Vicentin. La decisión del Gobierno, la primera, aunque a estas horas tal vez va camino de otra amortiguada por la razón tardía, pero en la misma dirección, se explica por la finalidad de evitar que Vicentin sufra el desorden propio de una convocatoria de compleja resolución, profundice el incumplimiento de sus pagos generando o profundizando, el corte de la cadena de pagos en la región. La banca pública no solicitó la quiebra. Más allá de las formas, la decisión política sugiere recuperar el nivel de actividad de la firma y de la cadena que de ella deriva.
Si efectivamente el procedimiento de la intervención del Ejecutivo en etapa concursal es legalmente convalidado, o si el juez se aviene a designar al que
el Ejecutivo le provea, entonces, el Estado, además de la eventual capacidad de capitalización de sus créditos, por la vía que fuera, podrá negociar las principales acreencias impagas en poder de los productores, acopiadores y
proveedores con mayor “generosidad” que lo que haría un privado; y esto es muy importante para la salud de la cadena golpeada por la crisis general.
Es decir, esa intervención podrá, o más bien debería, contribuir a la recomposición de la cadena de pagos en una región del interior agropecuario
El Estado, si actúa de ese modo, no repetiría el error de la quiebra de Sasetru con la correspondiente desorganización del capital.
Supongamos que la administración de los designados por el poder político, sea a través de YPF u otra forma, logran restituir el pleno funcionamiento de la firma habiéndola rescatado de su potencial desorganización.
En ese caso se presenta la pregunta estratégica. ¿Es el tipo de negocios que realiza Vicentin uno que corresponde a las funciones del Estado aquí y ahora; o la lógica, una vez saneada la situación concursal, es convocar al interés privado calificado?
Las voces a favor de la participación del Estado en Vicentin han mencionado, en primer lugar, el tema de la soberanía alimentaria.
Héctor Huergo, especialista en temas agrarios, ha dicho que esa expresión es una “soberana pelo?.”. Repito y suscribo.
La “soberanía alimentaria” es lo que reclaman nuestros países clientes para cuotificar nuestras ventas o entorpecer nuestros mercados. Es algo que nunca debería un funcionario siquiera mencionar para no atraer a las brujas del proteccionismo agrícola de los países ricos contra los que no lo somos.
Crímenes de soberanía han sido, por ejemplo, la entrega de un pedazo del territorio a una sección del Ejército de China Popular a la que ningún dirigente político alude. O a la permanencia en el Ciadi, que es una renuncia mayúscula e innecesaria.
Otro argumento ha sido el de una “empresa testigo” o marcar el ritmo del ingreso de dólares de las exportaciones. No hay mejor testigo, para la honesta marcha de los negocios, que funcionarios públicos capaces, honestos, coordinados y controlados ?las cuatro cosas- en la DGI, Aduana,
Comercio y BCRA. Si los tenemos no se necesitan “testigos”. Y si no podemos tenerlos, los “testigos” no sirven de nada.
El tercer argumento a favor de la estatización definitiva, no el tránsito de rescate, es hacer una superempresa, con YPF Agro más Vicentin, capaz de constituirse en una herramienta transformadora del agro. Una idea destinada a la confusión.
Primero pongamos en el ministerio a alguien que ponga en marcha una política, dotémoslo de instrumentos de coordinación y control del Banco Nación y el INTA, movilicemos esa masa enorme de recursos económicos y humanos y pongamos ideas en marcha. Usemos los millones de dólares que
nos han dado como crédito los bancos multilaterales para la enorme cantidad de proyectos que duermen el sueño de lo inútil. No hace falta tener una “empresa industrial y comercializadora” para eso.
Este Gobierno dice inspirarse en el pensamiento de Juan Perón. Cuando fue presidente por tercera vez, hizo el Plan Soja y trajo la semilla de Estados Unidos en aviones de la Fuerza Aérea y estimuló la siembra pagando “precio lleno” en Rosario cualquiera fuera el punto de origen. Hizo el “programa de expansión de la frontera agropecuaria” (Plan Trienal) cuando todavía la argentina agrícola no iba mucho más allá de la Pampa Húmeda y sus fronteras aledañas. Un Gobierno que no llegó a un año y medio y que los primeros meses sufrió las interferencias de Héctor Cámpora, que inspira a muchos funcionarios actuales, hasta que fue eyectado por el mismísimo Perón. ¿Existen los fantasmas?
La designación de Gabriel Delgado, su recuperación para ser protagonista, es un acierto. Cualidades intelectuales y morales de un funcionario de carrera en el área agraria y respetado por el sector aumentan la posibilidad de crecer. La mejor decisión de Alberto Fernández, si quiere potenciar al agro argentino, imprescindible para escapar de la pandemia y abrir un futuro exportador, sería designar a Delgado para diseñar y ejecutar una política, que no existe, para el sector, lo que exige coordinar el Banco Nación, el INTA, el SENASA y el ministerio. La inteligencia descoordinada no funciona.
Evitar la desorganización del capital de Vicentin es una prioridad. Pero tenemos que concentrar al Estado en las políticas públicas y no en la reinvención de empresas privadas.
Necesitamos como nunca un Estado animador, promotor, socio de la transformación, y no a sus mejores hombres enterrados en las cuestiones de la burocracia así sea empresaria.
INVAP, la empresa de mayor nivel tecnológico del país, con probada capacidad exportadora, es estatal. En ella “la coyuntura política” no ha interferido su visión de largo plazo. Un Estado comprometido con aquello que difícilmente pueda desarrollar per se el capital privado nacional, también es necesario y posible. No es el caso de una cerealera en lo que hay
más de siglo largo de experiencia.
Gobernar es pensar el futuro. No es el minimalismo de resolver los problemas, que es administrar, por ejemplo, Vicentin. Se trata de evitar los problemas: las políticas públicas pensadas. La triple P que pocas veces hicimos. No pensamos y, si no lo hacemos, las políticas dejan de ser de beneficio público y tornan en usufructo privado.
