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Trabajo independiente

Cerca del 75% opera en la informalidad.

Jorge Colina 03 mayo de 2016

Un informe de la consultora IDESA revela que uno de cada cuatro empleados argentinos tiene un empleo no asalariado y señala la necesidad de generar políticas públicas para ese sector “altamente discriminado por malas regulaciones que los asumen como si fueran titulares de grandes corporaciones en lugar de considerarlos como lo que son: simples trabajadores”. Con ocasión del Día del Trabajador, la consultora encabezada por Jorge Colina señaló que suele pasarse por alto que los trabajadores independientes no cuentan con las protecciones de la legislación laboral.

Según los datos oficiales del INDEC correspondientes a la población urbana de todo el país para el año 2014, en Argentina hay 15,7 millones de ocupados urbanos. De ellos 11,8 millones son trabajadores asalariados ?“con empleadores a quienes exigirles su derechos”? y 3,9 millones son no asalariados, es decir, sin empleadores. La gran mayoría (3,2 millones) son cuentapropistas acompañados por otros 100.000 familiares que en las estadísticas aparecen como “trabajadores sin salario”. Otros 600.000 son patrones o empleadores que en su mayoría son pequeños emprendedores con remuneraciones no muy diferentes a las que pagan a sus propios empleados. “Obviamente que no tiene lógica pretender proteger a estos trabajadores con la legislación laboral, pero, para ser coherente con la reivindicación de la justicia social, las políticas públicas al menos no los deberían discriminar. Por ejemplo, desde el año 2013 no se actualizan los parámetros del monotributo, haciendo más restrictivo este mecanismo especial de tributación de los trabajadores independientes de más bajos ingresos. Los de ingresos más altos deben tributar IVA, aportes previsionales y ganancias con deducibles muy inferiores al de los asalariados. Por eso, a iguales remuneraciones, los autónomos pagan mucho más Impuesto a las Ganancias que los asalariados. Las provincias les suman el Impuesto a los Ingresos Brutos y los municipios las tasas de comercio e industria, además de una pesada burocracia para la habilitación. Estas condiciones no sorprende que la gran mayoría (se estima en el 75%) opere en la informalidad”, concluye el informe.

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