Por Héctor Rubini (*)
La Com. “A” 7305 emitida el 11 de junio por el BCRA sigue levantando polvareda. Con esa regulación, vigente desde el pasado jueves, la autoridad monetaria modificó los plazos para acreditar el cobro por consumos canceladas con tarjetas de débito y crédito en la cuenta de un proveedor o comercio.
El plazo entre el pago con tarjetas y su percepción fue acortado de 10 a 8 días para proveedores o comerciantes que sean pequeñas y microempresas y personas físicas, lo mantuvo en 10 días para empresas medianas y de “servicios de alojamiento, turismo, gastronomía y salud” y lo extendió de 10 a 18 días en los demás casos.
La norma otorga más liquidez a las pymes, pero alarga el plazo de acreditación para las firmas grandes, afectando a la liquidez de entidades financiera y de los proveedores de servicios de procesamiento de pagos con plataformas digitales o electrónicas (básicamente), que intermedian entre los comercios y los emisores de tarjetas de débito y de crédito. La norma prohíbe el cobro de intereses o comisiones vinculados a los plazos de liquidación.
El BCRA, a su vez, anunció el jueves un acuerdo con las entidades bancarias por el cual se acorta de dos a un día hábil el plazo para depositar a los comercios los fondos por ventas pagadas con tarjetas de débito. El objetivo es el de otorgar mayor flexibilidad financiera (algo tardía en varios sectores de servicios) a las empresas de menor escala.
Las fintech, al no ser bancos, no tienen restricción alguna para aumentar comisiones ante este cambio que les extiende en 8 días los plazos para cobrar vía tarjeta de crédito y se los acorta para liquidar pagos clientes individuales, y micro y pequeñas empresas. La pérdida de flexibilidad financiera de las fintech por esta mecánica va a ser compensada con aumentos de comisiones.
Mercado Pago, por caso, ya anunció a sus clientes que así lo hará a partir del próximo 9 de julio. Por lo pronto la actitud del BCRA no es tan complaciente como en el período 2016-19 y las recientes reformas regulatorias no han caído nada bien en el sector fintech.Un informe del BCRA del año pasado puso bajo la lupa a varias fintech por cobrar tasas abusivas. Es entendible la intención del BCRA de emparejar las reglas de juego y proteger, al menos tentativamente, a los consumidores de servicios financieros online. También es entendible la renuencia de las fintech a ser reguladas en sus primeras etapas de desarrollo.
Podrían interpretarlo como una revancha del sistema bancario tradicional, cuya rentabilidad se vería amenazada por la operatoria de las fintech.
Pero también es cierto que el BCRA seguirá adelante con el proyecto “Transferencias 3.0” para centralizar en la red Coelsa los pagos electrónicos por parte de bancos, redes para pagos con tarjeta de crédito y débito, los pagos vía QR y otros sistemas, y reducir las comisiones por las transferencias.
Esto va a seguir generando roces, pero es inevitable que el BCRA regule una actividad que pareciera tener economías de escala, de diversificación y de aglomeración. Según estimaciones privadas, Mercado Pago concentraría hoy algo más del 60% de las transacciones con dispositivos mPos y el 90% de los pagos con códigos QR.
Criptoactivos y monedas digitales en el mundo
Por otro lado, y no sólo en nuestro país, es más que evidente el rechazo de la mayoría de los gobiernos y de sus bancos centrales al minado y uso de criptoactivos. En varios países se viene observando una progresiva regulación de todas las transacciones por la vía digital.
Las principales justificaciones son: a) la prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo y de otras actividades criminales, b) cerrar vías para la evasión/elusión de impuestos, c) la defensa de los derechos de los consumidores de servicios financieros, d) la defensa de la competencia y de lealtad comercial mínima entre intermediarios financieros tradicionales y por plataformas digitales, y e) en el caso de las prohibiciones, la preocupación por reducir al máximo el consumo de energía para el minado de criptoactivos.
Pero también es cierto que ningún banco central va a renunciar al monopolio de la emisión de dinero.
La volatilidad de las cotizaciones de Bitcoin y de otros criptoactivos torna difícil que logren competir en pie de igualdad con las monedas emitida por los gobiernos, pero estos han reaccionado. En algunos casos con acciones concretas para erradicar el uso de las criptomonedas, pero sin un enfoque único.
En 2020, el Banco Central de Rusia permitió sólo valores digitales (tokens) en cadenas de bloques registradas y supervisadas por la autoridad monetaria.
A su vez el Banco Popular de China (el banco central) que junto a los cuatro mayores bancos estatales han prohibido el uso de cuentas en criptoactivos y en las últimas dos semanas han incrementado el rigor regulatorio, para erradicar el minado con Bitcoin y otros cripto activos.
En los últimos días también han endurecido sus regulaciones los bancos centrales de Turquía y de Indonesia.
Una llamativa excepción es la India, donde el año pasado la Corte Suprema falló en contra del intento del Banco de la Reserva de la India de prohibir los criptoactivos. Los bancos privados insisten en bloquearlos, pero la autoridad nacional para el sistema de pagos no ha tomado ninguna decisión, salvo la de recomendar a las entidades que hagan lo que les recomienden sus propios departamentos de compliance.
Pero antes llegaron las monedas digitales estatales: el “Petro” venezolano de 2018, y el año pasado el “Sand Dollar” de Bahamas y la plataforma oficial blockchain “Bakong” de Camboya.
China inició en 2014 los estudios de un e-yuan, y espera emitirlo a principios del año próximo. También en 2022 el Banco Central de Brasil lanzaría el real digital.
Otros que están con proyectos en marcha son Rusia, Inglaterra, Sudáfrica, Corea del Sur, Kenia y Hong Kong. En 2020 Suecia inició la prueba piloto de su e-corona y Francia la del futuro e-euro. Este año lo está haciendo el Banco de Japón y la Reserva Federal de EE.UU.
A fines de 2021 haría lo propio el banco central de Nigeria y en 2022 el de Tailandia. La Autoridad Monetaria de Singapur llamó a un concurso mundial para presentar hasta el 23 de julio próximo propuestas sobre 12 aspectos críticos para implementar una moneda digital.
En todos los casos el objetivo aparente es el de crear las condiciones para crear un entorno favorable para el desarrollo y uso de herramientas financieras digitales abiertas, rápidas, seguras, transparentes y de bajo costo. Algo que en nuestro país exigirá una fuerte baja de comisiones tanto en la banca tradicional como en las fintech.
Proveer servicios eficientes, y en particular crédito y medios de pago, requiere mercados abiertos y competitivos, con bajos costos impositivos, regulatorios y de transacción. Y el diseño de nuevas regulaciones para el uso de plataformas digitales debería preservar la estabilidad monetaria, reglas de juego claras y estables para el mercado de crédito, y la provisión de medios de pago, y liquidación de transacciones digitales a bajo costo. De lo contrario, la estabilidad de precios y la inclusión financiera para la pospandemia serán una realidad en otros países, no en el nuestro.
(*) Economista de la Universidad del Salvador (USAL)
