Por Héctor Rubini Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la USAL
Uno de los síntomas típicos de las recesiones son las restricciones de liquidez. Individuos y empresas enfrentan problemas para afrontar sus planes de gastos por el descenso de sus ingresos, y forzosamente aumenta el incumplimiento de los deudores. Obtener créditos se torna más dificultoso, y las tasas de interés “pagables” desaparecen. Después de una crisis cambiaria y con inflación, la presión puede ser doble: aumentan los costos y caen los ingresos. Si los deudores pierden ingresos de manera permanente (caída de demanda en el caso de las empresas, pérdida de empleo en el caso de los trabajadores), se torna más difícil cumplir con los pagos de los vencimientos de la deuda en tiempo y forma.
Cuando la morosidad aumenta, naturalmente es menor el incentivo a prestar, y las entidades financieras se tornan más selectivas. Es ahí cuando en casos de agudas recesiones y crisis de liquidez un nutrido cuerpo de literatura justifica la asistencia del Estado bajo diversas formas: inducir baja de tasas de interés con operaciones de mercado abierto, controles de tasas de interés, emisionismo monetario o creación de entes estatales para proveer crédito de manera menos restrictiva y a tasas de interés inferiores a las de mercado. Las formas son conocidas: creación de bancos de fomento o desarrollo, como entidades “de segundo piso” para financiar grandes proyectos, bancos comerciales o universales estatales, fideicomisos de crédito o análogos estatales o mixtos.
La experiencia en Argentina es bastante larga en el tema, y el Siglo XX mostró una rápida expansión de la banca pública especialmente a partir de los dos gobiernos de Perón, en que además se incorporó la nacionalización de los depósitos vía el encaje legal del 100%. Con reformas y variantes, el sistema financiero mixto, con entidades privadas y públicas creció, pero en el caso de la banca estatal provincial la orientación de los créditos en base a criterios políticos y clientelísticos condujo a la virtual quiebra de la mayoría de esas entidades. Las privatizaciones de los '90 fueron muy polémicas, pero en la gran mayoría de los casos las entidades estaban quebradas, con patrimonio neto negativo.
Al cabo de casi un cuarto de siglo, nos encontramos en esta semana con dos proyectos provinciales de ley para crear nuevos bancos provinciales. El gobierno de la provincia de Santa Fe ha elevado a la legislatura provincial un proyecto para crear un banco provincial de desarrollo, un fondo estatal de garantías, y un fideicomiso de crédito. La experiencia del anterior Banco Provincial de Inversión y Desarrollo no ha sido tan polémica como la del Banco de la Provincia de Santa Fe. Pero tampoco fue un agente decisivo que resolviera los problemas de escasez y racionamiento de crédito que no han sido nunca diferentes a los de otras provincias.
La idea no sólo está en la conducción política de esta provincia. El Gobierno de Mendoza viene analizando desde el año pasado varias opciones para volver a contar con un banco mixto.
Las idas y vueltas en un año electoral pueden conducir a cambios de ideas, pero también a acelerar los pasos hacia proyectos sin el debido análisis previos. El caso argentino ha sido paradigmático en la materia: el sistema de bancos provinciales en general ha sido un fracaso. Las entidades en general terminaron siendo entes subordinados a los dictados y prioridades del gobernador de turno, y los criterios de otorgamiento de crédito no estaban libres de diversas formas de favoritismo y discrecionalidad. El común denominador de la mayoría de los casos: la falta de transparencia y la falta de auditorías rigurosas. Resultado: vaciamiento de las entidades, y sospechas posteriores también sobre la justificación y procedimientos para su privatización. Y las pérdidas del banco, a ser cubiertas por toda la población con mayores impuestos. Nada nuevo bajo el sol.
La escasez de crédito y de acceso al mismo es un problema universal, y que se presenta hasta en los países industrializados. Sin embargo, como en otras tantas actividades, no siempre la intervención estatal es solución. De hecho, no es función inherente a un Estado ser intermediario financiero. Y si el objetivo es asumir una cartera creciente de préstamos morosos e incobrables por otorgar créditos a proyectos riesgosos o a tasas permanentemente subsidiadas, es claro que el prestamista estatal incurrirá en pérdidas permanentes. ¿Cómo financiarlo? Vía endeudamiento del gobierno provincial, suba de impuestos, o ambas alternativas. Palabras más o menos, se termina en ese final, que en caso de inviabilidad del banco estatal conduce a alguna administración a asumir la tarea de cerrarlo o privatizarlo.
La experiencia argentina, al menos, indica que sin las restricciones e incentivos de una empresa privada, no hay garantías de éxito. Ciertamente, habrá que leer pormenorizadamente proyectos como los que aquí se comentan, pero no hay en realidad evidencia concluyente ni convincente a favor de la expansión de bancos estatales como creadores eficientes de liquidez. Es una actividad riesgosa, y sin criterios de costo-eficiencia como cualquier otra empresa privada, puede terminar siendo lo que han sido en no pocas provincias: una mezcla explosiva de focos de corrupción y prácticas delictivas cuyos costos termina pagando toda la población con mayores impuestos para sostener entidades inviables. Un riesgo bastante alto, especialmente en el caso de gobiernos provinciales que de manera poco prudente hasta han optado por financiarse emitiendo deuda en el exterior.
