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Ordenando el Estado se elimina el déficit fiscal
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Ordenando el Estado se elimina el déficit fiscal

En 2022, lo que el Estado asignó a los "programas nacionales" en funciones provinciales fue 2,5% del PIB (mismo monto que el déficit fiscal).

Jorge Colina 09 mayo de 2023

En Argentina hay una profunda equivocación. Se cree que los servicios sociales de salud, educación, vivienda, urbanismo, asistencia social, están "descentralizados" en las provincias, como si las provincias fueran unidades administrativas del Estado nacional. Lo más paradójico es que es una visión instalada no sólo entre los porteños sino también entre las provincias. 

De aquí se deriva el otro error. Se considera que un gobierno nacional es "federal" cuando ayuda a las provincias en el financiamiento y la co-gestión de los servicios sociales "descentralizados". 

Entonces, se multiplican los "programas nacionales" desde donde -con mucha burocracia y discrecionalidad en la asignación de las ayudas­­- el gobierno central de turno muestra su "federalismo".

En rigor, en el federalismo argentino, el financiamiento y la gestión de los servicios sociales no están "descentralizadas". Estas responsabilidades siempre pertenecieron a las provincias. Nunca fueron órbita del Estado nacional. 

Esto es así porque el artículo 121° de la Constitución Nacional dice que las funciones no transferidas expresamente por las provincias al Estado nacional, pertenecen a las provincias. Como las provincias no transfirieron al Estado nacional los servicios de educación, salud, vivienda, urbanismo y desarrollo social, son todos provinciales.

Es más, en el caso del arreglo municipal (vivienda y urbanismo) y la educación básica, el artículo 5° de la Constitución nacional dice que las provincias se los reservan para sí. O sea que expresamente están no transferidos.

Ojo. Esto fue escrito en 1853, antes que se conformara las República Argentina, por lo tanto, antes que se creara el Estado nacional. Hay que tener presente que el Estado nacional es hijo de las provincias, y no al revés, porque las provincias son predecesoras del Estado nacional. Por eso es que las provincias transfieren funciones al Estado nacional y lo que no transfieren permanece en las provincias.

También hay que aclarar que estos dos artículos no fueron modificados en 1861 cuando dos prominentes unitarios -Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento- corrigieron la Constitución de 1853 como condición a la entrada de la provincia de Buenos Aires a lo que entonces era la Confederación Argentina. Tampoco fueron tocados en la reforma constitucional de 1996. 

La histórica confusión que reina en la Argentina respecto al federalismo se debe a que cuando nació era "Buenos Aires y los 13 ranchos" y los "ranchos" no cumplían con su responsabilidad constitucional de gestionar los servicios sociales. 

De aquí entonces que Sarmiento, desde el Estado nacional, a partir de 1880, se pone a crear y gestionar escuelas en las provincias. Sin que las provincias le hayan transferido dicha función. Fue por la fuerza ­-como propugnaba Sarmiento- cuando no cabía la razón. 

Luego el gran Dr. Ramón Carrillo hizo lo propio con los hospitales públicos. Como las provincias tenían descuidada la salud pública, él se propuso armar desde el Estado nacional, en 1950, con Juan Domingo Perón, un sistema público único y universal de salud. Por aquellos mismos tiempos, Evita se propuso hacer, desde el Estado nacional, lo propio con la asistencia social, repartiendo vivienda, colchones, frazadas y dinero a los pobres.

A partir de la década de 1970, cuando las provincias ya no eran "ranchos", sino que tenían sus propias escuelas provinciales, centros de salud provinciales, institutos de vivienda provinciales, secretarías de bienestar social provinciales, sucesivos gobiernos nacionales le fueron transfiriendo a las provincias estos servicios sociales, montados por el Estado nacional cuando eran "ranchos". Es claro que no fue una "descentralización". Fue una "devolución".

A partir de la década de 1990, el Estado nacional entra en una contradicción. Habiéndole devuelto los servicios sociales a las provincias, porque dejaron de ser los "13 ranchos", se pone a armar los "programas nacionales" en funciones sociales para ayudar a las provincias como si fueran los "13 ranchos". Práctica que continúa hasta hoy.

Los "programas nacionales" en funciones provinciales hicieron y hacen un tremendo daño a la Argentina. Porque hoy hay un profundo deterioro social, con la mayoría de los niños y jóvenes sufriendo severos déficits de aprendizajes, con tasas  de mortalidad infantil en las provincias que llegan a los 2 dígitos, con malísimas condiciones de vivienda y urbanismo, y millones de gente pobre viviendo de la dádiva asistencialista.

¿De quién es la responsabilidad? ¿Del Estado nacional que falló con sus "programas nacionales"? ¿De las provincias y sus municipios que fallaron en la gestión de los servicios sociales? No se sabe. Todos hicieron de todo y el fracaso se produjo. 

Ordenando el Estado se elimina el déficit fiscal

En el 2022, el Estado nacional terminó con un déficit primario de 2% del PIB.

En el 2022, lo que el Estado nacional asignó a los "programas nacionales" en funciones provinciales fue de 2,5% del PIB.

O sea, eliminando las acciones que el Estado no tiene que hacer en las provincias y sus municipios, el Estado nacional podría eliminar el déficit fiscal.

Para terminar hay que aclarar algo. Cerrar los programas nacionales en áreas sociales no implica aumentar el gasto de las provincias. En muchos casos implicará dejar de comprar libros que terminan en un galpón, construir o expandir escuelas u hospitales que las provincias no pueden ni quieren ponerle docentes o médicos y enfermeras, comprar medicamentos que se vencen antes de que se usen o que las propias provincias ya compran, construir una rotonda en un pueblo donde lo que se necesita es asfaltar otras calles, etcétera.

Este tipo de acciones son anunciadas desde el gobierno nacional como ayudas frente a las carencias provinciales y municipales. Pero la mayoría de las veces implican derroches de recursos públicos nacionales que entorpecen la gestión y sólo sirven a los gobiernos locales para usarlos como excusa ante los malos resultados.

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